Edición Anterior: 11 de Febrero de 2019
Edición impresa // La Ciudad
Desde agosto de 2018, el nuevo concesionario no brinda sus servicios hasta la ciudad de Bolívar sino hasta la Virgen de La Loma
La implementación de las PPP implica mayores prestaciones por parte del Municipio de Olavarría
La puesta en marcha del ambicioso proyecto mantiene varias zonas grises que deberían ser responsabilidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sin embargo, entre el kilómetro 300 de la ruta nacional 226 y el límite con el Partido de Bolívar la demarcación, la señalización, la cartelería y el bacheo dependen del Municipio local. Lo mismo ocurre con los servicios de Bomberos Voluntarios y el Hospital municipal en caso de accidentes de tránsito.
La implementación del Programa Público Privado (PPP) para aplicar reformas sobre las rutas nacionales en respuesta a prolongados reclamos de los vecinos, donde entre otras iniciativas se prevé la construcción de una autovía sobre ruta nacional 3, mantiene algunas zonas grises respecto del mantenimiento de los corredores viales por fuera de la concesión prevista.

Una de esas responsabilidades aún difusas le cabe desde el 1 de agosto de 2018 al Municipio de Olavarría y no existe todavía un parámetro de los recursos empleados para el mantenimiento del tramo de la ruta nacional 226 entre el kilómetro 300, hasta donde fue asignada la concesión a la empresa Cruz del Sur Concesionaria Vial SA, y el límite con el Partido de Bolívar. Un caso similar ocurre en el Partido de Cañuelas.

Sin embargo, fuentes del oficialismo precisaron que en las esferas provincial y nacional se trabaja para elaborar medidas tendientes a regularizar la situación, ya que la modificación de la cláusula sobre obligaciones en casos de emergencia provocó la reacción de algunos jefes comunales cuyos territorios están cruzados por autopistas.

En nuestra ciudad, Agustín Falivene, a cargo del área de Seguridad Vial local, aclaró algunas cuestiones relacionadas con el mantenimiento de ese tramo y las responsabilidades que le caben al Municipio de Olavarría. En ese sentido, confirmó que el anterior concesionario, CV1, cubría hasta la ciudad de Bolívar.

Sin embargo, esas atribuciones cambiaron con la llegada de Cruz del Sur: "Por una cuestión de condiciones de contrato, ahora que se va a pavimentar y hacer la doble vía, la concesión se achicó hasta el kilómetro 300", es decir "dos kilómetros más adelante de la rotonda de la Rivadavia, alrededor de la Virgen de La Loma".

A partir de ese cambio, "nosotros como municipio nos veríamos perjudicados, por ejemplo cuando vuelca un camión con cereal, el señalamiento (del accidente) ni el retiro del material lo va a hacer la concesionaria del peaje, ya que tenemos que disponer de personal, vehículos y demás a la hora que sea". En definitiva, "tendríamos que estar disponibles para hacer todos esos trabajos". En ese sentido, hasta el momento "no tenemos ninguna solución o directiva desde Vialidad de Nación".

Asimismo, existen otras limitaciones sobre las atribuciones del Municipio local. "No podemos tampoco subir a la ruta y hacer trabajos, a excepción que nos den la autorización desde Vialidad Nacional", sostuvo el funcionario para explicar luego que "entre los alambrados el dueño del camino es Nación o Provincia, y en esos casos el Municipio lo que hace es prestar colaboración".

Acto seguido, Falivene confirmó que "ahora sabemos que se están pensando disposiciones para delegar esas funciones en el Municipio", aunque por el momento "es mas intuición que certezas". De esa manera, a partir del kilómetro 300 en adelante hacia Bolívar son alrededor de 70 kilómetros y la demarcación, señalización e incluso el corte de pasto "todo eso no lo va a hacer más el concesionario del peaje porque su contrato es hasta el kilómetro 300".

Más gastos

Para evitar mayores erogaciones desde los municipios, "se estima que Vialidad Nacional está trabajando para abrir contratos con empresas privadas, para coordinar así el mantenimiento de ciertas rutas, como por ejemplo este tramo de la ruta 226 que atraviesa nuestra ciudad". Una muestra de esa iniciativa es que "vinieron de Córdoba para cortar el pasto". En síntesis, "la idea es tener un campamento reglamentado cerca de Vialidad, al menos para cortar el pasto, para acomodar cartelería, pintar la señalización, y hacer el bacheo".

El cambio en las condiciones de la concesión implica además otra modificación y la necesidad de mayores recursos, ya que "el concesionario anterior le pagaba un canon a Bomberos por los servicios de siniestrialidad". Como contrapartida, "ahora lo tendrían que hacer voluntariamente en este tramo" y esa situación plantea una incógnita porque desde el Cuartel local "no saben cuánto les insume respecto de eventos de este tipo; lo tenemos que estudiar bien". Además, "el Hospital también va a tener que ir a atender un herido, y eso será un costo que va a tener que asumir el Municipio".

Para brindar un parámetro de los alcances de la situación "de los 18 muertos" por accidentes de tránsito durante al año 2018, "14 fueron en ruta". Según estadísticas propias "ocurren entre 5 y 6 accidentes por mes, como despistes, vuelcos, vehículos que se chocan las rotondas. Y todos necesitan atención e insumen costos".

En consecuencia, "esperamos definiciones de Vialidad Nacional. Son cuestiones legales las que nos traban para dar una ayuda a la gente. Se esperan novedades a fines de este mes o principios de marzo, en temas de conservación y la ayuda de los siniestros por parte de colaboración del Municipio. Tendremos que esperar una comunicación desde Nación".

Críticas

Según denunciaron en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, los nuevos concesionarios a cargo de los proyectos de obra pública a partir de agosto del año pasado dieron de baja los acuerdos que tenían con empresas de ambulancias y otras emergencias. Y desde entonces, esos costos corren por cuenta de los intendentes.

El organismo que dirige Guido Lorenzino adelantó que presentará un recurso judicial para frenar esa disposición. "Los municipios enfrentan estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y garantizarle los negocios a las empresas", explicó Lorenzino.

Esta medida alcanza a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205), dijeron en la Defensoría. "La compañía que tiene a su cargo el corredor B nos informó que desde noviembre rescindió el contrato con la empresa de emergencias que operaba sobre la vía", aclararon.


Un caso similar

El intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, debe sumar casi dos millones de pesos por mes para asistir con ambulancias y grúas a los usuarios de las autovías 3 y 205, que atraviesan su distrito. El alcalde de Junín (ruta 7) también está haciendo gestiones ante Vialidad Nacional, para encontrar una solución.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo de la Provincia "envió notas a todos los municipios afectados y puso foco sobre el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones.

"Por ejemplo, la desobstrucción de la traza luego de un accidente queda ahora en manos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que debe distraer recursos humanos destinados a otras tareas, como el control en las zonas de veraneo", ejemplificaron en la Defensoría.

"Pareciera que la única política del gobierno es ir en contra de los usuarios, por lo que analizamos presentarnos ante la Justicia para que se revea esta situación que golpea a los municipios y afecta a los ciudadanos", advirtió Guido Lorenzino.

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