Edición Anterior: 12 de Octubre de 2018
Edición impresa // La Ciudad
La seguridad en Sierra Chica fue el tema de dos de las propuestas aprobadas
HCD: Tras aprobar obras por 10 millones, se discutieron las compensaciones en el gas
Los cruces más fuertes se dieron en torno a la política por los costos de los servicios públicos. Se aprobaron los convenios del Municipio para entubar un canal y ampliar un conducto pluvial, aunque hubo críticas al Ejecutivo. Los concejales reiteraron el pedido para que Sierra Chica tenga una subcomisaría.
Extensos debates, algunos fuertes cruces y proyectos locales importantes dejó la sesión del Concejo Deliberante de ayer en el Centro de Jubilados de Sierra Chica. Numerosos vecinos se acercaron a presenciar la sesión que tuvo más de 30 proyectos en tratamiento.

Las propuestas vinculadas a la localidad sede de la jornada tuvieron amplio protagonismo, especialmente las vinculadas a seguridad y se aprobaron dos convenios del Municipio para hacer obras por poco más de 10 millones de pesos en distintos barrios de Olavarría con alcance a unos mil vecinos.

Además, se discutieron las compensaciones para las empresas distribuidoras de gas donde las bancadas opositoras reprocharon las medidas del Gobierno Nacional, mientras que el oficialismo defendió esas decisiones y cuestionó a la gestión anterior.

Seguridad

Se trataron anoche ocho proyectos que tuvieron relación directa con la actualidad y las instituciones de Sierra Chica, todas se aprobaron por unanimidad. Se destacaron los presentados por Cuidemos Olavarría y el Frente Renovador en referencia a la seguridad, y fundamentalmente, en torno a lo sucedido hace dos semanas cuando un grupo de vecinos se manifestó con cortes de calles a lo largo de tres días para pedir la detención de un adolescente acusado de diversos delitos y daños.

La propuesta del eseverrismo fue para pedir la rejerarquización del destacamento policial, a fin de que pase a considerarse subcomisaría. Se recordaron iniciativas impulsadas en 2010 y 2016 en ese mismo sentido, con base en solicitudes de los vecinos, y la información que había dado el actual subsecretario de Seguridad municipal, Daniel Borra, hace dos años cuando comunicó que el Municipio presentó formalmente el trámite en el Ministerio de Seguridad provincial tras lo cual el intendente Galli dialogó sobre el tema con el ministro Cristian Ritondo. "No sabemos en qué quedó ese pedido" dijo Einar Iguerategui para destacar que un cambio de jerarquía implicaría más personal, móviles y recursos para atender a la localidad.

En el caso del FR, se solicitó al Ejecutivo implementar medidas de prevención contra la inseguridad. Aquí el concejal Marcelo Latorre, planteó el crecimiento de la localidad (46% entre los censos de 2001 y 2010) y que el destacamento, creado en 1937, cuenta hoy con 17 efectivos, aunque hay personal con licencias, a quienes se suman 3 policías locales. Consideró que dadas las características de la localidad -las 3 cárceles y el alto tránsito de población que conllevan- requiere más personal. Estos argumentos fueron apoyados por el presidente del bloque Cambiemos, Alejandro Gregorini, quien adelantó que apoyarían el pedido.

Por otra parte, se aprobó la resolución para declarar de interés legislativo y cultural el proyecto "Tras las Huellas de San Martín", realizado por docentes del Jardín Nº 906; así como se declararon de interés legislativo las actividades que se realizan en el CAJ y el proyecto de "plogging" que realizan alumnos de 3° año de la Escuela Secundaria Nº 17.

También se aprobaron pedidos para realizar mantenimiento y mejoras en las plazas La Techa y Belgrano, y en las calles Vezza D´Oglio y Los Fundadores y en la calle de acceso al parque La Hormiga.

Obras

Los concejales convalidaron los convenios del Municipio con el Ministerio de Infraestructura de la provincia para realizar dos obras. Se trata del entubamiento de canal frente a La Máxima que, tal como describió el concejal José Luis Arguiñena (Cambiemos) se concretará con 2 líneas de tubos de 300 metros de largo. La obra costará 7,3 millones de pesos y tiene un plazo de 100 días.

Por otro lado, se detalló la obra de ampliación del conducto pluvial del barrio Pickelado que se realizará entre las calles Bolívar y San Martín de Larralde a Orzali. Se invertirán 2,9 millones de pesos y el plazo de la obra es de 4 meses.

Margarita Arregui (Cuidemos Olavarría) adelantó que votaría a favor de ambas iniciativas aunque cuestionó, entre distintos aspectos, que "los fondos que tendrían que ser para obras públicas del Municipio se van a gastos corrientes" y definió que "Galli es un comisionista de Vidal, lo único que hace es obtener recursos".

Gas

Uno de los debates más fuertes y de mayor extension de la sesión fue una resolución de Cuidemos Olavarría y Bloque De los Trabajadores en rechazo a la medida de la Secretaría de Energía, en torno al cobro extra en 24 cuotas a partir de 2019 la diferencia del precio del gas registrada entre abril y septiembre de 2018 generada por la devaluación. La disposición dio marcha atrás el miércoles, pero el debate se sostuvo igualmente. La propuesta se modificó a "acompañar la decisión del Senado de la Nación" de ayer y solicitar al Gobierno que se abstenga de trasladar costos a ciudadanos.

En principio, el concejal Juan Sánchez leyó un comunicado que firmaron 35 gremios locales rechazando la resolución del gobierno nacional bajo el título "la compensación de gas es ilegal". "Esta medida provocaba un perjuicio directo en el patrimonio y en el bolsillo de todos los trabajadores y consumidores de este servicio básico e imprescindible para el desarrollo humano" expresaron los firmantes.

Por su lado, la concejal oficialista Carolina Espinosa rescató que la medida cumplía con disposiciones que datan de 1992, "el Estado está obligado a cumplir los convenios" dijo, y destacó que se dejó de lado porque "todas las voces son escuchadas".

Federico Aguilera (Unidad Ciudadana) se quejó de "es una estrategia del Gobierno de lanzar públicamente medidas y ver cómo reacciona la población y la oposición". "No es equitativo que las empresas siempre sean beneficiadas y los trabajadores siempre tengan que pagar" planteó el kirchnerista y acusó al Gobierno de no tener "sensibilidad social". La respuesta fue de Gregorini quien cuestionó los subsidios de la gestión anterior y la importación, al decir que "desde 2008, recién este año se exporta. Antes se pagaban 16 dólares el BTU de gas importado, ahora se paga en boca de pozo 3,6 dólares de BTU". Aguilera volvió a pedir la palabra: "la diferencia era que antes el estado beneficiaba y compensaba a los trabajadores, ahora subsidia las empresas" replicó.

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