Edición Anterior: 12 de Abril de 2020
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Penal de Sierra Chica: más de un centenar de internos accedió al arresto domiciliario
En el marco de la emergencia sanitaria, la Procuración General y el Tribunal de Casación Penal de la Provincia adoptaron medidas para reducir el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles bonaerenses. La población en riesgo, las mujeres embarazadas y los niños.
En el marco de las medidas para prevenir el contagio del Coronavirus, a mediados de marzo el procurador general Julio Conte Grand ordenó a defensores y fiscales que evalúen y se expidan sobre la posibilidad de internos que estén en condiciones de acogerse al arresto domiciliario y sean personas en riesgo. De manera similar, días atrás el Tribunal de Casación Penal bonaerense dispuso ordenar esta medida para todos los presos "en riesgo de contagio por coronavirus" alojados en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento en el Complejo Penitenciario de Sierra Chica otorgaron esta morigeración a 112 reclusos.

En la resolución del pasado 16 de marzo, el Procurador General instruyó a los defensores oficiales que procedan a la inmediata evaluación de la pertinencia "del requerimiento de medidas de prisión con detención domiciliaria, así como de morigeración de la prisión preventiva o sus alternativas respecto de sus defendidos privados de la libertad que, de acuerdo a los criterios epidemiológicos vigentes y las razones de salud pública involucradas, requieran una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el COVID-19".

En la misma línea se instruyó a los agentes fiscales que, al momento de evaluar requerimientos de medidas de prisión con detención domiciliaria, "evalúen prioritariamente (...) los casos de quienes requieren una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el COVID-19". En el artículo 4 de la misma resolución además se solicitó adoptar medidas para proteger en este contexto a niños alojados junto a sus madres privadas de la libertad y que se requiera "su inmediato retiro del ámbito de encierro durante la emergencia sanitaria".

En este marco, EL POPULAR pudo saber que hasta la semana pasada la Justicia benefició con esta morigeración a un total de 112 internos que se encuentran alojados en el Complejo Penitenciario de Sierra Chica, y tienen domicilio en diversos distritos de la Provincia. De manera específica se consignó que se trata de 17 internos que se están detenidos en la Unidad Nº 2 de máxima seguridad, 53 de la U38 y 42 presos de la Unidad 27, que es de régimen abierto y semiabierto.

En contacto con representantes del Ministerio Público Fiscal en Olavarría este Diario pudo saber que desde que inició la emergencia sanitaria los agentes fiscales se encuentran abocados a la evaluación de los pedidos de hábeas corpus de presos por causas que sean de su injerencia y su posterior solicitud a los juzgados correspondientes.

Hábeas corpus

Por otra parte, la semana pasada el Tribunal de Casación Penal bonaerense resolvió otorgar la misma medida a las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, y mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. En tanto que para los grupos de riesgo que hubieren cometido delitos graves, estos casos deberán ser analizados por cada Juzgado o Tribunal.

A su vez, la resolución encomienda a "los jueces de garantías, jueces correccionales y Tribunales en lo Criminal la evaluación de oficio de las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, siempre considerando los intereses de las víctimas", indicó la Comisión Provincial de la Memoria (CPM). Esta entidad acompañó como amicus curiae al hábeas corpus colectivo presentado por los defensores generales de todos los distritos de la provincia que requerían que se tome este tipo de medidas, en línea con la recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el fallo se reconoce "la gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención"; y se plantea que "a los efectos de contener la pandemia, deben instrumentar medidas alternativas a la prisión o reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo".

Se espera que en un principio esta resolución alcance a unos 500 internos de los 50 mil que están alojados en las cárceles bonaerenses. El mismo documento que lleva la firma del vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, reitera la prohibición de mantener alojadas en comisarías a personas mayores de 65 años de edad y podría ampliarse a otros tipos de delitos, pero no están incluidos quienes estén procesados por hechos como violación, homicidio, robo agravado y realizados en contexto de violencia de género.

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