Edición Anterior: 25 de Mayo de 2020
Edición impresa // La Ciudad
Superan 160 las instituciones reconocidas en todo el país, pero hay muchas más
Los talleres protegidos piden ayuda al Estado para poder seguir funcionando
El pedido va por tres frentes: nacional a través de la Red de Talleres Protegidos, provincial a partir de la Federación que los nuclea, y local con una presentación que realizarán al HCD. Reclaman financiamiento para poder sostenerse, también piden por las becas que les llegan a los operarios y por la vigencia de la Ley de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
Con sus puertas cerradas prácticamente desde que comenzó la pandemia en el país, los talleres protegidos afrontan una realidad crítica que los llevó a tomar la decisión de realizar un pedido de ayuda al Estado en forma conjunta.

En el país hay reconocidos más de 160 talleres, pero los que funcionan superan esa cantidad. El pedido se realiza en tres frentes: al gobierno nacional a través de la Red de Talleres Protegidos, a la Provincia a partir de la Federación que nuclea a estas instituciones en territorio bonaerense, y al Concejo Deliberante.

En nuestra ciudad son tres las instituciones que cumplen con la función de contener y brindar fuentes de trabajo a aquellas personas con discapacidad. Talleres Protegidos cuenta con 70 operarios, Crecer Juntos tiene 40 personas que asisten a la entidad y Juntos por Vos (el más nuevo y que no cuenta con ningún tipo de subsidio) recibe a 18 operarios. Se sostienen, en algunos casos, con recursos estatales –aunque no son los suficientes- y suman sus propias producciones para poder sostener sus estructuras funcionando.

Ya antes de la pandemia, la realidad financiera no era de las mejores, pero el coronavirus y su consecuente necesidad de aislamiento agravó aún más las cosas.

Desesperados, con una situación que les preocupa y angustia; ahora decidieron oficializar el pedido de ayuda, visibilizar la situación que atraviesan y poner en la lupa de los funcionarios de todos los niveles la profunda crisis que atraviesan.

Así es que en la plataforma Change.org las instituciones del país elevaron una carta al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, solicitando financiamiento estatal.

Los talleres protegidos son entidades bajo dependencia de asociaciones civiles o fundaciones con personería jurídica, reconocidas como de bien público y sin fines de lucro. La finalidad es la producción de bienes y/o servicios y su planta está integrada por personas con discapacidad mental y/o intelectual.

Estas instituciones se enmarcan dentro del Programa de Apoyo a los Trabajadores de los Talleres Protegidos del Ministerio de Trabajo a través del cual el Estado –en algunos casos- asiste a los operarios con un incentivo de $3300 mensuales, una suma que definen como "simbólica".

Los talleres protegidos son empresas de la economía social y solidaria, gran parte asociaciones civiles fundadas por padres o familiares de personas con discapacidad que sostienen con mucho esfuerzo esta labor de sostener financieramente a esas instituciones.

En la nota plantearon que "las instituciones que gestionan esos emprendimientos productivos, salvo una Provincia, no recibe asistencia económica alguna por parte del Estado para hacer frente a sus obligaciones mensuales (sueldos, cargas sociales, pago de servicios, seguros, costos por mantenimiento de equipamiento o edilicio, etc.). Desde antes de la declaración de la cuarentena obligatoria que nuestras puertas están cerradas y nuestros trabajadores en casa cuidándose".

En la carta exponen la invisibilidad de la enorme tarea que desempeñan puertas adentro de cada taller. Y remarcan que "no tenemos recursos para sostenernos".

También a Provincia

Esta semana, los talleres protegidos del territorio bonaerense enviarán un pedido a la Provincia. Son casi 200 los que funcionan en este territorio y que se han unido "por la urgencia marcada por la aparición del Coronavirus. Situación que nos ha marcado una crisis institucional".

Lo que solicitan es "una ayuda extraordinaria" porque de lo contrario "muchas de las instituciones desaparecerán y como consecuencia, las casi 5000 personas con discapacidad quedarán sin su fuente de trabajo y espacio de apoyo, como así el personal de apoyo que trabaja en los talleres protegidos, (situación que perjudica a más 600 familias de nuestra Provincia)".

Piden que la Provincia adhiera a la Ley de Empleo Protegido y que en el presupuesto 2021 sea tenida en cuenta.

Mientras tanto, solicitan que el Ministerio de Salud "establezca un protocolo para todos los Talleres Protegidos de la Provincia en el que se contemple principalmente como será manejado el regreso de las personas con discapacidad a sus lugares de trabajo, cuando esto ocurra, desde ya nos ponemos a al servicio para colaborar con esta tarea".

Para volver a la actividad, piden "se tenga en cuenta proveer de esos elementos a los talleres o bien implementar una partida económica que nos permita hacer frente a ese gasto que ocasionará la prevención en nuestras instituciones".

De los casi 200 Talleres Protegidos, 177 se encuentran bajo el Convenio de Cooperación Técnico-financiero del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, por medio del cual se abona en concepto de apoyo económico a los trabajadores, un peculio y becas para la organización conveniada. Sin embargo, "el ingreso económico que tienen los talleres en concepto de becas ha quedado por debajo de lo necesario para llevar adelante las institución (gastos de organización, funcionamiento y alimentación)". También solicitan conveniar a aquellos que aún no están incluidos.

Finalmente, piden que se implemente un sistema de pago por medio de tarjetas de débito para los operarios –enmarcados dentro del grupo de riesgo- , que deben concurrir al Banco Provincia a cobrar.

En Olavarría

Como en las localidades de la Provincia, en Olavarría también visibilizarán la situación a través del HCD. Pedirán que "tenga la posibilidad de elevar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires" la adhesión al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y su Decreto Reglamentario. Y que se eleve al Gobierno nacional "la solicitud de que se ponga en vigencia esta Ley en su totalidad".

Con esta nota, solicitarán al intendente Ezequiel Galli que acompañe este petitorio.

El mes pasado, EL POPULAR dialogó con quienes están al frente de los tres talleres protegidos que hay en la ciudad. Su situación no escapa a la realidad de todas estas instituciones. Incluso, a muchos se les hacía cuesta arriba poder mantener la institución ya antes de la pandemia. Definían, entonces, una realidad "angustiante".

En aquella oportunidad, Rosita Muia (Talleres Protegidos), Rosana Donegana (Crecer Juntos) y Miriam Diorio (Juntos por Vos) exponían a este Diario que a lo estrictamente económico se suma la ausencia de ese espacio de contención social y emocional que representan estas instituciones.

"La situación es gravísima", sintetizaba Rosita Muia. Y contaba que en Talleres Protegidos hay chicos "con todo tipo de discapacidad mental, física, motora, no videntes, hipoacúsicos… Algunos casos son severos. Socialmente necesitan muchísimo apoyo y nos preocupa la continuidad porque no tenemos dinero para pagar personal. Nosotros producimos".

A Talleres Protegidos llega un subsidio provincial de 106 mil pesos por mes y le pagan a cada operario 1550 pesos. Con muchos compromisos que afrontar, "si nosotros no generamos nada, los talleres en sí tienden a desaparecer", decía.

En Crecer Juntos la realidad no es diferente. Rosana Donegana planteaba un panorama angustiante. El taller recibe 1300 pesos por operario, pero llevan meses sin producir, con sus máquinas industriales paradas.

Juntos por Vos, por su parte, es uno de los talleres más nuevos y, como tal, "todo nos cuesta un poco más", exponía Miriam Dirio. Sin apoyo estatal, la mayoría de sus ingresos provenían de distintos eventos en los que participaban vendiendo sus producciones, algo inimaginable de hacer en medio de esta pandemia.

"No sabemos cómo seguir", declaraba hace unas semanas.

Ante esta situación, para afrontar la grave crisis "estamos vendiendo nuestras bolsas a los supermercados de la ciudad. Hemos empezado esa cadena de venta que es importante. También enviamos delivery sin cargo de macetas y bolsas que la gente nos encarga", dijo Miriam Diorio.

En estos días se sumó otra preocupación. Se vence el contrato de alquiler de la casa donde funcionan (en Brown al 2600 y "no sabemos adónde ir", aseguró la titular de Juntos por vos ante la incertidumbre de no poder afrontar un compromiso de pago a los valores actuales.

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