Edición Anterior: 27 de Abril de 2019
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Los tribunales militares durante la última dictadura fueron usados por las fuerzas para "blanquear" detenidos políticos
Monte Pelloni II: los consejos de guerra fueron calificados como "parodias de juicios"
Las fuerzas armadas los utilizaron para admitir que tenían personas secuestradas. Se juzgaba a los detenidos con "confesiones" que hacían firmar a punta de pistola. Les asignaban defensores militares que actuaban como acusadores. La instancia de revisión, también militar, completaba la parodia.
Cacho Fernández

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En el marco del juicio Monte Pelloni II, la doctora por la APDH, Mariana Catanzaro explicó que en la última jornada se abordó el tema de los consejos de guerra sustanciados durante la última dictadura militar contra los detenidos políticos.

"Se buscó encontrar la responsabilidad de miembros de la policía bonaerense y en su paricipación, para luego pedir las correspondientes condenas", dijo la abogada, "entre ellos los comisarios Valquinta, Fantini, Rinaldi y otros".

Los consejos de guerra fueron una de las tantas irregularidades que se cometieron durante ese período y que padecieron entre otros, los detenidos políticos olavarrienses. "Se los detenía de noche, se los llevaba encapuchados a un centro clandestino de detención, pero en algún momento, para algunos de ellos, se buscaba a través de estos consejos de guerra una manera de blanquearlos", señaló.

Según dijo, se les hacía firmar una declaración "a punta de pistola, encapuchados, bajo la amenaza de volver hacia atrás, que no era otra cosa que llevarlos nuevamente adonde se los había tenido secuestrados. Los detenidos firmaban sin saber lo que firmaban y luego se les asignaba un defensor que contribuía a la acusación y no a la defensa".

El objeto del juicio Monte Pelloni II es investigar "crímenes de lesa humanidad contra 37 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención Monte Pelloni, situado en una casona en la zona rural de las afueras de Olavarría. Se inició el 18 de agosto de 2017 y los imputados son 31. Ellos son Walter Jorge Grosse, Héctor Alberto González Cremer, Roberto Jorge Casares, Ignacio Aníbal Verdura, Edgardo Mariano Viviani, Juan Carlos Cabrera, Osvaldo Miguel Guarnaccia, Horacio Rubén Leites, Francisco Oscar Sarmiento, Argentino Alberto Balquinta, Juan Carlos Gurrieri, Carlos Rubén Bruno, Roberto Manuel Fantini, Luis Alejandro Seambelar, Eduardo Héctor Bernadou, José Clemente Forastiero, Oscar José Bardelli, Julio César Tula, Héctor Rubén Rinaldi, Carlos Alberto Saini, Enrique Vázquez, Luis Oscar Calcagno, Juan Carlos Luján, Raúl Ángel Córdoba, Carlos Alberto Muñoz, Alberto Santiago Padilla, Jorge Liberto Odorisio, Roque Ítalo Pappalardo, Néstor Omar Vapore, Román Valdecantos y Luis Alberto Juárez.

Las vícitimas son 45 y el tribunal está conformado por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas, en tanto que los fiscales son María Angeles Ramos, Juan Manuel Portela y María Eugenia Montero.

"Verdaderas parodias"

En los casos locales, se trasladó a los detenidos hasta el regimiento local y tal como estaban, encapuchados y esposados, los sentaban supuestamente frente a un presunto tribunal, les mostraban un arma y los amenazaban con retornarlos a Monte Pelloni de donde venían después de haber sido torturados. Luego los llevaron a Tandil en donde un tribunal militar los juzgaba luego de escuchar acusaciones y defensas que eran similares. Todo esto representaban una enorme parodia de juicio. "Las detenciones siempre eran ilegales y se los sometía a consejos de guerra para blanquearlos de alguna manera y cuando debían admitir que los tenía la fuerza. El fundamento era ése, blanquear el detenido con estas parodias de juicios", disparó la abogada de la Apdh, Mariana Catanzaro.

Los consejos de guerra habían sido dictados justo en el momento del golpe militar para avalar este tipo de detenciones. "Los militares que los defendían lo hacían en pésimas condiciones y sin tener contacto con su defendido. Fue tal la parodia que exisía una instancia superior que fiscalizaba las condenas de primera instancia. Les observaban algunas cosas pero dejaban que siguieran así y dejaban firmes las condenas", dijo la abogada quien además afirmó que en el juicio había quedado acreditada la íntima vinculación entre las fuerzas armadas y la Policía Bonaerense, lo cual compromete totalmente a los jefes policiales imputados en el juicio.

Según sostuvo la letrada, "el 80 por ciento de las organizaciones estaban desarmadas, la mayoría de las víctimas estaban durmiendo cuando fueron secuestradas en sus propios domicilios y todo fue muy desproporcionado".

Luego destacó la "función reparadora de la Justicia al juzgar estos tipos de hechos encuadrados en el terrorismo de Estado. "Le hace bien al Estado de derecho y desde una perspectiva general para que nunca más se tengan que padecer este tipo de hechos que denigran la condición humana".

Añadió que las penas tendrán "la proporcionalidad del delito que son mucho más graves que cualquier otro. Entonces, la Justicia tiene la chance para decir qué conductas son loables para construir un Estado de derecho". Tras lo cual añadió que las dos audiencias que siguen, las del lunes 13 y martes 14, continuará la Fiscalía y luego comenzarán los alegatos de la APDH. Posteriormente estarán los de las defensas.

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