Edición Anterior: 13 de Noviembre de 2018
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Hoy declaran testigos ofrecidos por la defensa del ingeniero Sierra
Continúa el juicio por la tragedia causada por un limitador de altura
Daniel Puertas

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A partir de las 9 de hoy se reanudará en el Juzgado Correccional el juicio oral y público por la tragedia causada por la caída del limitador de altura de hormigón que se había colocado sobre el puente de la avenida Sarmiento para evitar el paso de vehículos de gran porte que afectaran la estructura que había comenzado a evidenciar problemas.

Seguirá el desfile de testigos, ahora los ofrecidos por la defensa del ingeniero Rubén Darío Sierra, el único imputado. Sierra debe responder a las acusaciones de homicidio culposo y lesiones graves culposas, ya que en ese accidente murió un joven de 22 años, Gastón Corn, y sufrió heridas graves Ignacio Hourcade, conductor de la camioneta Ford 350 que chocó contra el limitador, que fue derribado y cayó sobre la cabina del vehículo.

Esto ocurrió el 31 de julio de 2012.

La semana pasada se realizó la primera audiencia de debate, en la que a lo largo de siete horas declararon testigos presentados por la fiscal María Paula Serrano. La jueza es la doctora María Cecilia Desiata y el abogado defensor Gabriel Di Giulio.

Entre ellos hubo varios ingenieros, los que se refirieron a toda clase de aspectos técnicos que servirán para determinar las causas de la tragedia y distribuir las responsabilidades.

El ingeniero Sierra, empleado de la Municipalidad, fue imputado en su momento por el fiscal Martín Pizzolo debido a que se le había encomendado las negociaciones con la firma Astori, fabricante de premoldeados que le vendió al Municipio el bloque de hormigón que reemplazó a los limitadores anteriores de metal.

También era el responsable de los controles de la ejecución de la obra, en lo que coincidieron todos los testigos, incluyendo a quien era en ese momento la responsable del área de obras públicas, la actual concejal Margarita Arregui, y el superior de Sierra en la Municipalidad, el arquitecto Fabián Rubare.

En el pedido de elevación a juicio el juez de Garantías Carlos Villamarín había planteado que "lo que debe discutirse y a modo de infracción penal, es si desde las oficinas públicas (después se analizará a quién le ocupa la responsabilidad) se contó con la posibilidad de evitar las consecuencias posibles de la instalación de una estructura de la entidad que se instaló".

El debate público que se dio en la ciudad después de la tragedia giró en buena medida precisamente alrededor de ese punto. Como planteó uno de los ingenieros que prestó declaración en la primera jornada del juicio, si ya habían chocado el limitador varias veces nada podía hacer pensar que no iban a hacerlo otros vehículos.

Y alguien podría haberse representado la posibilidad de que el impacto derribara el pesado bloque de hormigón, como finalmente ocurrió.

Algunos profesionales plantearon en la primera audiencia la hipótesis de que fue el anclaje, es decir las tuercas, arandelas y varillas roscadas que debían mantener al limitador fijado a sus columnas. Y algunas preguntas de la fiscal apuntaron a la posibilidad de que ese anclaje hubiera quedado resentido después de haber sido chocado por un camión de gran porte, pocos días antes de ese fatídico 31 de julio.

Seis años atrás, apenas ocurrido el accidente, se habló mucho de las responsabilidades que podían caberle al gobierno municipal e incluso se interpeló al intendente José Eseverri.

Otro fragmento de la resolución del juez Villamarín es ilustrativa sobre ese punto: "nadie duda del fin responsable con el cual se dispuso el limitador de altura, pero lo cierto es que ya desde la propia oficina de Arquitectura de la comuna se venía advirtiendo que, más allá de la cartelería dispuesta y de la información pública de existencia, los limitadores metálicos venían siendo impactados (...) lo discutido resulta ser su implementación, y ello en razón de la evaluación de sus riegos potenciales y con el fin de evitar consecuencias de daño. (...) ¿Existía la posibilidad cierta de que ello no ocurriera pese a una estructura de hormigón?, y de resultar ello así, ¿se evaluaron sus riesgos?".

En la primera jornada se puso sobre el tapete el principio de deletabilidad, es decir, el asegurarse que el elemento que se va a introducir en la circulación vehicular no suponga un riesgo.

Los limitadores de altura metálicos fueron derribados en varias oportunidades. Después de la tragedia se retiró el limitador de hormigón y se volvió a los tradicionales, los que también fueron chocados y derribados en más de una ocasión.

Es decir, si se sabía que casi fatalmente los limitadores del puente de la avenida Sarmiento estaban condenados a ser chocados por conductores distraídos, lo mínimo que se podía exigir es tomar las medidas necesarias para disminuir todo lo posible el riesgo de que esos impactos no tuvieran consecuencias muy graves.

Evidentemente, nadie supuso que ese bloque de hormigón corría el riesgo de desplomarse tras ser chocado. Pero eso ocurrió y ahora se trata de determinar quién fue el responsable.

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