Edición Anterior: 5 de Julio de 2020
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El presidente del Cucaiba establece paralelismos y la fiscal Viceconte reconstruye la historia de la sentencia que permitió salvar vidas
A 25 años de un fallo histórico, el plasma vuelve a un lugar protagónico
El uso del plasma frente a la pandemia que remite a su utilización durante la epidemia de fiebre hemorrágica argentina. Una historia ligada a una victoria jurídica con apellido zonal. El presidente del Cucaiba cuenta que el relato de los pacientes recuperados de Covid con ese método se asemeja al de los curados del también llamado "mal de los rastrojos". La fiscal del fuero penal juvenil, Mariela Viceconte, reconstruye la historia de un fallo de hace 25 años que llevó a que la vacuna se conozca hoy con su apellido.
Claudia Rafael

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"No tenemos todavía análisis científicos de los resultados. Pero la utilización de plasma de pacientes recuperados en nuevos pacientes de Covid 19 nos da una lucecita de esperanza. No tenemos números fijos pero en el setenta y pico por ciento ha funcionado. Nada de esto es información sistematizada. Por ahora es relato de los pacientes. Que hablan, igual que planteaban los pacientes de Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), de una sensación de alivio muy grande. Porque actúa fundamentalmente para mejorar los problemas respiratorios que no dejan dormir, que no permiten respirar bien". Quien habla es Francisco Leone, presidente del Cucaiba, en diálogo con EL POPULAR. Que, desde el vamos aclara: "los que no pueden donar sangre, no pueden donar plasma. Pero es importante que todo el que sea convaleciente llame y después el equipo decide si puede o no donar. Se le hacen estudios serológicos, de anticuerpos circulantes, se estoquean (aunque no tenemos capacidad de stock porque la demanda es muy alta) y en la dirección provincial se define qué hacer".

La comparación que hace Leone no es casual. La utilización de plasma frente a la pandemia remite a su uso exitoso ante una epidemia propia de algunas regiones del país: particularmente, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe. Y no es casual retrotraerse a la FHA por estos días. Por un lado, el método de uso de plasma como tratamiento para el covid19 y, por otro, el resurgimiento del FHA a partir de un caso, en Azul, a finales de mayo, que derivó en una campaña de vacunación. Con un detalle que también permite comparar contextos. Hace algo menos de un mes, Pascual Fidelio, director del Instituto Malbrán, anunció que se volvería a producir la vacuna en los próximos meses. Que, durante 2018, en los tiempos en que se degradó al ministerio de Salud, se dejó de fabricar "por falta de presupuesto para reparar equipamiento".

Hace exactamente 25 años, un grupo de estudiantes de Derecho que hacían su pasantía en el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) eran guiados por los profesores Víctor Abramovich y Susana Albanese –dos reconocidos luchadores por los derechos humanos- en un amparo colectivo que logró torcer el brazo del estado menemista. Entre ellos, la azuleña Mariela Viceconte, fiscal del fuero penal juvenil desde hace 12 años, que aportó su nombre y firma porque tenía domicilio en zona endémica. Ella tenía unos 22 años entonces y estaba concluyendo en la UBA su carrera de Derecho. Un cuarto de siglo más tarde reconstruye en entrevista con este diario aquella osadía con final feliz.

El profesor Víctor Abramovich (hoy procurador fiscal ante la Corte Suprema) "advierte una nota periodística que decía que el instituto Jonas Salk de Estados Unidos que producía la vacuna para la Fiebre Hemorrágica Argentina dejaba de hacerlo porque no era rentable económicamente. Justo el año anterior, se había reformado la Constitución y se permitía el amparo colectivo. Y habían adquirido jerarquía constitucional los tratados de derechos humanos donde se comenzaba a hacer más evidente el concepto de la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales y la posibilidad de judicializarlos para reclamar que el Estado cumpliera con las obligaciones que asumió en el marco de esos derechos".

El grupo de 15 estudiantes concluyen que del acuerdo del estado argentino con el instituto Salk sólo se había cumplido la compra de vacunas pero no la capacitación de profesionales para la fabricación en el país. El amparo apuntó a lograr esto sabiendo que el stock de vacunas tenía final. "En primera instancia, no hicieron lugar. Y en segunda instancia, la Cámara Contencioso Administrativo de la capital obligó al Estado a que realice las inversiones económicas correspondientes para mandar a la gente a capacitarse a Estados Unidos y armar la infraestructura para producirla en Argentina", recordó Viceconte.

Veinticinco años atrás "fue algo así como una bomba. Me acuerdo que ese día, en que salió la sentencia, empezó a sonar el teléfono en mi casa y mi mamá decía ´¿en qué te metiste? ¿qué hiciste?´. Desde lo jurídico tenía mucha repercusión y también desde lo que significaba decirle a Menem ´el Estado tiene que poner plata para producir una vacuna´".

Nada fue automático ni inmediato. El proceso implicó inversiones del Estado que, ante las demoras, debió pagar multas millonarias. En total, se tardó alrededor de una década hasta que se logró que el Instituto Maiztegui, de Pergamino, fabricara la vacuna.

En primera persona

-¿Qué impacto tuvo en usted y en su propia formación?

-Fue algo muy gradual. En el momento sentí que era una adrenalina infernal haber logrado que el Estado tuviera que aportar dos millones de dólares para el bienestar de todos nosotros como sociedad. Era el desafío de haberle ganado al Estado. Y fue un revuelo enorme en el ámbito jurídico porque en ese momento, el gran interrogante era: los derechos económicos, sociales y culturales ¿se pueden judicializar? ¿Podemos reclamar al Estado su cumplimiento? Más allá de que son progresivos porque no se pueden hacer efectivos todos juntos ¿podemos reclamarlos jurídicamente? Y lograrlo fue impresionante. Y esto de lo que hoy hay un montón escrito, en el 95 no era así y no era tan claro. Esto de que los tratados de derechos humanos estén en el artículo 75 de la Constitución Nacional implicaba miles de preguntas. Las obligaciones del Estado, qué se podía lograr cumplir, qué sí y qué no… era todo material teórico pero jurisprudencialmente no había precedentes.

-¿Cómo fue esa gradualidad?

-Es que recién con el paso del tiempo me fui dando cuenta de la magnitud que había tenido. Mi abuela tenía un pedacito de campo en la ruta 60, cerca de Azul y un señor que tenía un boliche cerquita había estado enfermo de fiebre hemorrágica y lo habían salvado. La fiebre hemorrágica estuvo siempre presente con esto de lavarse bien las manos pero nunca nadie que yo conociera se había vacunado. Cuando nos empezamos a dar cuenta de todo esto sentí que era grave de verdad, que no era un chiste. Pero sabíamos todos que por más que lo hubiéramos ganado iba a llevar 10 años y a los 20 ó veintipico, diez años es algo imposible de materializar. Sin contar que todavía había dosis en stock. Sólo que, si no se comenzaban a fabricar no iban a ser suficientes. Con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de la importancia real que tuvo.

Logro jurídico y social

En 2012 la vacuna se incorporó –sin obligatoriedad- al calendario de vacunación. "Pero no ha habido gran conciencia. Ahora con la historia del trabajador con FHA se reactivó todo y, sobre todo, a partir del tratamiento con plasma. Porque poner plasma de covid o plasma de fiebre hemorrágica es una metodología similar. La diferencia es que en el caso de la fiebre hemorrágica está probado que te salva mientras que el tratamiento en los casos de covid todavía está en estudio".

Hacia 1995, en un contexto de país ganado por políticas neoliberales y privatizadoras, desde el CELS, un grupo de estudiantes con el trabajo medular de Víctor Abramovich logró desde un amparo colectivo que el estado nacional tuviera que desandar una clara política de abandono sanitario.

Mariela Viceconte advierte hoy: "Si miro para atrás me da una tremenda emoción ver mi nombre asociado a la vacuna. En ese momento yo estaba alucinada porque las audiencias se hacían en las salas de mesas gigantes que parecían de otra época en la sede central de Tribunales. Me marcó muchísimo para entender que hay que peticionar. Cuando tantas veces te dicen que no, que es algo mínimo, fue sentir que hay que insistir. Ante cualquier situación de injusticia, hay que articular las herramientas para reclamar. Aunque el acceso a la justicia de los grupos vulnerables no es algo simple".

Y, en aquel momento, como punto de inicio se logró que "la justicia reconociera que la figura del amparo colectivo fuera algo concreto más allá de que estaba en la Constitución desde la reforma. Eso, en sí mismo, era ya un logro jurídico. Después implicó el logro de los derechos económicos, sociales y culturales que se pueden judicializar y que se pueden reclamar. Y vivir la progresividad en vivo y en directo y finalmente, llegar a la producción. Entonces hoy reconstruir todo esto me da muchísima emoción".

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