Edición Anterior: 8 de Julio de 2020
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El intendente había denunciado un "conflicto de poderes" con localidades cercanas que impidieron el acceso a vecinos de Olavarría
La Suprema Corte rechazó la presentación de Galli por discriminación a olavarrienses
Los jueces aseguraron que la demanda presentada por el Intendente Municipal no es la adecuada, y expusieron que no está "legitimado" para cuestionar judicialmente lo sucedido o para encabezar una presentación colectiva. Proponen que sean los propios damnificados quienes accionen a través de un amparo.
A menos de una semana de la presentación realizada por el intendente Ezequiel Galli luego de que varios vecinos expusieran que fueron impedidos de ingresar a localidades de la región por la cantidad de casos de Coronavirus que se dieron en Olavarría, ayer la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires falló en contra del Ejecutivo Municipal. Si bien no negaron la existencia de los hechos denunciados y su gravedad, expusieron, con críticas, que la demanda debe realizarse a través de un amparo.

Luego de hacer un repaso de la presentación realizada en el cierre de la semana pasada por el Jefe Comunal, con la representación de Marcelo Fabbi, subsecretario de Asuntos Legales de la Municipalidad de Olavarría, los jueces que integran el máximo tribunal de la justicia bonaerense rechazaron "sin más trámite el conflicto" denunciado. Para esto sostuvieron una serie de incompatibilidades que fueron detalladas en la resolución 3971/20.

"A pesar del esfuerzo argumentativo que el Intendente de la Municipalidad de Olavarría realiza en la presentación inicial para encuadrar los hechos que denuncia en la competencia originaria de esta Corte, fácilmente se advierte que, en rigor, no se trata de un conflicto de esa especie", indica el fallo sobre el "conflicto de poderes" expuesto en la documentación enviada la semana pasada desde el Ejecutivo local.

En esta presentación el intendente Galli solicitó la intervención de la Suprema Corte bonaerense ante lo suscitado en varias ciudades y solicita "poner fin inmediato al exceso de competencia por la vía de hecho de parte de los Municipios requeridos, y que se les permita a los ciudadanos del Partido de Olavarría el ingreso y la libre circulación, se les permita trabajar y ejercer toda industria lícita en su territorio". Las localidades mencionadas son Laprida, Benito Juárez, Bolívar, Daireaux, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Hipólito Yrigoyen, Saavedra y Tapalqué.

Para justificar esta decisión, los jueces hicieron referencia a fallos previos y aclararon que "este Tribunal ha señalado que las causas de competencia o conflictos, tratándose de distintos municipios entre sí o con alguna autoridad de la Provincia, se configuran cuando cada una de las partes en disputa se atribuye la titularidad o el ejercicio de determinada competencia. Lo que esta Corte está llamada a resolver es la efectiva disputa entre dos o más órganos en torno a la específica atribución o competencia que cada uno entiende le corresponde".

En esta línea en la resolución se expone que "en la demanda no se determina, más que con vagas referencias a la autonomía de los municipios y citas genéricas de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuál sería la competencia o atribución que el ordenamiento le confiere y que las comunas denunciadas estarían arrogándose para sí o de algún modo menoscabando y, en cambio, se hace hincapié en que la acción en tratamiento se deduce en defensa de derechos y garantías fundamentales de los habitantes del distrito, arrogándose de tal modo el jefe comunal una suerte de legitimación tuitiva de carácter colectivo de la que carece y no intenta seriamente justificar".

Además, los integrantes del máximo tribunal agregan que "es indudable que los sucesos denunciados revisten gravedad, pero el conflicto municipal no es ante ellos un instrumento procesal idóneo para procurar la adopción de un remedio procesal efectivo; ni es el Intendente quien está legitimado -salvo que se encuentre afectado directamente- para cuestionarlos jurisdiccionalmente".

Finalmente, se refiere: "Si se trata, como se afirma con aparente verosimilitud, de vías de hecho, el ordenamiento cuenta con medios judiciales específicos para obtener su inmediata cesación, que los afectados, individual o colectivamente, están en condiciones de ejercer". Citan en esta instancia el artículo 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que en el inciso 2 establece "la garantía de Amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos".

Desde el área de Prensa del Ejecutivo Municipal se difundió, acerca de este fallo, que "si bien el Supremo Tribunal reorienta la acción estipulando que son los particulares damnificados quienes pueden accionar por la vía del amparo, establece en los considerandos dos cuestiones centrales: la gravedad de los hechos denunciados y la verosimilitud de la existencia de las vías de hecho ejercidas por los gobernantes de los distritos cuestionados".

Por esta razón se expuso que "el Municipio pone a disposición de los particulares la totalidad de la prueba ofrecida, que mereciera tal consideración por parte del Tribunal, y entiende que la clara indicación de la Corte resulta orientativa para los jueces que resultaran llamados a intervenir en las acciones que eventualmente inicien los particulares damnificados".

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