Edición Anterior: 8 de Abril de 2021
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Medio centenar de agentes policiales se mantuvieron apostados alrededor del predio
Ante un inminente desalojo, desde la toma acusan que el Intendente "nunca trató de traer una solución" "Desalojo pacífico"
La palabra final la tiene la Justicia, pero hasta anoche no se había dado la orden luego de que Ezequiel Galli denunciara que habían usurpado los terrenos municipales. Sin poder ingresar palas y herramientas, los vecinos se quedaron en las parcelas detrás del barrio Lourdes. El ministro Berni instó a "encontrar una salida pacífica".
“Queremos negociar, estamos dispuestos a negociar”, expresó ayer Carlos Ferreyra, que desde el lunes se transformó en mediador entre la autoridades municipales, judiciales y policiales y el centenar de familiar que usurparon los terrenos ubicados detrás del barrios Lourdes, con el propósito de construir sus viviendas. Desde el martes medio centenar de policías acordonó el predio, y si bien el intendente Ezequiel Galli ya denunció, desde la Justicia aún no se habría dictado una resolución.

Las primeras familias que marcaron su lote y comenzaron a acomodar los terrenos para construir se radicaron hace una semana atrás. Pero la toma se hizo masiva el lunes pasado, cuando de unos 12 grupos familiares se pasó a medio centenar en cuestión de pocas horas, y el martes ya se trataba de más de 100 lotes marcados por personas que manifestaron que tomaban estas medidas por la necesidad de viviendas.

El intendente Galli radicó la denuncia el martes último, y en el cierre de esa jornada se apostaron decenas de efectivos policiales que, de manera inicial, ordenaron que no podían ingresar más personas con herramientas ni continuar con los trabajos que se realizaban hasta ese momento en los distintos sectores. Se esperaba que ayer se conociera la resolución de la Justicia en torno a la denuncia presentada ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 10, pero al cierre de esta edición no había novedades.

“Están esperando la orden desalojo, hasta que no tengan la orden desalojo no va a tomar ninguna medida”, comentó ayer por la mañana Carlos Ferreyra acerca del accionar de la policía apostada en este sector, que está delimitado por el Camino de los Peregrinos, calle 11, Grimaldi y calle 5. Sin embargo, fuentes consultadas por este Diario indicaron que hasta anoche el fiscal Miguel Angel Piñeiro, quien subroga desde el lunes la UFI 10, no habría resuelto ningún tipo de medida.

Mientras tanto, y a la espera de que se dictara o hiciera efectiva esa orden, medio centenar de policías se mantuvieron ayer alrededor del predio, para evitar que las personas ingresen con herramientas o palas. Son efectivos del Grupo de Apoyo Departamental, de Infantería y de otras dependencias que integran la Estación Departamental de Seguridad Olavarría, coordinados por el comisario inspector Roberto Landoni.

Claramente la clave está en la decisión que instruya el fiscal Piñeiro. Ayer algunos vecinos de este sector se acercaron hasta la sede del Poder Judicial, donde fueron recibidos por personal de Mesa de Entradas. “Nadie se hizo cargo, nos derivaron a no sé quién, nos no pudimos comunicar y estamos a ver lo que venga. No tenemos defensor, no tenemos nada”, expresó Ferreyra ayer a “Mejor de Mañana” por 98Pop.

“Desalojo pacífico”

“Yo lo que quiero es que sea pacífico esto y voy a tratar de sacar a la gente para que no haya problemas, no quiero heridos ni ningún desmán”, indicó Ferreyra sobre cómo proyecta que será la instancia de desalojo de los terrenos. El vecino se mantiene en contacto directo con la policía presente en el lugar, quienes le expresaron que, en caso que se ordene esa medida, primero les van a informar para que se retiren por sus propios medios.

“Siempre fue pacífico esto y va a seguir siendo así. Ya vimos la antipatía del Intendente que en ningún momento se acercó, hizo la denuncia, tiró la pelota para la Provincia, estamos solos. Nunca tuvimos el apoyo del Intendente, nunca se acercó, nunca trató de traer una solución, nada”, agregó el vecino.

La única mención pública del intendente Galli acerca de esta situación fue a través de las redes sociales, en las que difundió que había realizado la denuncia y expresó: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Ante la toma ilegal de terrenos municipales en un sector de la ciudad, quiero comunicarles a los vecinos que ya presenté la denuncia correspondiente en la UFI Nº 10 y está actuando la justicia para llevar a cabo el desalojo. No vamos a permitir que se cometan este tipo de actos delictivos en nuestro Partido. Conocemos la problemática del déficit habitacional que hay en nuestro país, Olavarría no escapa a esa realidad, pero no se soluciona cometiendo delitos”.

Acerca de esto último Ferreyra planteó que “queremos negociar, estamos dispuestos a negociar. Hay gente que dice: yo estoy pagando 10, 11 mil pesos de alquiler, si a mí me dan la posibilidad de darme un terreno y hacerme una casita después de dos años yo puedo pagarme el terreno. Está disponible la gente, que no le regalen nada, que lo tengan que pagar, pero que le den la posibilidad de que puedan tener una vivienda”.

Ferreyra destacó además el buen vínculo entre los “usurpadores” y los vecinos del barrio Lourdes. Muchas de las familias que protagonizan esta toma son hijos y nietos de quienes viven en ese sector. “El barrio está solidarizado con el tema, entre vecinos somos solidarios”, definió.


"La dignidad no se usurpa"

Desde la Asamblea Feminista y Disidente de Olavarría difundieron un comunicado en que revalorizaron el rol de las familias y las mujeres en la toma realizada en estos terrenos, y demandaron la atención de las demandas por parte del Ejecutivo Municipal.

“Ya son más de 100 familias, todas sin vivienda, que han pasado años reclamando y no han tenido ninguna respuesta del municipio. La gran mayoría de las que están encabezando la toma son mujeres con niñes que sostienen a sus familias y luchan por tener un lugar donde vivir, las que ponen el cuerpo todos los días y salen a laburar para pagar un alquiler y la olla. Con la pandemia que nos acorrala y la pobreza que nos golpea cada vez más duro se les hace imposible seguir sosteniendo un alquiler o seguir hacinándose en casas de algún familiar o amigues que les puedan bancar”, expresa el documento.

Además refirieron que “esta toma es responsabilidad de un Estado que hace años no da ninguna respuesta concreta y real al problema de la vivienda en la ciudad. Y en lugar de tratar de buscar una solución acorde al reclamo, la respuesta del municipio fue la denuncia y la amenaza de desalojo por la fuerza. En estos momentos las familias; las mujeres que estamos apoyando y sus hijes, están rodeadas por la policía. El desalojo es inminente. Por eso repudiamos este accionar y exigimos que se atienda inmediatamente las demandas de las familias que ocupan los terrenos”.


La palabra de Berni

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se pronunció anoche sobre la toma de tierras en Olavarría. Fue en rechazo a una publicación de la edición web de El Popular, en la que se dio cuenta de que desde la Municipalidad hubo un contacto con el funcionario. "No recibí ningún llamado del municipio de Olavarría por estos hechos" sostuvo en sus redes sociales.

A su vez, Berni hizo referencia a la situación: "insto al Ejecutivo de esa ciudad a que agote todas las vías de diálogo para encontrar una salida pacífica a este problema".

De esta manera, se volvió en la primera autoridad provincial en efectuar declaraciones sobre el caso que mantiene a unas 100 familias en resistencia en el predio y por la cual el Ejecutivo local recurrió a la Justicia a través de una denuncia por usurpación.

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