Edición Anterior: 17 de Junio de 2019
Edición impresa // La Ciudad
El Dr. Bernardo Carricart se refirió al posible cierre de la clínica local de salud mental debido a una ley nacional
"Defendemos los derechos humanos de los pacientes pero también el derecho a la salud"
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 exige el cierre o readecuación de instituciones de internación monovalentes. La clínica olavarriense sería una de ellas. El espíritu de la ley es la no vulneración de derechos. "La internación en un centro especializado no es sinónimo de vulneración de derechos", insistió Carricart.
"Es muy grave lo que está pasando porque no se toman medidas oficiales", afirmó el Dr. Bernardo Carricart, quien está a cargo de la clínica local de salud mental, en relación al momento de incertidumbre que vive la mencionada institución debido a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, la cual exige el cierre o adecuación de las instituciones monovalentes para el inicio del año próximo.

Tras la resolución que afirmó la Ley Nacional de Salud Mental que surgió por el 2010 pero que se reglamentó en el 2013, doctores, personal y familiares de pacientes de la clínica local iniciaron movilizaciones, gestiones, y todo lo que estuvo "a su alcance" para buscar una solución al problema que plantea la ley nacional. Según los mismos, la situación "empeoró" en las últimas semanas.

Estrictamente, la ley prohíbe la creación de manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados; y la adaptación por parte los existentes a los principios expuestos en la ley hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación que se debió hacer en los últimos nueve años nunca se hizo, ya que los fondos para la misma no llegaron desde Nación.

El punto más preocupante es que la resolución que surgió desde la secretaría de Salud de la Nación en abril pasado confirmó que, según representantes de la clínica olavarriense, las instituciones de salud mental monovalentes deben cerrar a partir del 1º de enero del 2020. La clínica local sería una de ellas.

Bernardo Carricart, doctor a cargo de la clínica local de salud mental, brindó detalles de lo realizado desde el momento que surgió la resolución, las reuniones llevadas a cabo y las alternativas que fueron consideradas para encontrar una solución a la problemática que genera el cierre de la institución para el inicio del 2020. Es que las preguntas en torno a lo que sucederá con los pacientes siguen sin tener respuestas.

"Desde el 1º de enero nosotros vamos a quedar por fuera de la normativa y no nos cubre ningún seguro en la institución", señaló Carricart. "Es todo muy complejo pero estamos movilizándonos para que ésto cambie, y sobre todo para que la gente sepa lo que está sucediendo", agregó.

"El drama es que el 1º de enero el cierre está y a nosotros no nos cubrirá ningún seguro, por lo cual tenemos que dejar de dar la prestación sino cambia algo para esa fecha. No podemos trabajar sin seguro, llegarían muchos problemas judiciales", lamentó el Dr. Bernardo Carricart.



Discurso y derechos


Aquellos que están a favor de la Ley Nacional de Salud Mental toman como justificación la vulneración de los derechos de los pacientes. "Cambian continuamente el discurso y realmente es muy difícil. La internación en un centro especializado no es sinónimo de vulneración de derechos", afirmó el doctor.

"¿Cómo nosotros vamos a ir en contra de una mirada ideológica de derechos humanos?; defendemos los derechos humanos de los pacientes pero también el derecho a la salud y a una asistencia llevada a cabo por un personal entrenado y profesional", explicó.

Dicha asistencia, según Bernardo Carricart, no se puede lograr "en un hospital público polivalente por la situación actual de su infraestructura". "Y en todo caso también serían servicios monovalentes porque los pacientes estarían restringidos a un determinado lugar; no se puede internar a un paciente que requiere de terapias contextuales y movilidad con otro que necesita tranquilidad", profundizó.

Según el doctor, la aplicación de la ley nacional significa "un daño para las instituciones que están trabajando con los pacientes de forma adecuada, existiendo una red extensa de prestación a través del PAMI". "El costo de estar gastando energía en todo ésto en vez de estar optimizando la red de prestación es muy alto y genera un entorpecimiento a la atención para los afiliados", lamentó.

A modo de reflexión, el representante de la clínica local de salud mental señaló que "18 municipios trabajan con nosotros, tenemos 75.000 afiliados del PAMI y lo cierto es que habrá pérdida de camas". "Más allá del discurso de que no debe haber clínicas monovalentes porque vulnera los derechos de los pacientes, aseguro que habrá más derechos vulnerados sin camas e instituciones públicas y privadas", manifestó.



Las familias de los pacientes


"Las familias saben muy poco de todo ésto y a la gente le cuesta movilizarse porque estamos hablando de personas golpeadas por los que le toca vivir", afirmó Bernardo Carricart. "Ésto se hizo y prosperó en parte por el desconocimiento de las familias de los pacientes. La realidad quedó muy sesgada al ámbito de salud mental pero no es conocida por autoridades ni por los municipios", agregó.

En este contexto, los familiares son quienes conforman uno de los sectores más perjudicados por la nueva normativa. "Los que están tomando conocimiento están en contra la medida y están movilizados, organizándose para tomar medidas judiciales si es necesario; es un drama, incluso hasta a los propios pacientes les está llegando información", afirmó.

"Las puertas de la institución están abiertas para desmitificar toda ésta mentira de vulnerar los derechos; acá hay una cuestión de salud y de una ley que nos permite tomar la decisión de internación cuando el paciente está en riesgo o en crisis", informó.



Respuestas políticas


El Dr. Bernardo Carricart criticó la creación de la Ley Nacional de Salud Mental. "Salió en contra de la opinión de médicos y especialistas, por eso siempre se dijo que no iba a funcionar. Se tienen que declarar inconstitucionales el decreto del 2013 y la resolución del 2019", pidió.

En otro sentido, agradeció la respuesta que recibió por parte del sector político local. "Obtuvimos atención de concejales de todos los partidos. Alicia Almada, como presidenta de la comisión de salud del Concejo Deliberante, visitó la institución y nos posibilitó una reunión", contó.

Según le informaron a Carricart, desde el Concejo Deliberante se puede hacer "una resolución y un pedido hacia la provincia, e invitar a otros CD a tomar postura frente a ésto; por mi parte fui a los concejos de La Madrid, Laprida y queremos llegar a Azul". "Si bien es una ley nacional y se necesita un decreto presidencial o algún fallo de la justicia, la respuesta de los políticos locales nos sirve porque demostraron compromiso al respecto", señaló satisfecho.

En el cierre, el referente de la clínica local de salud mental se refirió a lo que viene. "Seguiremos informando para la toma de conciencia y luego vendrán demandas judiciales, junta de firmas, reuniones en la secretaría de salud y un pedido para que se modifique el decreto reglamentario a nivel provincial", concluyó.




Una respuesta oficial


Concepto como la "desmanicomialización" impulsó la sanción en 2010 de una ley que tiende a la desaparición del establecimiento de salud mental monovalente o neuropsiquiátrico, pero no por cierre, sino por reconversión, según el Gobierno nacional. La incertidumbre, en el plano local, surge por cómo se llevará a cabo esa reconversión. Los fondos, hasta el momento, no llegaron.

A través de la resolución 715 de este año de la Secretaría de Salud de la Nación, se establecieron pautas para la Organización y Funcionamiento de Dispositivos de Salud Mental, donde se definen características de los servicios y dispositivos para abordar el padecimiento psíquico.

El documento generó preocupación en los responsables de los centros de salud mental monovalentes privados, ya que la implementación de la normativa requiere una progresiva descentralización de los profesionales y trabajadores de salud desde los hospitales psiquiátricos hacia los hospitales generales.

"Quiero remarcar el compromiso de la Secretaría de Gobierno de Salud en conjunto con las provincias de avanzar en acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, cuyo marco normativo no establece el cierre de la institución monovalente el día 1 de enero de 2020", declaró Luciano Grasso, director nacional de Salud Mental y Adicciones.

"El proceso de transformación del hospital monovalente requiere ampliar la red y fortalecer las reformas que se vienen implementando en provincias y municipios tendientes a la modificación del modelo de atención en salud mental, desde la estrategia de atención primaria de la salud, la salud mental comunitaria, la integralidad y la integración intersectorial e interdisciplinaria", agregó Grasso.




Algo más de la ley


La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, además de prohibir la creación de manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes y exigir la adaptación de aquellos existentes, señala que el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial.

En este sentido, el mencionado proceso de atención debe efectuarse basándose en los principios de la atención primaria de la salud. En Olavarría, al menos hasta el momento, no parecen existir lugares alternativos para cumplir con dicho proceso de atención.


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