Edición Anterior: 13 de Agosto de 2019
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Dicho "sabotaje" habría ocurrido durante una medida de fuerza concretada en 2015
Confirman condena a un sindicalista por causar daños en un horno de la empresa Loma Negra
De esa manera, la Cámara de Apelaciones Penal y Garantías de Trenque Lauquen avaló la sentencia dictada por la jueza correccional Cecilia Desiata. El acusado deberá cumplir la pena de "cuatro meses de prisión en suspenso".
Luego de alrededor de 8 meses, la Cámara de Apelaciones Penal y Garantías de Trenque Lauquen confirmó el fallo de primera instancia donde se condena a un gremialista local por el "sabotaje" a un horno de la empresa Loma Negra, ocurrido en febrero de 2015, durante una medida de fuerza.

En un extenso fallo, dicha Cámara -integrada por los jueces Rafael Paita, J. Juan Manuel Gini y Guillermo Francisco Glizt-,dejó firme "lo resuelto por la titular del Juzgado en lo Correccional de la ciudad de Olavarría (Cecilia Desiata), en cuanto se condena a Julio Luis Salazar, a la pena de cuatro meses de prisión de ejecución condicional, sujeta a las reglas de conducta de fijar y mantener domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados de la ciudad de Olavarría por el término de dos años por considerarlo autor penalmente responsable del delito de daño simple".

A partir de los cuestionamientos realizados por la defensa del acusado, el juez J. Juan Manuel Gini analizó dos cuestiones. La primera si "son ajustados a derecho el veredicto y la sentencia" dictados por la jueza Desiata y en segundo lugar "qué pronunciamiento corresponde dictar".

En su análisis, el magistrado plantea que "se aprecia que la Dra. Desiata valoró de manera conjunta y armónica aquello relatado por el testigo Manteiga (responsable de Producción), quien tampoco se hallaba en la planta pero fue convocado aproximadamente entre las 22.30 y 22.45, y fue Oroquieta quien lo llamó para anoticiarlo, aclarándole que había inconvenientes con la medida de fuerza, pero que la fábrica no paraba, que seguirían trabajando con el personal fuera de convenio, pues el tipo de maquinaria que operaban no puede detenerse".

Luego de señalar varios testimonios en el mismo sentido, Gini determinó que "queda entonces conformado, a partir de lo señalado y ponderado por la Dra. Desiata, que la argumentación recursiva de la defensa no se adecua a la realidad procesal recreada en autos, pues no se aprecia (como lo sostiene la recurrente) que hubiere un apartamiento de aquéllo que surge de las declaraciones de tres sujetos que, explicando los motivos por los que se hallaban en la planta industrial y las funciones que cada uno de ellos desarrollaba, apreciaron de manera por demás clara la presencia del imputado en la misma y la puntual y específica acción que el mismo ejecutó para cumplir con el objeto de su presencia en el lugar".

Así, desestimó los planteos de la defensa de Salazar y señaló que "aquellas críticas que la recurrente formula y que el Dr. Miriuka reedita en la audiencia de mejoramiento del recurso ante éste órgano, relativas a la imposibilidad de avistar la maniobra que se atribuye a Salazar no poseen la entidad y la fuerza necesaria para enervar lo que claramente surge de los parlamentos de nada menos que tres testigos, a los que la propia Magistrada ha atribuido notas de credibilidad y sinceridad en sus intervenciones e incluso ha destacado la falta de contradicciones entre sus dichos".

De esa manera, "tengo en cuenta que, al respecto, tampoco la parte -ahora agraviada- ha desarrollado ninguna actividad procesal en orden a poner en tela de juicio las afirmaciones de los testigos en cuanto a la imposibilidad de avistar la maniobra atribuida a su asistido y que aporten -cuanto menos- alguna duda razonable acerca de la imposibilidad de avistar la maniobra desde dicha distancia".

En consecuencia, "estimo que la apreciación de la prueba por parte de la Magistrada a los fines que lo ha formulado ha sido adecuada y sin recurrir a elucubraciones o sensaciones personales, sino que su pensamiento se halla en absoluta sintonía con aquello que fluye de las intervenciones de los testigos, que claramente y sin lugar a dudas, han puesto en cabeza de Salazar la acción atribuida por el Ministerio Público Fiscal, y de la cual derivara el daño a las instalaciones".

En definitiva, "es de hacer notar que la mera discrepancia personal de quien recurre no habilita el re examen del material probatorio, pues corresponde al Tribunal de juicio la apreciación del valor probatorio de las piezas de convicción recolectadas durante dicha etapa y del grado de convencimiento que aquéllas puedan producir, conforme las reglas de la sana crítica, salvo la constatación de una situación de absurdo o arbitrariedad que lo deslegitimen. Así, en las antes referidas conclusiones a que arribó la Jueza de Grado no se advierte la existencia de vicio alguno de arbitrariedad o ilogicidad que descalifique su resolutorio como acto jurisdiccional válido, no demostrando tampoco su presencia el impugnante".


Cuestionamientos

La sentencia para el gremialista Julio Salazar había sido dictada en primera instancia a fines de noviembre de 2018 por la jueza en lo Correccional Cecilia Desiata, donde se lo condenaba a una pena de "cuatro meses de prisión en suspenso al delegado gremial de AOMA" por ocasionar supuestos daños a un horno de la fábrica L’Amalí durante el transcurso de una medida de fuerza concretada en el año 2015.

A fines del año pasado, los voceros del sindicato habían anticipado ese fallo sería apelado y manifestaban dudas sobre la lógica que lo impulsaba. "Que una jueza termine dando una pena inferior a la mínima prevista quiere decir que está todo muy ilógico, porque no hay pruebas, no hay nada; no han presentado absolutamente nada, sólo se basan en testimonios de personal jerárquico, que son los responsables de cómo se venía rompiendo el horno y que se venía parando, porque hay 21 paradas del horno anteriormente a la supuesta denuncia que hace Loma Negra hacia nosotros", advirtieron sobre el controvertido fallo.

En ese sentido, el abogado Ignacio Aramburu, en representación de la empresa Loma Negra, había pedido una pena de un año; la fiscal Viviana Beytía había solicitado una pena de seis meses; y la defensa del gremialista, su absolución. "Termina en una supuesta pena porque supuestamente fue algún delegado o algún trabajador pero le dan algo mínimo y en el descargo de la jueza no hay ningún fundamento de en qué se basa y ella misma nos dio todas las cosas para que apelemos", habían afirmado meses atrás.


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