Edición Anterior: 9 de Diciembre de 2018
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Hablan los legisladores Dalton Jauregui y César Valicenti; el antropólogo Mariano Melotto y un funcionario judicial
El protocolo Bullrich y las distintas miradas sobre el concepto de delincuente
Tras la creación del Protocolo 956/18 lanzado por la ministra de Seguridad se abre el debate, en estas páginas, sobre el concepto y el sentido que se da a la categoría "delincuente". Opinan legisladores de Cambiemos y de Unidad Ciudadana; un doctor en Antropología y, bajo reserva de identidad, un funcionario judicial local.
Claudia Rafael

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"La gente muere en manos de un delincuente que va a la puerta de su casa, que sale cuando se va con los chicos al colegio, que pasa por al lado de ella y le mete un tiro siendo un motochorro". La definición de Patricia Bullrich en la promoción mediática del protocolo 956/18 concluye en que, a partir de ese tipo de situaciones, la casi absoluta totalidad de las personas que mueren por un arma de fuego –y estima que se trata del 99 %, cuando estamos en un país de estadísticas negadas o dibujadas- "muere en manos de un delincuente que la asesina".

¿Cuál es la definición –en tiempo presente- de la categoría delincuente? ¿Cuál es el sentido institucional y social que se le da a ese concepto? ¿Quiénes son concebidos como delincuentes y quiénes alejados de ese rol? ¿A qué se habilita cuando se habilita a disparar? ¿Acaso a frenar la acción delictiva hiriendo levemente a quien está cometiendo un delito o más bien a matar en una búsqueda de eliminación del otro?

La historiadora Sandra Gayol y el sociólogo Gabriel Kessler plantean en "Violencias, delitos y justicia en la Argentina" que "hay un orden construido con la incertidumbre que nos produce el otro, inoculando en nosotros cada día la desconfianza hacia el que pasa a mi lado. Pues en la calle se ha vuelto sospechoso todo aquel que haga un gesto que no podemos descifrar en veinte segundos". Es decir, ambos hablan de construcción social y también de "angustia cultural" en un "urbanismo salvaje".

Desde la antropología, Mariano Melotto analizó que "lo primero que hay que decir es que la ministra entiende por ´delincuente´ a las personas que obtienen sus recursos a través de actividades ilegales dentro de los sectores populares o pobres. En este sentido, un feminicida o un vecino de un barrio de clase media que mata a otro, no entrarían en su categoría de ´delincuente´. Aunque no hay duda de que su acción viola las normas atacando lo más preciado de una persona: su vida".

El antropólogo olavarriense, fundamentó que la ministra de Seguridad "reduce la categoría a los ´pibes chorros´, vendedores de droga al menudeo y demás personas que, como ya aclaramos, pertenecen a sectores más desfavorecidos de nuestro país. En este sentido, es clara la criminalización de la pobreza como plan de construcción de un ´enemigo interno´ en el cual poder canalizar las frustraciones de una población agobiada por una crisis estructural que comienza a mostrar sus consecuencias en la comunidad".

El hilo finito y los estereotipos

El senador provincial Dalton Jáuregui (Cambiemos), presidente de la comisión de Reforma Política e integrante del Consejo de la Magistratura, respondió que "toda persona que comete un delito debe recibir su sanción en instancia judicial. Eso está claro: ahora bien, desde la mirada social existen diversas opiniones. Yo no tengo ninguna duda de que cada caso amerita una atención especial pero tampoco debemos relegar a las víctimas. Pienso que muchas veces hablamos de los delincuentes y sus derechos y nos olvidamos de las víctimas y sus necesidades".

Y, tras definirse como "hombre del derecho" insistió en que "el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro". Aunque reconoció que "el hilo que separa es muy finito".

Se quiso meter de lleno en el tema del protocolo 956 y se mostró alineado con la postura de la gobernadora María Eugenia Vidal. Planteó que "frente a la resolución del Gobierno Nacional, me parece que debemos diferenciar la historia y la actualidad de cada fuerza de seguridad. Cuando asumimos en 2015, había muchos integrantes de la Policía Bonaerense que nunca habían usado un arma y que habían salido a la calle con cuatro meses de formación. Desde ese día estamos trabajando en una reforma integral cuyo fin implica efectivos mejor entrenados y preparados para cuidar a cada vecino de la Provincia. Y, en definitiva, esta iniciativa tiene el espíritu de brindarle herramientas a la policía para realizar su trabajo".

Por eso mismo advirtió en línea con Vidal que "en territorio bonaerense ya tenemos una ley vigente desde 2006 (ley 13.482) que desarrolla con claridad cómo debe actuar la Policía en el uso de armas de fuego, con una reglamentación específica y que en algunos aspectos es similar al protocolo anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación".

El senador de Cambiemos insistió en que el momento de la utilización de un arma implica "milésimas de segundos" y que "ante una situación puntual y en cada caso puntual" el policía tiene que estar "capacitado para entender si el arma es válida para el disparo; si esa persona ubicada en el lugar de victimario comporta un riesgo de vida, que es el derecho por excelencia. Entonces coincido plenamente con la gobernadora: primero capacitemos a la fuerza pública para que esté en condiciones de decidir".

Desde las antípodas, el diputado César Valicenti (Unidad Ciudadana) planteó que la figura del delincuente "es una construcción que no es nueva. Son sentidos comunes que se van construyendo a lo largo de la historia en donde claramente se ven los relatos que predominan desde un punto de vista de relaciones de fuerza. De sectores de poder que han instalado una lectura de la historia, una lectura de la sociedad que constituye valores de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es peligroso, de lo que es bondadoso y que gobiernos como el de Mauricio Macri refuerzan. Para ser más claros: discursos de tipo racista en donde siempre se privilegió una mirada de la historia existieron siempre. Lo que pasa es que sobre esos sentidos comunes construidos históricamente estos sectores construyen su discurso para tomar sus decisiones de gobierno".

El legislador K se enfocó en que "al estereotipo de delincuente lo producen desde varias aristas. Desde la arista judicial lo vemos claramente cuando piensan marcos legales punitivistas. Desde el punto de vista de las construcciones mediáticas, hablan de delincuente cuando se trata de ciertos delitos pero no utilizan la misma denominación para los banqueros que lavan dinero del narco o de la trata de personas". Agregó que hay un sentido común armado "en base a construcciones simbólicas de imágenes, de palabras, de vocabulario que no es propio y exclusivo de este gobierno sino que viene a lo largo de la historia. Y estos gobiernos utilizan esos relatos con predominio de un poder hegemónico de los sectores privilegiados de Argentina y de otras partes del mundo".

Es en ese entramado –piensa Valicenti- que "se constituye el estereotipo de lo que es el delincuente. Estigmatizando la pobreza y como una cara más de un proyecto neoliberal que ahora tiene que seguir transitando esa etapa que apunta a generar miedo y a reprimir la protesta social. Me parece que eso es lo que sucede y no sólo en Argentina. Europa también está viviendo la estigmatización del inmigrante y conlleva políticas públicas pensadas para reforzar esa estigmatización expulsándolos. Es algo que no sólo nos atraviesa a nosotros sino también al continente y al mundo".

Silencios

Si bien esta periodista buscó las voces de variados referentes institucionales del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, el silencio fue protagonista. Sólo un funcionario judicial opinó duramente frente al protocolo lanzado por la ministra pero pidió –por razones muy puntuales- reserva de identidad.

"Un primer error de Bullrich –dijo- fue decir que si una persona civil quiere, puede ir armada. Esto no es así. En nuestro país la portacion de armas está tipificada en el código penal y por lo tanto, su afirmacion encuadra en la figura penal de apología del delito, es decir, que promueve la comisión de un delito".

Y luego "con respecto a su últimas y célebres afirmaciones en cuanto al accionar de fuerzas federales y el protocolo que deben utilizar, entiendo que esos protocolos y reglamentos internos de fuerzas federales, encontrarían una valla insuperable que es ni más ni menos que la aplicación de la ley, en este caso el código penal (extrañamente para la ministra, aplicable en todo el territorio federal). Si un funcionario policial, un ingeniero, un médico o yo mismo disparamos a alguien que corre o que escapa y lo matamos, es homicidio por más que esté reglamentado. Hay una supremacía absoluta de la ley. No hay causal de inimputabilidad (defensa de terceros, legítima defensa, etc). Repito, es homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Y sino, que modifique el código penal". Con lo cual apuntó que "se necesita un Poder Judicial idóneo y valiente y un Poder Ejecutivo que deje de amenazar con juicios políticos cuando una sentencia no les agrada".

No hay miradas unívocas. No sólo en modo transversal a los distintos posicionamientos políticos sino además a lo largo de la historia. Hace casi 200 años, Hegel –filósofo alemán- definió que "el delito es la negación del derecho".

Casi un centenar de años más tarde el criminólogo alemán Franz Von Liszt decía que "la lucha contra la delincuencia habitual supone un exacto conocimiento de la misma. Hoy no disponemos de él. Se trata solo de un eslabón, ciertamente del más importante y peligroso, de esa cadena de patologías sociales, que solemos denominar con el nombre genérico de proletariado. Mendigos y vagabundos, prostituidos de ambos géneros, alcohólicos, maleantes y gente del submundo en el sentido más amplio, degenerados anímica y corporalmente. Todos ellos constituyen el ejército de enemigos principales del orden social, entre los que los delincuentes habituales constituyen el estado mayor".

Los planteos de Patricia Bullrich habilitan un vía libre peligroso para el aparato represivo del Estado. En un contexto en el que provincias como Buenos Aires, Jujuy, Salta, Santa Fe, Río Negro, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos dijeron no adherir y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá hacerlo por orden judicial. Pero ésas son cuestiones legales. Que no siempre van de la mano con el formateo de opinión que implica la palabra ministerial. Ni tampoco con el impacto que tengan en la habilitación ideológica de las diversas policías en el mano libre para el rápido uso de armas ante –al decir de Gayol y Kessler- de "todo aquel que haga un gesto que no podemos descifrar en veinte segundos". Porque –agregan- "la representación del delito es maniquea: nosotros/ellos. La ilegalidad es de los ´otros´. Delincuentes, marginales, ´los sospechosos de siempre´".


"Punitivismo"

El doctor en Antropología Mariano Melotto analizó que "la resolución 956/2018 debe ser entendida como parte de las políticas punitivas inauguradas por gobiernos conservadores de corte neoliberal, desde la década de los ochenta, en países como Inglaterra y EEUU, e importados más tarde a nuestra región con distintos grados de éxito. Desde las ciencias sociales, autores de la talla de David Garland o Loïc Wacquant han destacado la relación entre declinación de los estados de bienestar y avance de los estados punitivos como estrategia de los gobiernos neoliberales. Las políticas en seguridad del gobierno de Cambiemos deben ser leídas en esta clave".

Ante la consulta de esta periodista, Melotto expresó que "David Garland, un referente mundial en temas de criminología, denomina a este tipo de regímenes políticos como ´liberal-paternalista´ ya que, haciendo uso de una doble moral, exime a las elites y sectores más poderosos económicamente de los controles del Estado, relajando las normativas que regulan sus actividades económicas. Mientras que, por otra parte, aumenta los controles y castigos sobre los sectores más vulnerables a través de la aplicación de políticas de ´mano dura´ y ´tolerancia cero´ al delito de los pobres y las pequeñas incivilidades".

Pero es tajante al enunciar que "el aumento de los castigos no conduce de manera lineal a la disminución del delito". Este razonamiento, "tal vez por su sencillez, esconde un error que consiste en creer que los fenómenos sociales o humanos son simples cuando en realidad sucede todo lo contrario: el conflicto interhumano violento es sumamente complejo. No sólo el aumento de la pena no disminuye el delito sino que, incluso, suele suceder lo contrario, suele recrudecer las modalidades delictivas. Dicho de otra forma, si militarizamos a las fuerzas de seguridad es muy poco probable que las organizaciones criminales –como por ejemplo las asociadas a narcotráfico- dejen de comercializar drogas ilegales. Sin embargo, es mucho más probable que también se militaricen, generando de esta manera una escalada de violencia como efectivamente ha sucedido en países de la región como Colombia y México".

Esa estrategia–a ojos del antropólogo olavarriense- no es ingenua. "Sus perpetradores conocen la falta de efectividad de este tipo de políticas punitivas. Lo que sucede es que, en realidad, el aumento del poder punitivo por parte del Estado no busca disminuir el delito sino habilitar el ejercicio represivo sobre las mayorías de trabajadores y sectores marginados de las economías que, precarizados en sus derechos laborales y condiciones de vida en general, salen a manifestarse públicamente en defensa de sus derechos que son avasallados por las políticas de ajuste económico de los mismos gobiernos neoliberales".

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