Edición Anterior: 19 de Septiembre de 2019
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Los empleados enviaron telegramas a la empresa para que "ratifique o rectifique" los ceses
Musimundo: confirman audiencia para el lunes a las 11 en la delegación del Ministerio de Trabajo
Pese a la situación de la empresa, los 7 despedidos no contaban con indicios del imprevisto cierre de la sucursal y permanecen hasta el momento en un cuadro de incertidumbre. "A quien primero se descarta es al trabajador", lamentaron desde el CECO.
Las iniciativas desplegadas desde el gobierno nacional para aminorar el impacto de la crisis parecieran distar de ser efectivas, a juzgar por lo ocurrido durante la tarde del martes con los empleados de la empresa Musimundo, quienes en forma intempestiva vieron escurrirse sus fuentes de trabajo sin mayores explicaciones. Según revelaron ayer fuentes del Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO), los 7 trabajadores despedidos no contaban con indicios del inesperado cierre ni tampoco recibieron ningún tipo de argumentos por parte de la empresa.

De todas maneras, desde comienzos de 2018 la empresa se debió someter a un achique luego de haber entrado en concurso de acreedores y ese ajuste se tradujo en el cierre de 30 sucursales en distintos puntos del país. En muchos casos, los trabajadores se enteraron de la noticia al llegar al local para cumplir con su jornada de trabajo y encontraron las persianas bajas y carteles pegados en los vidrios con el anuncio del cierre de la sucursal.

María Alicia de Oliveira, secretaria de Asuntos Gremiales del CECO, quien instruye a los trabajadores sobre los pasos a seguir luego del subrepticio cierre, confirmó ayer a EL POPULAR que "son 7 los empleados y se cerraron las puertas ayer a la tarde".

Se enteraron de los despidos de una forma azarosa cuando "ellos entran a trabajar, se anoticiaron que había 2 gerentes regionales y les dijeron que estaban todos despedidos", quienes "les dijeron directamente ‘prescindimos de sus servicios’, sin avisar de otra manera", subrayó la dirigente en relación con el incumplimiento de los pasos formales en estos casos.

Con la premura del caso, "enseguida nos avisaron y estuvimos ahí para poder acompañar y aconsejarles qué hacer a los empleados. Estaban muy preocupados porque tampoco habían recibido los telegramas, entonces les aconsejamos los pasos a seguir".

Así, De Oliveira precisó que "hoy (por ayer) a la mañana, estuvimos haciendo los telegramas con los compañeros para que (desde la empresa) ratificaran o rectificaran el despido verbal y pedimos con carácter de urgente una audiencia en (la delegación local) el Ministerio de Trabajo, que está otorgada para el día lunes a las 11. Para que la empresa venga y diga qué es lo que pasó y cómo va a pagar las indemnizaciones y todo lo demás".

Pese a la situación financiera de la empresa, a los empleados "nunca les habían dicho nada. Solamente ellos se enteran el mismo día que a las 14 estaban cerrando otra sucursal en Tres Arroyos, que los mismos compañeros de allá les avisaron y entonces se pusieron en alerta también; ésa fue la única que tuvieron para enterarse de los despidos".

Por ese motivo, los trabajadores despedidos y sus familias se encuentran ante un panorama de total incertidumbre. "Hasta el momento, todavía no han recibido nada fehaciente de parte de la empresa. Todavía no sabemos nada sobre cómo se van a pagar las indemnizaciones. Esperemos que vengan al 100 por ciento, como pretendemos que sea, pero hasta que no lleguen las desvinculaciones no lo vamos a saber bien".

Como es lógico, "el ánimo de los empleados no es el mejor y la angustia nuestra de no poder hacer nada porque es una decisión totalmente arbitraria de la empresa aunque lamentablemente es una potestad que tiene la empresa de decir ‘cierro’, pero no de esa manera".

Así, se refirió al proceso comenzado en 2018, donde "me entero que son 27 sucursales que están cerrando en la provincia de Buenos Aires, incluido Capital Federal, con un promedio de 10 trabajadores por sucursal, así que estamos hablando de más de 270 familias que están sin trabajo".

De Oliveira evaluó que "es preocupante lo que estamos viviendo porque se trata de mucha gente que tiene sus proyectos y no puede concretar nada. Desde la empresa se han quejado siempre por el tema de los gastos fijos, que dicen que son monstruosos, pero a quien primero se descarta es al trabajador, que es el que primero se deja sin posibilidades".

Como consecuencia, "estamos muy mal con esa situación porque no es la primera empresa ni va a ser la última que estamos apoyando para que eso no pase pero lamentablemente tampoco el gobierno hace nada para que esto se revierta", finalizó la secretaria de Asuntos Gremiales del CECO.


Explicaciones

Según trascendió a mediados de este año, "Carsa, una de las empresas poseedoras del mayor capital accionario de la cadena de electrodomésticos Musimundo, no pudo pagar los intereses de una de sus obligaciones Negociables (ON) y se encuentra intentando renegociar nuevamente una abultada deuda con sus acreedores".

Cabe recordar que en 2018 "la empresa entró en concurso de acreedores y así logró renegociar su deuda con bancos y tenedores de ON. En esa difícil situación Musimundo cerró alrededor de 30 sucursales a nivel nacional, pero a partir de la renegociación habían prometido un camino de estabilización y recuperación".

Sin embargo, "la reunión de directorio de este 30 de mayo advirtió sobre ‘un faltante de caja 706 millones de pesos’ que la compañía no puede financiar con recursos propios ni con créditos bancarios".

Desde Carsa concluyeron: "Respecto a la viabilidad futura de la compañía consideramos que oportunamente se pondrá honrar los compromisos asumidos, siempre que se logre normalizar el abastecimiento, el cual permitirá continuar con la habitualidad del negocio".

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