Edición Anterior: 30 de Septiembre de 2020
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El presidente del interbloque Frente de Todos planteó las críticas que expuso su bloque en el estudio del proyecto
Según Guillermo Santellán, el decreto anti reuniones "tiene inconsistencias"
Desde esta bancada, se señaló que el expediente que se envió al Concejo no deja en claro "el hecho imponible" ni "el sujeto punible", entre otros aspectos que cuestionó el concejal opositor. Igualmente, consideró "es una facultad del Ejecutivo poner algún tipo de regla en esta situación" para explicar que "no se planteó el rechazo de fondo".
El proyecto de ordenanza para refrendar el decreto 2.566/20 que establece la prohibición de las "reuniones sociales" se mantiene en estudio en la comisión de Hacienda. Tal como adelantó EL POPULAR, se había enviado un pedido de informe al Ejecutivo el cual no fue respondido con lo que en la reunión del lunes no hubo avances para el expediente. Todos los bloques se mostraron predispuestos a estudiar el tema, y hubo importantes críticas al contenido del expediente legislativo, así como al del decreto que ya está en vigencia y comenzó a aplicarse a principios de este mes.

Este Diario consultó al presidente del interbloque Frente de Todos, Guillermo Santellán. Inicialmente dejó en claro que no integra la comisión de Hacienda, donde por estos días se debate el proyecto, aunque igualmente el tema se "leyó y analizó" en el bloque.

En cuanto al recorrido del expediente en el Legislativo, el concejal señaló que se mantiene en la comisión que preside Celeste Arouxet de Radicales en Juntos por el Cambio (ver recuadro). Indicó que "hubo en el tratamiento de Hacienda algunos pedidos de aclaración porque el proyecto tiene inconsistencias que deben resolverse. Más allá de la discusión de fondo el decreto tiene muchos espacios vacíos que los concejales consultaron al Ejecutivo y no ha respondido".

Santellán enumeró las observaciones que el FdT planteó sobre el proyecto de ordenanza: "no hay una definición clara de cuál es el sujeto punible. No se sabe si la sanción es para el dueño de la casa, si hay una sanción solidaria, a qué tipo de reuniones se sanciona. Eso no está bien determinado, ni cómo es la sanción en el caso solidario".

Agregó que "después no está definido si es por ruptura de cuarentena o por ruptura de protocolo, no están determinado los hechos imponibles. Tampoco hay escalas, no se ve de qué forma se impone la sanción. No están las formas de pago ni si hay un sistema de amonestaciones, o un sistema de escalas de imposición de la sanción. Podría haber amonestaciones, apercibimiento. Las sanciones no están determinadas".

Santellán consideró que no sólo deberían aplicarse multas para este tipo de infracciones. "Las multas que se aplican en todos los casos deberían ser en función de un aprendizaje, no como una cuestión sancionatoria. Sino cuál es la medida que produce una mejora y un cambio en las conductas de las personas. Tampoco está la cuestión de una probation, o un trabajo comunitario" planteó.

"En realidad el decreto como está presentado, a nuestro modo de ver, muestra mucha inconsistencia y ni el Ejecutivo ni el oficialismo han dado respuesta a los planteos que son lógicos y se han planteado en (la comisión de) Hacienda" expresó el presidente del interbloque. Adelantó que mañana volverán a reunirse los concejales para avanzar con el debate. "El Intendente manifestó que el Concejo debía darle un tratamiento con mayor celeridad. Se manifestó preocupado por este proyecto, pero luego ni el oficialismo ni el Ejecutivo han aportado respuestas para que pueda avanzar" sostuvo.

Si bien los cuestionamientos que dejó expuestos desde su bancada son específicos y profundos, Santellán aclaró que "desde la oposición no se planteó el rechazo de fondo" a la iniciativa. Explicó en este sentido que "entendemos que también es una facultad del Ejecutivo poner algún tipo de regla en esta situación".

En referencia a dichos de Galli, el concejal agregó inmediatamente "no acompañamos el sistema sancionatorio ni estamos de acuerdo en que `los olavarrienses somos hijos del rigor´. Ninguna de esas explicaciones. Pero sí podemos analizar el proyecto y definir un sistema que sancione, que a la vez esté enfocado en justamente la resolución de los problemas y que haya un aprendizaje. Con la misma lógica que se ejecutan las multas en la seguridad vial".

En el cierre de la entrevista, Santellán retomó esta idea. "Desde el gobierno deberíamos buscar un cambio en la actitud de las personas. Tiene que ser un sistema que lleve más a que la gente tome conciencia del riesgo que vivimos, que a un sistema recaudatorio y punitivo. Lamentablemente este decreto no está basado en esos valores" expresó.

Qué dice el decreto

El decreto 2.566 se dictó el 31 de agosto y se promulgó una semana después. Establece "la competencia del Juzgado de Faltas Municipal para el juzgamiento de la falta y contravención consistente en la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares".

Luego, se determina "una multa de entre 1 y 100 salarios mínimos duplicándose en caso de reincidencia". En ese sentido, Galli había adelantado que la sanción implica entre 16.000 pesos y 1.600.000 pesos.

El Ejecutivo agregó en la normativa que podrían aplicarse después de que el Concejo refrende las disposiciones con una ordenanza.

En los considerandos, se tuvo en cuenta "lo dispuesto por el Poder Ejecutivo provincial a través de los decretos 641 y 714 de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 en relación a la prohibición de realización de eventos y reuniones sociales en espacios cerrados". Apunta a que más allá de que ya existan dichos decretos provinciales, "deviene necesario contar con una norma a nivel local que permita controlar y eventualmente sancionar a quienes incumplan" con la prohibición de realizar reuniones sociales "atento a las gravísimas consecuencias" que deja.

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