Edición Anterior: 2 de Julio de 2020
Edición impresa // La Ciudad
El Intendente pide al máximo tribunal bonaerense que intervenga en la cuestión
Discriminación: el Municipio llevó su reclamo formal hasta la Suprema Corte
La decisión de localidades vecinas de impedir el ingreso de olavarrienses pasó de la polémica en las redes sociales a un expediente judicial que ya está en poder de la cabeza del Poder Judicial bonaerense.
EL POPULAR accedió anoche al detalle de la presentación que el intendente Ezequiel Galli realizó el último lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Con la representación de Marcelo Fabbi, subsecretario de Asuntos Legales de la Municipalidad de Olavarría, el gobierno local llevó al ámbito judicial una queja que el jefe comunal ya había hecho pública, en reiteradas ocasiones, tanto por la vía de las redes sociales como en sus últimas apariciones en conferencias de prensa.

Pero ahora, el reclamo de la ciudad contra municipios cercanos que impiden el ingreso de olavarrienses debidamente habilitados para circular y trabajar es formal. Y ya se encuentra a la espera de una resolución de nada menos que la cabeza del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Olavarría esgrime un conflicto de poderes y dirige su acción contra los municipios de "Laprida, Bolívar, Coronel Suárez, Daireaux, Benito Juárez, Saavedra, Hipólito Yrigoyen, Coronel Pringles, y Tapalqué".

Allí solicita al tribunal que declare la existencia de conflicto de poderes y "el inmediato cese del exceso de competencia perpetrado por los municipios requeridos, el cual deviene ilegítimo y a su vez impacta en el normal funcionamiento del municipio de Olavarría y en los derechos de sus habitantes".

La extensa presentación, caratulada como "Municipalidad de Olavarría c/ Municipalidad de Laprida y otras s/ conflicto Art. 196 CP (entre distintas municipalidades)", incluye una petición bien concreta: "poner fin inmediato al exceso de competencia por la vía de hecho de parte de los Municipios requeridos, y que se les permita a los ciudadanos del Partido de Olavarría el ingreso y la libre circulación, se les permita trabajar y ejercer toda industria lícita en su territorio".

"Derechos violados"

"Es lo que se denomina una acción de conflicto de poderes, que está normada en el 196 de la Constitución Provincial; y en los artículos 589 y 690 del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense. Manifestamos que los municipios que no dejan ingresar a los ciudadanos olavarrienses a trabajar en sus distritos están teniendo un exceso de competencia en la atribución de sus poderes", explicó anoche Fabbi a este Diario.

"Hay derechos constitucionales como el de libre circulación y el de trabajo, previstos en el artículo 14, que están siendo violados. Aunque esos derechos han sido acotados o de alguna manera restringidos en el marco de la pandemia, estamos hablando de casos que cuentan con los certificados únicos habilitantes del andamiaje que han hecho tanto Nación como Provincia. Y acá, por una vía de hecho, estos municipios se exceden en esa atribución de competencia y discriminan a ciudadanos olavarrienses por el simple hecho de su domicilio en el DNI", remarcó el funcionario.

Ante la Suprema Corte, el Municipio de Olavarría acusa a sus vecinos de haberse "limitado a impedir el paso de ciudadanos olavarrienses por la mera verificación de su origen, incurriendo en una discriminación absurda e incausada. Efectivamente, no existe un protocolo para verificar el estado de salud de los viajantes, ni una comunicación con el área de epidemiología de la Provincia o del Partido de Olavarría para indagar acerca de la probabilidad de infección; sino una simple aplicación discriminatoria por el lugar de origen", subraya el texto.

Y en el mismo sentido, agrega que "más allá de la dificultad probatoria que podrían alegar los demandados, resulta de público y notorio gracias al relevamiento periodístico y las declaraciones de los afectados, que se han ejercido vías de hecho para impedir el ingreso de trabajadores esenciales en las ciudades pertenecientes a los Partidos enumerados en la demanda".

Galli incluyó en la presentación que de los distintos casos tomó conocimiento mediante "llamados telefónicos, mensajes de wahtsaps y distintos videos que han publicado en las redes los perjudicados".

Y que al enterarse de la situación, concretó una reunión vía Zoom con los intendentes de la región "donde habíamos resuelto que las distintas municipalidades participantes dejarían ingresar a sus territorios a aquellos ciudadanos que fueran a realizar cualquier actividad relacionadas con las excepciones previstas por la normativa", aunque "la promesa formulada en su oportunidad, nunca fue cumplida".

También volvió a apuntar contra la informalidad de las medidas restrictivas al decir que "resulta insoslayable destacar que ninguna de las intendencias ha publicado norma alguna donde establezca el accionar descripto, son situaciones de hecho que ocurren, y que algunos de los intendentes aquí requeridos han reconocido en notas periodísticas que acompañaré como prueba de ello".

A la hora de fundamentar el impacto que la prohibición dispuesta por los municipios vecinos tiene para nuestra ciudad, más allá de los casos particulares afectados, Galli enmarcó que "se trata de localidades vecinas, situadas todas en un radio de aproximadamente 100 kilómetros de Olavarría, con un gran flujo comercial y productivo, e incluso con asistencia médica compartiendo especialistas clínicos en las distintas ramas de la medicina".

La presentación ya está en poder de la Suprema Corte, que inició el trámite administrativo formal con el expediente. Se espera ahora que el Tribunal se expida, en lo que será un nuevo capítulo en esta larga controversia que podría tener nuevas derivaciones políticas y sentar un precedente en futuros conflictos de similares características.



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