Edición Anterior: 16 de Febrero de 2020
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Un fallo unánime de la Corte Suprema otorga a reconocerles el derecho a las asignaciones por embarazo y la AUH
Son 2200 las mujeres presas en la provincia y unos 63 niños por mes viviendo en cárceles
El fallo de la Corte que obliga a la Anses a abonar a las mujeres detenidas sus respectivas asignaciones volvió a poner en debate la situación en las cárceles. Hay 1741 encerradas más 468 con monitoreo electrónico. Y 63 niñas y niños viviendo con sus madres en las unidades penales.
Claudia Rafael

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Entre 2015 y 2019 hubo un promedio mensual de 63 niñas y niños viviendo en unidades penitenciarias provinciales. Es decir, con menos de 4 años, que es la edad tope para crecer muros adentro. Así lo planteó a este diario Roberto Cipriano García, abogado y secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. En un territorio en que la población carcelaria es –con datos actualizados al 30 de diciembre último- de 1741 mujeres, 109 de ellas en la unidad 52 de Azul. Al total se deben sumar otras 468 con monitoreo electrónico, que constituye un 21 por ciento del total de mujeres detenidas.

No es casual, entonces, que la revisión de los criterios de encierro en el caso de mujeres embarazadas o con hijas o hijos en la cárcel sea uno de los principales reclamos del organismo para la descomprensión de la población en unidades penitenciarias. En ese sentido, apunta a que "aliviar la situación de sobrepoblación en las cárceles requiere de reformas estructurales y para ello resulta necesario revertir la política criminal de persecución y sobre-encarcelamiento de los eslabones más débiles del delito". No se puede perder de vista tampoco que el mayor número de detenidos continúa englobando el vasto universo de los procesados. Es decir, sin condena firme.

Esta semana se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia que reconoce el derecho de las mujeres detenidas con sus hijos o embarazadas a percibir las asignaciones. Se trata de la Asignación Unica por Embarazo (AUE), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación familiar para aquellas que realizan trabajo muros adentro. Y no fue por mayoría sino por unanimidad la determinación que revirtió así la postura hasta ahora sostenida por la Anses. Y que generalizó el acceso a todas y no sólo para las mujeres detenidas en la Unidad 31 de Ezeiza, que son las que presentaron el reclamo.

Sin embargo, hasta ahora se sostenía que las necesidades de las mujeres y de sus hijos estaban cubiertas por la estructura del Servicio Penitenciario Bonaerense. Tema absolutamente cuestionable teniendo en cuenta las condiciones de detención y los niveles de hacinamiento. A lo que se suma la restrictiva perspectiva de que las personas detenidas (ya sean procesadas o condenadas) pierden, así, cualquier derecho. La abogada Claudia Cesaroni planteó en este sentido que hay que aclarar –aunque parezca obvio- "que un niño o una niña que quieran comer un yogur, una fruta fresca o una carnecita rica tienen derecho a hacerlo, aunque su mamá esté acusada de un delito, o incluso condenada. Es tan obvio, pero hay que aclararlo. Y garantizarlo".

Son, en todo el país y según un informe de Procuración Penitenciaria de la Nación, unos 146.000 niñas y niños los que tienen, al menos, un padre o una madre presos. Y hay un dato que no es menor: en el 62 por ciento de los casos la persona detenida era la que generaba el aporte económico básico para la manutención familiar. Con lo cual –si se suman además los múltiples gastos que implica la asistencia y provisión de necesidades del familiar detenido- se torna mucho más dificultosa la continuidad de la estructura familiar.

Mulas

La mayor parte de las mujeres privadas de la libertad lo están por delitos con penas bajas. De ellas hay un gran número –entre el 60 y el 70 por ciento del total- que terminó detenida por infracción contra la ley 23.737 ligada a "tenencia y tráfico de estupefacientes". Y la absoluta mayoría cometió delitos no violentos e infracciones de menor escala. Un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) describe que "muchas mujeres habitantes de barrios pobres, con hijos/as a cargo, se involucran en la venta de drogas como estrategia de supervivencia". Y el Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires analizó los partes policiales de detenciones de mujeres que comercializaban y describió historias reiteradas como las dos que siguen:

-"Profesión ama de casa. Al momento de su detención vivía sola con sus hijos de 16, 10 y 8 años respectivamente, con la ayuda del Plan Social Jefes y Jefas de Hogar. Residía en una vivienda de un solo ambiente separado por muebles."

-"La imputada residía sola junto a sus tres hijos de 7, 13 y 15 años. Casilla con paredes de madera. Techo sólo de chapa, piso de cemento alisado."

Se trata de las popularmente llamadas "mulas" y –tal como describe el CELS- su detención no sólo no afecta significativamente al narcotráfico sino que, "en el caso de quienes tienen familias a cargo, provoca además daños en las condiciones de vida de otras personas, en particular de niñas y niños".

Crianzas

La Procuración Penitenciaria de la Nación en su informe advierte que "a la hora de analizar quién se hace responsable de los niñas, niños y adolescentes una vez que sus progenitores son detenidos, se observan importantes diferencias según se trate del encarcelamiento de su padre o su madre". En el 84 por ciento de casos de varones presos, sus hijos o hijas están a cargo de las madres. Sin embargo, sólo en menos del 20 por ciento de mujeres detenidas los padres crían a sus hijos e hijas.

Una vez cada tanto, se recuerda social y mediáticamente la existencia de mujeres embarazadas o con hijas e hijos muy pequeños dentro de las cárceles. Se recuerda a raiz de fallos como el de la Corte Suprema que decidió unánimemente que siguen teniendo derecho a las asignaciones a pesar de estar encarceladas. O bien, se recuerda por episodios puntuales como el del 1 de enero pasado cuando a las 00.01 nació la bebé de una mujer presa en la cárcel de Los Hornos. Y el Servicio Penitenciario Bonaerense difundió sus fotos porque no hay nada más viral y empático que el primer bebé del año y, encima, hijo de una mujer entre rejas.

No es casual entonces que la Comisión Provincial por la Memoria plantee que "todas las madres y embarazadas tienen que estar con arrestos domiciliarios porque no hay instalaciones adecuadas para ellas. Siempre hay problemas con el tratamiento, no se les hacen los controles sistemáticos ni periódicos, ni se les da el hierro necesario durante el embarazo". Así lo definió Roberto Cipriano García.

Hay pinturas sociales como las que, en la temática, ofrece Claudia Cesaroni. "En la inmensa mayoría de los casos, son mujeres en situación de pobreza. Deben hacerse cargo de sostener a su familia y no pueden salir de sus casas. ¿Cómo se supone que lo puedan hacer? Cualquiera que tenga hijas o hijos lo sabe: te llaman de la escuela porque se cayó o le duele la panza o tiene fiebre. Una mujer en arresto domiciliario no puede, como cualquiera de nosotras, salir corriendo a buscarlo".

Y en la misma línea agrega que "tampoco puede llevarla al médico o participar en una reunión en la escuela. Está encerrada en su propia casa, tiene que pagar todos los servicios, conseguir alimentos, ropa y útiles para sus hijos y no puede salir. Y, en la mayoría de los casos, hablamos de personas procesadas. O sea, hablamos de personas inocentes. El arresto domiciliario, por increíble que parezca, a veces termina resultando más restrictivo de derechos que la propia cárcel. Y eso es inaceptable. Por eso, hay que pensar en soluciones específicas para estas mujeres.

Que puedan trabajar dentro de sus casas, para que no sean tentadas con algún comercio ilegal -lo único disponible para mantener a sus familias-. Que puedan acceder a todos los derechos que les corresponden. Por ejemplo, la tarjeta alimentaria, o cualquier otra política pública".

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