Edición Anterior: 12 de Enero de 2019
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El Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Cipriano García, criticó al proyecto de baja de la edad de imputabilidad
"No es la solución al problema que se plantea"
Cipriano García se mostró en contra del proyecto que impulsaría el oficialismo. Habló de vulnerabilidad y de las consecuencias que sufren los jóvenes de dicho sector. En este sentido fue duro con las políticas empleadas hacía espacios de contención.
Opiniones cruzadas y varias voces se escucharon en los últimos días por el proyecto que presentaría el oficialismo en relación a la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años. El Secretario de Comisión Provincial por la Memoria, Cipriano García, también se refirió a la cuestión y dejó en claro su postura negativa.

El proyecto que tiene como principales voceros a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su par de Justicia Germán Garavano contempla que los delitos cometidos por adolescentes mayores de 15 y menores de 18 sean reprimidos con una pena máxima de 15 años. Establece también escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.

Entre los 16 y los 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor de tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor de diez años.

Esta iniciativa de proyecto trajo como consecuencia una gran cantidad de opiniones, algunas a favor -principalmente de allegados al Gobierno- y otras en contra -provenientes de diferentes sectores-. Cipriano García, Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, fue claro en su postura.

"El proyecto no lo pudimos ver porque no se presentó públicamente ni se envió al congreso. Obviamente y de acuerdo a las declaraciones de funcionarios sobre el contenido del mismo, somos muy críticos desde la comisión. De acuerdo a lo que anunciaron, nos parece que no resuelve nada y no es la solución al problema que se plantea", declaró en el inicio.

Según Cipriano García, son "anuncios que tienen que ver con un inicio de la campaña electoral, demostrando cierto activismo o accionar en relación a lo que para este Gobierno es importante como la lucha contra la inseguridad. De hecho es bastante irresponsable lo que hacen porque anuncian medidas que no resuelven absolutamente nada. Y no se construye con ningún dato serio".

Una mirada crítica

El referente de la Comisión Provincial por la Memoria se refirió a una estadística en relación al delito en la Argentina. "Hoy los jóvenes de entre 16 y 18 años que cometen delitos representan el 3 por ciento del total cometido, y a eso agregale que los menores de 16 representan un 10 por ciento de este último número. Es ínfima la cantidad de menores de 16 que llega al delito", explicó.

Además, Cipriano García afirmó que "en realidad son menores que hoy el sistema ya los detiene, no están sueltos; de 680 chicos que están detenidos en la provincia de Buenos Aires en institutos cerrados, un 10 por ciento son menores de 16".

"La ley permite la detención de ellos en casos de delitos graves. Es decir, no cambiará nada porque estos chicos ya están detenidos y representan un número muy bajo en relación al delito en general. No se soluciona el problema de inseguridad de esta forma", agregó.

En este sentido, García criticó las políticas empleadas hacía espacios de contención para los jóvenes. "Están desfinanciando todos los sistemas de promoción y protección de derechos, y cada vez le ponen menos plata a los sistemas de contención de los sectores vulnerables. Los chicos de dichos sectores conectan con el Estado cuando llegan al delito, no antes", sintetizó.

"Se puede realizar un programa de contención para estos chicos, tratarlos de forma adecuada para así evitar la reincidencia. Hoy los institutos son cárceles porque quienes están adentro no acceden a la educación, no acceden a una formación laboral y están todo el tiempo aislados", afirmó.

Incluso, según Cipriano García, en este grupo de chicos que llega al delito hay "muchos con problemas de adicciones y que necesitan un tratamiento adecuado para su recuperación, algo que tampoco brindan las cárceles. Éstas no tienen un solo tratamiento para los problemas que tienen. Por eso digo que no están resolviendo nada con este proyecto".

¿Una respuesta a la sociedad?

Uno de los puntos que sostiene el Gobierno para anunciarse a favor del proyecto es tomar la medida como una respuesta a lo que demanda la sociedad. Así lo dijo, por ejemplo, la diputada nacional Beatriz Ávila en estos últimos días, considerando que es un reclamo de la sociedad.

"Son los medios hegemónicos que lo plantean todo el tiempo y puede haber un sector de la sociedad que lo reclame, pero no es la sociedad en general. Hay una construcción simbólica detrás de esa idea para avanzar en mayores dispositivos represivos", explicó Cipriano García.

Según el representante de la Comisión Provincial por la Memoria, la sociedad quiere que "se resuelva el problema del delito; pero es muy difícil que ésto pase si no se resuelven a partir de políticas de inclusión y contención social".

En el cierre, Cipriano García dejó una última reflexión. "Es un problema complejo que requiere de respuestas complejas, y lo que hacen con todo esto es simplificar la cuestión dando una respuesta sencilla. Esta respuesta es bajar la edad de imputabilidad y meter a todos presos. Los chicos ya están presos y este proyecto no cambiará mucho en realidad", concluyó.


Comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria: Menos derechos, menos seguridad

"Baja de edad de imputabilidad penal a los 15 años, imputabilidad administrativa a cualquier edad, protección a funcionarios policiales que cometen delitos, discriminación y estigmatización de extranjeros, compra de armas para torturar, incremento de la persecución del narcomenudeo, profundización de las políticas de mano dura, son algunas de las acciones y anuncios del gobierno nacional en los últimos días. Se inicia así un año electoral proponiendo medidas poco serias, sesgadas, demagógicas y de escaso impacto en la lucha contra el delito pero de alta incidencia en el menoscabo de derechos", dice el inicio del comunicado elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria.

"La CPM expresa su preocupación y rechazo por los anuncios del gobierno nacional que profundizan políticas de seguridad orientadas hacia un mayor endurecimiento de la persecución penal como único recurso para garantizar la vida y la integridad de las personas", señala otro apartado del texto.

"Estas acciones carecen de sustento riguroso en datos o información fiable, no se piensan de manera integral a fin de resolver la cuestión de la seguridad y sólo pretenden achicar, enmarcar y condicionar la agenda política de cara a las elecciones. Constituyen una enorme irresponsabilidad institucional que profundiza graves violaciones de derechos humanos de las poblaciones más vulnerables sin resolver la situación que se pretende", afirma.

"En el último tiempo la llamada "doctrina Chocobar", animada desde el gobierno nacional, se fue profundizando e institucionalizando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Al Protocolo antipiquetes, se sumaron el Reglamento de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad y el Programa Restituir que impulsa el reingreso a las fuerzas federales de agentes que cursaron procesos penales por violar los derechos humanos, todas medidas regresivas desde una perspectiva de derechos", continúa en otro fragmento del largo comunicado.

"No hay paz social que se pueda construir desde la violencia. No hay democracia sin derechos humanos", cierra.

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