Edición Anterior: 23 de Diciembre de 2018
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Opinión
"Una estocada al corazón de la autonomía municipal"
Por Ezequiel Galli (*)

Hace poco nos anoticiamos de una situación que claramente perjudica la autonomía municipal y estamos en alerta junto a decenas de intendentes de toda la provincia de Buenos Aires.

La empresa Axion-Esso realizó un planteo judicial contra el Municipio de Quilmes por el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene. El mismo fue rechazado en primera instancia, misma suerte corrió ante la alzada, y así también se expidió la Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires rechazando la demanda de la empresa contra Municipalidad de Quilmes. Ante esta negativa, se llega a recurrir en queja ante la Corte Suprema de la Nación, argumentando que el cobro de dicha Tasa es inconstitucional.

De inmediato, ante el dictamen previo y no vinculante del Procurador, a quienes defendemos nuestra autonomía (expresada en nuestra Constitución Nacional) nos surgió una gran preocupación: el riesgo que corre esa autonomía. La misma fue ratificada por la Constitución Nacional de 1994 en su artículo 123, el cual indica que "Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 –que asegura a las provincias su administración de justicia y su régimen municipal, entre otras cosas- asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero".

Desde hace más de 20 años, la Tasa de Seguridad e Higiene ha sido convalidada por toda la legislación de la Provincia de Buenos Aires, desde la Constitución Provincial, siguiendo por la Ley Orgánica Municipal y llegando a toda la Jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a partir del caso Nobleza Picardo de 1995, que ha sido ratificado después en otros precedentes.

Por lo tanto, resulta indudable la facultad que tienen los municipios bonaerenses para crear y exigir el pago de una tasa de inspección de seguridad e higiene, a la luz de lo dispuesto en las normativas vigentes.

En consecuencia, junto a más de 40 intendentes de la Provincia de Buenos Aires, de todos los arcos políticos, tomamos la decisión de realizar una presentación ante el máximo Tribunal, bajo la figura de "amicus curiae" y dejar sentada la opinión de jefes comunales, sobre la autonomía que tienen nuestros municipios.

Esta acción en conjunto de los intendentes es un hecho histórico en la Provincia, de especial relevancia, que busca reconfirmar derechos fundamentales de una justicia al servicio de los vecinos.

Y me detengo en estas últimas palabras: "al servicio de los vecinos". Para eso estamos gestionando, para la comunidad a la que representamos. Es por ello que, sin importar el espacio político al que pertenecemos, todos coincidimos en señalar que muchas veces se ataca al municipalismo diciendo que es el culpable de la alta presión tributaria de la República Argentina, dato que es absolutamente falso.

Solamente por desconocimiento de las cuestiones o por defensa de intereses corporativos se puede decir algo así ya que del total de ingresos de la Argentina, de ingresos de todos los sectores estatales del país, el 84.4% corresponden al gobierno federal, el 14.2% al conjunto de las Provincias argentinas y sólo el 1.4 % a los más de dos mil ciento cincuenta gobiernos municipales de la Argentina. De tal manera que no tiene ningún tipo de fundamentación acusar al municipalismo de ser el culpable de la alta presión tributaria.

Esperamos que la Corte Suprema tome nuestra presentación y que los jueces adopten sus decisiones garantizando los derechos de los Municipios y respetando lo que dictan las normas al respecto, normas que por cierto han sido convalidadas y confirmadas a lo largo de más de dos décadas.

Bregamos por el pleno cumplimiento de la Constitución Nacional que establece la autonomía municipal y que esta presentación "amicus curiae" se transforme en un aporte importante que democratice y transparente el debate judicial en cuestión.

No tenemos dudas acerca de la potestad que nos brinda la autonomía del artículo 123 de nuestra carta magna, tampoco desconocemos la presión tributaria existente, la cual estamos convencidos que debe ser rediscutida, pero en un proceso responsable y en el que se encuentren todos los actores sentados a la mesa; planteando una reforma fiscal que a futuro sea la solución para la falta de competitividad de diversos sectores por los tributos de todos los ámbitos estatales.

Lo que nos obliga a unirnos en este momento a los intendentes de todo el país a defender el cobro de esta tasa es pura y exclusivamente para evitar una decisión que sea una estocada al corazón de los municipios de la Argentina, ya que la misma, significa en promedio, el 35% del ingreso de las arcas comunales.

(*) Intendente Municipal

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