Edición Anterior: 21 de Noviembre de 2018
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La fiscal pidió tres años de prisión para el ingeniero Rubén Darío Sierra
Continuó el juicio por la tragedia del puente de la avenida Sarmiento. La Dra. Serrano solicitó además la inhabilitación profesional por el término de 6 años.
Daniel Puertas

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La fiscal Paula Serrano pidió tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de suspensión de su actividad profesional para el ingeniero Rubén Darío Sierra por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo por la tragedia causada por la caída del limitador de altura del puente de la avenida Sarmiento, ocurrido seis años atrás.

El 31 de julio de 2012 el pesado bloque de hormigón colocado para evitar el paso de vehículos con una altura superior a 2,65 m. fue embestido por una camioneta Ford 350 que conducía Ignacio Hourcade a quien acompañaba el joven de 22 años Gastón Corn.

La estructura cayó sobre la cabina de la camioneta causando la muerte del joven y heridas graves al conductor de la camioneta.

Seis años después se llegó al juicio oral y público con el ingeniero empleado de la Municipalidad Rubén Darío Sierra como único imputado. Ayer se realizó la tercera jornada del juicio, la que se inició con el testimonio del ingeniero Hugo Angel Piazza, quien hasta el año pasado fue perito oficial del Departamento Judicial de Azul.

Lo más saliente de su testimonio fue su afirmación de que más tarde o más temprano ese limitador de altura se iba a derrumbar, dado que había quedado demostrado que iba a seguir siendo chocado por vehículos de una altura superior a la permitida.

Incluso sostuvo que si esa viga de hormigón no hubiera estado colocada en el mismo sentido de la circulación sin el soporte actuando como freno igualmente hubiera caído. Ya que después de unos diez impactos el material que lo contenía hubiera terminado por quebrarse.

Aunque otros ingenieros también habían dicho o insinuado que el limitador contaba con grandes posibilidades de caer en algún momento el Piazza directamente lo aseguró. Así dejó flotando en la sala la sensación de que colocar ese limitador de altura suponía un gran riesgo para la vida humana.

"Era cantado que iba a pasar", fue la frase con la que el testigo afirmó su convicción.

Y esa decisión fue tomada en un nivel jerárquico superior al ingeniero Sierra, hecho que luego aprovechó el abogado Gabriel Di Giulio en su alegato de defensa.

Tras la declaración de Piazza se pasó a un cuarto intermedio y a continuación llegó el momento de los alegatos.

La fiscal Paula Serrano remarcó en todo momento la responsabilidad del ingeniero Sierra, insistiendo sobre el accionar "negligente" del profesional tanto en la aprobación del plano de la obra como en su ejecución y en la inspección sólo visual realizada a esa estructura después que fuera embestida por un camión de gran porte conducido por un chofer alcoholizado.

La forma en la que estaba colocado el limitador también fue considerado por la fiscal como algo que contribuyó al resultado dañoso y responsabilizó a Sierra por eso. Para el Ministerio Público Fiscal, el ingeniero Sierra "no observó las reglas del buen arte" de su profesión y no cumplió con "las acciones debidas" para limitar el riesgo.

Recordó que la memoria de cálculo se la pidió a la empresa proveedora de la viga de hormigón recién después de ocurrido el accidente y sostuvo que no respetó el concepto de deletabilidad, además de no haber tenido en cuenta que la colocación del limitador en el sentido de la circulación hacía más fácil que terminara cayendo.

No consideró eximentes y como atenuantes tuvo en cuenta el buen concepto del que gozaba Sierra según los testigos.

El abogado Gabriel Di Giulio arrancó planteando que no se podía recortar la realidad si la pretensión era llegar a la verdad. Así introdujo un elemento que para muchos era obvio, a juzgar por los ejes del debate que se dio apenas ocurrida la tragedia: el limitador de altura de hormigón para reemplazar a los de metal, derribados varias veces, fue una decisión política y no técnica.

Para él haber investigado "otras condiciones" hubiera permitido llegar a la verdad. Subrayó que "la realidad desincrimina a Sierra", además de plantear que el "limitador no es per se la única herramienta" con la que se podía proteger el puente y que esa estructura suponía riesgos que fueron asumidos por una "decisión política".

A la hora de distribuir responsabilidades apuntó también a los conductores y recordó que uno de los policías había declarado que el iba en moto a 60 kilómetros por hora y no podía pasar a esa camioneta Ford 350 que lo precedía, aunque finalmente Hourcade advirtió su presencia y lo dejó pasar.

Dijo que en ese lugar la velocidad máxima permitida es de cuarenta kilómetros por hora, por lo que la camioneta estaba excediendo ese límite.

Entró así en un terreno resbaladizo, ya que la jurisprudencia abunda en ejemplos de que no existe la compensación de culpas en materia penal, es decir, que la responsabilidad del imputado por un delito de tránsito no desaparece porque la víctima haya contribuido al resultado dañoso. Cada uno es responsable por su propia conducta.

Di Giulio aseguró además que su defendido cumplió con los aspectos técnicos que le exigieron sus superiores.

También sostuvo que en caso de un fallo condenatorio se debería tener en cuenta como atenuante el impacto de la tragedia sobre el ingeniero Sierra. Precisamente fue ese estado de ánimo el que lo llevó a no declarar en la última jornada del juicio.

Se lo vehía visiblemente atribulado y en algún momento pareció al borde del llanto. Su abogado solicitó la absolución.

El fallo de la jueza María Cecilia Desiata se dará a conocer el próximo lunes a partir de las 14.

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