Edición Anterior: 17 de Junio de 2009
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Sin avances
Por cuarto año consecutivo, los Estados Unidos ubicaron a la Argentina entre los países que realizan esfuerzos insuficientes para combatir el tráfico de personas, junto a Venezuela, Nicaragua y Guatemala. De todos, nuestro país es el que permanece en esa lista desde hace más tiempo.

El informe emitido anualmente por el Departamento de Estado se consigna que en la Argentina se aprobó el año pasado una ley en contra de la trata de personas, pero que no se advierten progresos en su aplicación ni una adecuada asistencia a las víctimas.

Esto no hace más que confirmar la percepción que existe dentro del país a partir de los datos de los que se dispone. Salvo en pocos y honrosos casos, la ley de trata de personas es letra muerta, tal como lo fueron siempre las normas en contra del proxenetismo.

Que las sociedades admitan la prostitución es lógico, comprensible, pero que la reducción de mujeres a la esclavitud más abyecta tampoco tenga condena social genera vergüenza y dolor. Tampoco parece comprenderse cabalmente que a partir del tráfico de personas se favorecen otros delitos.

Al mismo tiempo, se favorece la corrupción, especialmente en el ámbito de las fuerzas de seguridad. La "protección" policial a los prostíbulos es tradicional y está naturalizada desde hace años. Hay infinidad de evidencias y signos de esta connivencia, a pesar de lo cual se sigue realizando de forma que, sin desmesura, puede calificarse de desvergonzada.

En Olavarría fue encomiable el intento del gobierno municipal, avalado por el Concejo Deliberante, de cerrar los locales donde se ejercía la prostitución de forma encubierta, con la conciencia de que no se trataba de mujeres independientes, sino que, al menos en su mayoría, están esclavizadas y obligadas a ejercer ese triste oficio en beneficio de sus explotadores.

Sin embargo, hay indicios serios de que se encontraron mecanismos para eludir la norma municipal y que el tráfico de personas sigue funcionando en Olavarría. La responsabilidad del Estado es clara en este tipo de situaciones, ya que estas actividades no pueden realizarse sin contar con complicidades y complacencias.

Es un flaco consuelo saber que en el resto del país las cosas son más o menos igual que en Olavarría. Que miles de mujeres sean reducidas a la peor de las servidumbres con la complicidad, por acción o por omisión, del Estado en sus distintos niveles, es una prueba muy clara de cuánto camino nos resta recorrer para construir un país más sano y más justo.

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