Edición Anterior: 19 de Junio de 2019
Edición impresa // La Ciudad
Está imputado de abuso sexual intimidatorio
Certificado médico y faltazo del ex fiscal Rivero al juicio en su contra
El juicio contra Rubén Rivero debía concretarse ayer y hoy. Sin embargo, presentó un certificado médico que alega una internación y, como frutilla del postre, se quedó sin abogado ya que, también ayer, presentó la renuncia. Ahora la causa está en la Defensoría General Azul en donde se designará un defensor oficial. La denunciante viajó casi 300 kilómetros para estar presente.
Claudia Rafael

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La víctima y denunciante de la causa por abuso sexual intimidatorio contra un ex fiscal de Olavarría debió recorrer casi 300 kilómetros y tomar tres micros para enterarse, al llegar a la primera audiencia, de que todo se había suspendido. Rubén Rivero, el acusado, no se presentó. ¿El argumento? Estaría internado en una clínica privada de salud mental de La Plata. Primero, se presentó el certificado médico y, además, en un escrito aparte, la renuncia formal de su abogado. De esta manera, la causa fue trasladada inmediatamente a la Defensoría General Azul para que allí se determine cuál de los defensores oficiales será designado para representarlo. La joven que lo denunció y que hoy tiene unos 26 años, creyó hasta el momento de llegar que ya la esperanza de justicia podría ser una realidad tangible. Pero los hechos, los mismos hechos que se vienen sucediendo desde hace años, se encargaron de demostrarle que las dilaciones son un mal que atraviesa la causa desde siempre.

Todo el mecanismo está armado para desamparar, una vez más a la víctima. Que sigue siendo revictimizada una y otra vez a lo largo de una década que, ni siquiera, le permite hacer el duelo por lo vivido. Esta vez debió viajar horas, gastar dinero en tiempos de bolsillos magros y encontrarse con la gran novedad de que todo era para nada al momento de llegar a los Tribunales.

El caso será ventilado (alguna vez, quién sabe) en el Juzgado en lo Correccional 2 de Azul, a cargo del doctor Héctor Torrens. Y la pena que podría recaer sobre Rivero oscila entre los 3 y los 6 años de prisión.

Previo a la audiencia de ayer había tratado de lograr la suspensión del juicio sin suerte alguna. Porque, a su vez, intentó los mismos argumentos que anteriormente le habían sido rechazados. Después de esos rechazos, devino la certificación médica.

Sin embargo, no sólo se produjo una nueva postergación sino que, además, se siguen protegiendo los bolsillos del ex fiscal, que continúa percibiendo el 60 por ciento de su sueldo. O, dicho de otra manera, las arcas del Estado están desembolsando mes tras mes entre 50 y 60.000 pesos para un fiscal que no ejerce como tal pero que, a la vez, al no ser destituido, impide que se convoque a concurso para la cobertura del cargo.

Erogaciones

La sociedad olavarriense y el Estado, aunque desde otra perspectiva, están siendo doblemente afectados. Por un lado, se están erogando más de medio millón de pesos anuales. Por otro, se priva a la ciudad de un cargo fundamental: el de quien instruye e investiga todos los hechos ligados a la conflictividad penal. Que afectan, en calidad de víctima o de victimario, a los más comunes mortales.

Un detalle que no se puede perder de vista tiene que ver con las erogaciones. Durante el mes de mayo, según estadísticas del Indec, una familia tipo necesitó 30.338 pesos de ingreso para no quedar por debajo de la línea de pobreza. Es decir, sin trabajar, un fiscal que no ejerce está cobrando el doble. Y, como para completar el panorama, el salario mínimo es hoy de 12.500 pesos mientras que la jubilación mínima es de 10.400 pesos. El sueldo de Rivero es entre cinco y seis veces más que estas otras cifras que abarcan a más de 20 millones de personas.

Las audiencias estaban fijadas para ayer y hoy. Todo arrancó el 14 de agosto de 2009 cuando Rubén Rivero llegó a la ciudad y juró como fiscal, trayendo alivio a un departamento judicial sumamente complejo y conflictivo. Que había dejado en el camino a varios fiscales por hartazgos, enfermedades y desencantos varios.

Veintiséis días más tarde se presentó una denuncia en su contra que, si bien no se tradujo -a diez años- en un juicio sí terminó definitivamente con su carrera activa dentro del Ministerio Público Fiscal y también del Poder Judicial. Una chica de 16 años, hija de un policía, también recibió un mazazo definitivo: nadie que pase por una experiencia como la que relató en su testimonio, agravado por residir en una típica ciudad del centro bonaerense en donde gran parte de la comunidad se conoce entre sí, puede quedar indemne. Habrá debido contar con mucho apoyo y contención afectiva y terapéutica para poder transitar lo vivido.

Procesados

Las cárceles están plagadas de detenidos sin proceso. Sin embargo, no todos han tenido la fortuna de Rivero de permanecer en libertad aunque en su contra pese una acusación que se relaciona con un delito grave. Que tiene que ver con el ejercicio del poder a partir de un cargo de peso dentro de estructuras del Estado de un hombre de 40 años por sobre una chica de apenas 16 años en un hecho calificado como de abuso sexual. Recientemente este Diario publicó estadísticas judiciales que arrojaban que Olavarría es el distrito con mayor cantidad de causas iniciadas durante el 2018 dentro del Departamento Judicial Azul. En la misma publicación se reveló que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se iniciaron más de 5.000 causas entre las cuatro fiscalías locales.

Esas fiscalías serían cinco si se hubiera podido convocar a concurso. Pero la década de postergaciones de la causa Rivero lo viene impidiendo. El hombre venía de una carrera policial en la Bonaerense y tras la denuncia y la suspensión recibida regresó a la capital provincial de la que había llegado.

Son muchas las conclusiones posibles para una historia de estas características. Resulta increíble pensar que un solo hombre que llegó con una valija de supuesto sosiego para un Ministerio Público atosigado de trabajo pueda haber roto en apenas veintiséis días con esos aires de esperanza. Desde entonces hasta ahora, entre enfermedades, renuncias y alejamientos nunca se logró completar el quinteto de fiscales. En donde los cuatro actuales no sólo deben ocuparse de los delitos cometidos dentro del partido de Olavarría sino que, además, deben atender los hechos ocurridos en Laprida y en La Madrid.

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