Edición Anterior: 10 de Diciembre de 2019
Edición impresa // La Ciudad
Martín Capelli se aleja de la Defensoría del Pueblo con balance positivo pero muy crítico con las políticas de Gobierno
"Hubo un empobrecimiento y no únicamente en términos económicos sino en el acceso a derechos"
Siente que deja una gestión de "cercanía con el vecino, escuchando y atendiendo problemáticas de todas y de todos". En último día en la función, planteó que el organismo ha sido caja de resonancia en un año atravesado por los recortes y ajustes en medicamentos, ayuda social, acceso a derechos, créditos UVA desmedidos, Precios Esenciales a medias y una canasta básica de casi el 57%.
El balance es positivo en términos de gestión pero muy preocupante en cuanto al nivel de reclamos. Es que la Defensoría del Pueblo se ha convertido en caja de resonancia de los problemas que más afectan a los olavarrienses y el 2019 no ha sido el mejor año. Con recortes y ajustes en medicamentos, en ayuda social, en el acceso a derechos, de créditos UVA por las nubes, de Precios Esenciales que se cumplieron a medias y una canasta básica de casi el 57%. Martín Capelli ocupó el cargo de delegado en el organismo hasta ayer, según le informaron sus superiores, pero prefirió no brindar detalles con respecto a su paso al costado.

Sí dejó en claro que desde marzo de 2018 asumió "una gestión muy cerca del vecino, escuchando y atendiendo problemáticas de todas y de todos. Traté de construir con el ciudadano un vínculo de cercanía haciendo más accesible el acceso al Estado. Canalicé responsablemente y estuve muy cerca de los sectores más desprotegidos". Y que en el retiro recoge "una experiencia enriquecedora desde lo humano y desde lo profesional".

El 2019 ha sido un año complejo y duro, caracterizado por "los recortes y el ajuste por parte del Gobierno nacional y provincial" que se vieron reflejados en los reclamos de la delegación.

Enero y febrero registró el "recorte de medicamentos a personas que históricamente los había recibido, o personas con discapacidad a las que le quitaron determinados beneficios o que no categorizaban para acceder a pensiones no contributivas. También se vieron afectados beneficiarios de tarifa social de diferentes servicios", precisó Capelli.

¿El motivo? "Hubo un entrecruzamiento de datos del Estado que indirectamente o, mejor dicho, apuntó a recortar el acceso a derechos a estos sectores sociales", indicó el funcionario.

A eso se le sumaron los planteos por los créditos UVA. "Recibimos a muchos tenedores individuales y a grupos de personas, incluso a un grupo de autoconvocados, que nos manifestaban situaciones cada vez más preocupantes, con cuotas que mes a mes les subían y repercutían en el capital final, con situaciones desesperantes para la economía familiar".

Desde el organismo se hicieron gestiones y se logró congelamiento de la cuota hasta diciembre pero "el Gobierno no tomó ninguna medida en relación con el capital, con lo cual no deja de ser un parche" cuando el Gobierno debería "tomar una decisión final sobre el capital porque son créditos a 20 o 25 años, que están destrozando la economía familiar de la clase media", sentenció Capelli.

También fueron ejes de reclamo

Desde la Defensoría del Pueblo a nivel local se hizo un relevamiento del programas Precios Esenciales que "nunca funcionó porque la idea con la que fue pensado en la practica no se materializó: no había productos anunciados, las segundas y terceras marcas no llegaban a Olavarría, no tenían stock suficiente y había tope a productos básicos como la leche. No funcionó", aseguró el profesional.

Asimismo desarrollaron un seguimiento de la canasta básica y de octubre 2018 a octubre 2019: "en un año el aumento fue del 56,81%, sumamente gravoso porque hablamos del acceso al alimento", señaló Capelli.

Otro eje de protesta que llegó a la mesa del organismo fue el nuevo sistema de estacionamiento medido, de los "vecinos que viven en centro y microcentro, de comerciantes, de frentistas y del grupo de Comerciantes Unidos. Con ellos y con funcionarios mantuve reuniones para ver cómo abordar y amoldar para que no fuera tan gravoso. Se logró una baja del horario de las 20 a las 18 para favorecer el consumo y 10 minutos de tolerancia", ejemplificó.

En relación a los pedidos colectivos, mencionó el reclamo de los habitantes del barrio Paulownia y de los vecinos del corsódromo, además de agrupaciones y batucadas: "todos buscan los mismo, una mejor convivencia, que llegó a manos del Intendente, de funcionarios y al Concejo".

Otro planteo importante fueron las licencias de conducir para adultos mayores, a los que "les resulta muy engorroso acceder, sienten destrato. Hicimos las gestiones para que se cumpla con las normativas pero se exija un trato diferenciado".

Finalmente, hubo casos individuales de quejas contra el Municipio, reparticiones públicas o empresas prestatarias de servicios luz, gas y agua que fueron canalizados.

"El fracaso de las políticas"

En síntesis, en la Defensoría "se vio el fracaso rotundo de las políticas económicas y sociales aplicadas por el gobierno nacional y provincial que agudizaron la situación que venía dando, a los sectores más desprotegidos y vulnerables: jubilados, niños y niñas, personas con discapacidad y de clase baja y media baja. No fueron los únicos. También la clase media se empobreció y no únicamente en términos económicos sino un empobrecimiento de acceso a derechos", sentenció el doctor Martín Capelli.

A su entender, lo preocupante es que "la clase media dejo de acceder a ciertos bienes y servicios a los que históricamente había accedido, por lo menos en los últimos años. Y hubo un aumento brutal del 56,81% de la canasta básica, que es acceder a los alimentos" cuando "los sueldos en ningún caso tuvieron ese porcentaje de aumento".

Por lo tanto, el impacto del encarecimiento del costo de vida fue aún mayor con "la suba del transporte, la suba del alquiler, los créditos hipotecarios, los prendarios, el aumento de la nafta, el acceso a la educación, a la ropa, que hizo que la clase media y media baja se haya perjudicado notoriamente y se vean los efectos que estamos padeciendo", concluyó el hasta ayer delegado de la Defensoría del Pueblo en Olavarría.

Además de la carga pública, el doctor Martín Capelli ejerce la profesión de abogado y continuará haciéndolo. Su reemplazante en el organismo bonaerense aún no se dio a conocer.

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