Edición Anterior: 26 de Enero de 2020
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El nuevo protocolo en la visión de la Lic. Silvia Rodríguez, referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva
Acceder a la I.L.E., "cuidando la intimidad, la confidencialidad y la privacidad" de la gestante
Para acceder a la Interrupción legal del Embarazo (ILE), las personas gestantes sólo deberán pedirla y cumplir con dos requisitos: dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que afirme que su situación está entre los casos comprendidos por la ley para la intervención.

Entre el pedido y la realización de la práctica no pueden pasar más de 10 días "corridos"; la decisión de quien pide el aborto "es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas". La práctica, además, puede realizarse de manera medicamentosa o mediante procedimientos instrumentales.

Siempre, claro está, "cuidando la intimidad, priorizando la confidencialidad y la privacidad de la gestante, facilitándole los distintos pasos para que no tenga que estar explicando (en cada sector y) a todos lo que le está sucediendo", afirmará la licenciada en Enfermería Silvia Rodríguez, referente del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva que funciona en el Hospital "Dr. Héctor Cura".

"Básicamente -argumenta la profesional-, este protocolo para atención integral de las personas con derecho a la ILE al que acaba de adherir la provincia de Buenos Aires incorpora los conceptos del (nuevo) Código Civil y Comercial de 2015 en cuanto a la autonomía progresiva de niñas y adolescentes (ver aparte)".

En Olavarría, con el antecedente de una normativa de salud sexual y reproductiva aprobada en 2010 por el HCD, el programa se puso en funcionamiento dentro del ámbito de la salud pública en el primer tramo de la gestión de Ezequiel Galli. Uno de sus puntales era -y es- garantizar la Interrupción Legal del Embarazo dentro de los marcos que establece la ley, relacionadas con lo biológico, con la salud psicológica, social y familiar de la gestante. "Hemos atendido varios casos en estos cuatro años: en su momento con menos cantidad, ahora con mayor exposición del Programa también por la cuestión del protocolo que tuvo tanta visibilidad en los medios, es como que le da otra entidad a este servicio o a este derecho que tenemos las mujeres a solicitar una práctica que sea garantizada por el Estado", asume Silvia Rodríguez.

Cómo llegar

El protocolo para atención integral de las personas con derecho a la ILE no es una isla, "sino una guía de trabajo enmarcada en un programa que, por un lado, busca garantizarle los métodos anticonceptivos a la población, y, en este contexto, también garantizar la ILE cuando chicas y mujeres la solicitan", advierte la Lic. Rodríguez.

El programa a su cargo integra un organigrama de trabajo que articula "la Atención Primaria de Salud con el segundo nivel, que sería el Hospital. ¿Por qué? Porque Atención Primaria abarca prevención y promoción y allí se absorben los controles (sanitarios) de la población. Ahí atienden a todas las mujeres y las mismas médicas o médicos que las reciben son las que toman el primer contacto con estas situaciones". Puede suceder entonces que antepongan el instrumento de la objeción de conciencia (para el cual deberán estar inscriptos en un registro habilitado ante Salud), "pero eso no implica que no estén obligados a darle a la paciente toda la información indispensable para acceder a la ILE". De esa manera, la persona gestante que anteponga las causales legales, accederá a la oficina que funciona en el Hospital y "acá lo que hacemos es acompañar a la mujer llevándola a una médica ´amigable´, o al médico en el segundo nivel si fuera un embarazo mayor a 12 semanas, o que tenga una patología o cualquier otro trastorno que requiriera de ese segundo nivel".

En el marco del programa se toman el cuenta el protocolo y la guía de procedimientos, por lo que "se hacen algunos estudios complementarios, para poder comprobar el embarazo, de cuántas semanas es y determinar la fecha última de menstruación". Con esos datos, se deriva a la médica "amigable" de la sala, entendiendo por "amigable" a quien "estamos seguros de que no es objetor de conciencia", o sea evitando situaciones de rechazo o maltrato.

En estas circunstancias, "tratamos de evitar la vulneración de los derechos de la mujer y las demoras". Claro que "teniendo en cuenta las cuestiones inherentes a la atención de la consejería, que son los principios rectores: que la persona tenga accesibilidad a la interrupción, que tenga los principios de autonomía, que cumpla con los principios de la bioética, todo dentro del marco normativo, que tenga una transparencia activa, o sea que los profesionales y las autoridades de Salud Pública le suministren la información disponible".

Así, se va construyendo un camino más sencillo para que la gestante sepa con quién se va a encontrar, a qué hora y en que sitio preciso "para que la mujer no deambule. La accesibilidad es eso: ponerle todas las cuestiones ordenadas para que la mujer no tenga que dar explicaciones a cada uno que la atiende lo que tiene que hacer. Porque, más allá de la seguridad y la calidad de la atención, hay que cuidar la intimidad, confidencialidad y la privacidad de las personas gestantes que se acercan a esta situación" cuando, en algunos casos, han sido víctimas de violación o de violencia de género.

"Hay que actuar con celeridad, sin judicializar las cuestiones. Porque a veces, aunque la mujer diga que está en un contexto de matrimonio o pareja estable y expresa que tiene una relación no consentida, nosotros ya lo interpretamos como una violación. Y en el caso de las menores de 13 años, por más que refieran que tiene una relación, también es una violación. Y eso es importante a la hora de dar la respuesta más segura y rápida".

Los involucrados

En el sistema sanitario local no existe un equipo "consagrado" a las prácticas de ILE. Sí una Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, integrada por médicas, enfermeras y un grupo de profesionales que comparten "una perspectiva de género, de derecho y autonomía instaurada ya en el propio accionar de todos los pacientes, no sólo en el protocolo ILE", definirá la profesional.

Un pedido de aborto o interrupción legal involucrará también al Servicio de Diagnóstico por Imágenes donde se hacen la ecografías; al Laboratorio de Análisis y también a los profesionales de Ginecología, "cuando es un caso particular y tienen que dar respuesta dentro del sistema segundo nivel", así como al equipo de psicólogas de Salud Mental, el Servicio Social hospitalario y las trabajadores sociales del Servicio Local, todos partícipes del acompañamiento y atención a esta poblacion o grupo de personas que necesitan una interrupcion de embarazo.

Estas prácticas "se vienen haciendo desde el comienzo, y nosotros vamos actualizándonos a medida que el Ministerio va actualizando los procedimientos, de la mano de los avances científicos" aunque, entiende Silvia Rodríguez, "esta es una cuestión de garantizar derechos, entre ellos los reproductivos, filtrada por los principios morales y éticos de las personas, por los prejuicios personales de cada cual. Pero en definitiva, la guía de procedimientos y el protocolo vienen a dar respuesta a un problema social que tenemos hoy, que es la interrupción del embarazo, el derecho que tenemos las mujeres a solicitarlo y a que sea garantizado por el Estado".




Los diferentes protocolos


Aunque no es el dato más conocido, la Interrupción Legal del Embarazo por causales como violación o riesgo de salud de la madre existe desde 1921 en nuestro país. A partir de allí, los diferentes gobiernos han ido actualizando los protocolos y guías de procedimientos para su abordaje.

En 2007, y siempre en el camino de asegurar una mayor contención y mejor calidad de atención para dar respuesta a la atención de las personas gestantes -reseña la Lic. Rodríguez- se difundió "una guía para los profesionales, para los equipos de salud indicando que se debía cumplir efectivamente con los postulados del articulo 86 del Código Penal acerca de las causales o los supuestos donde tienen que intervenir y dar la respuesta a las mujeres sobre ese derecho vulnerado que no se estaba haciendo".

En 2012 se elaboró un nuevo protocolo, incorporando el Fallo FAL de la Corte Suprema para acceder a este derecho en cualquier hospital. Se basó en el caso de una chica de 15 años, abusada, que llegó a la judicialización, un camino innecesario. La base de ese nuevo protocolo era recordar que no hace falta una denuncia judicial, con tan solo una declaración jurada afirmando que el embarazo es producto de un abuso sexual, la institución debe garantizar obligatoriamente el acceso a una ILE. "Además -explica la profesional-, actualizó y reinterpretó algunos puntos donde la ley hace referencia a personas con enfermedades de salud mental o con discapacidad. Y dictaminó que independientemente de tener o no una dolencia incapacitante, todas las mujeres que sean expuestan o tengan un embarazo no consentido, son mujeres violadas". Ese mismo año, se estableció que los plazos de atención no pueden ser mayores a los 10 días.

Tres años después, en 2015, un nuevo protocolo incorporó "la perspectiva de género, así como los procedimientos médicos más acertados y seguros para la atención de la mujer, como la administración de la medicación y la indicación de dejar de lado el Legrado (un raspado) y optar por la AMEU como práctica para garantizar seguridad". La AMEU es la aspiración endouterina temprana; es una aspiración suave que no interfiere con el útero de la mujer, "entonces es mucho más saludable. Por eso se apunta a fortalecer esta práctica en la atención primaria. Es ahí donde inicialmente se tiene que hacer", había explicado la doctora Alejandra Capriata en una entrevista anterior.

La práctica in situ del procedimiento, el consentimiento informado y la reconfirmación de "que la mujer con el sólo hecho de decir que ese embarazo fue producto de una relación no consentida y una declaración jurada al respecto que se incluye en la historia clínica, se accede a la práctica. No hace falta que nadie tenga que autorizar la palabra de una mujer", afirma Rodríguez.

El nuevo protocolo del ahora nuevamente ministerio de Salud trae nuevos aires a profesionales de la salud y a mujeres en condiciones de acceder a una ILE. "Incorpora el Código Civil y Comercial, con el tema de la autonomía progresiva de niños y adolescentes y personas con capacidad de gestar", e indicaciones particulares del abordaje de los grupos de menores de 13 años, otro que comprende a los ubicados entre 13 y 16 años y los situados por encima de los 16. El protocolo incluye un capítulo referido a la situación del aborto en la Argentina, el marco jurídico, las causales y circunstancias, el abordaje de los equipos de salir, la consejería, los procedimientos in situ, los métodos anticonceptivos posteriores a la práctica y todos los criterios médicos a ser tenidos en cuenta.




Contacto


El Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva tiene su propia oficina en el Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura". Su referente es la licenciada en Enfermería Silvia Rodríguez y el contacto telefónico puede efectuarse al teléfono 440800 - Interno 2338, o por mail, a [email protected] ó [email protected]


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