Edición Anterior: 24 de Noviembre de 2009
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El país, aplazado por su corrupción
Las notables falencias que presenta el sector público en materia de transparencia y control y sanción de los abusos de poder brindan las condiciones que amparan la persistencia de una extensa cultura de la corrupción.

Esto ha quedado una vez más en evidencia en el Indice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional. En el indicador de 2008, recientemente dado a conocer, Argentina ocupa el lugar 106 sobre 180 países estudiados. Por cuarto año seguido obtuvo un puntaje de 2,9 puntos, muy por debajo de los 8,7 logrados por Canadá y también de los 6,7 que alcanzaron Chile y Uruguay. Así, en esta materia Argentina se encuentra en el puesto 23 sobre los 31 estados americanos considerados.

Entre los principales aspectos que llevaron a este bajo rendimiento se encuentran la discrecionalidad en el uso de recursos y facultades públicas, la manipulación de estadísticas, las restricciones al acceso de información, así como el enorme crecimiento patrimonial de muchos funcionarios. El caso de Guido Antonini Wilson, sentenciado el año pasado en los Estados Unidos, y las investigaciones sobre la adulteración de medicamentos también han mostrado las redes y profundidad de la corrupción que se registra en el ámbito estatal.

Lamentablemente, las perspectivas para el próximo informe parecen aún peores, ya que se le sumarán funcionarios investigados por enriquecimiento ilícito y la renuncia de Manuel Garrido a la titularidad de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas por existir "impunidad casi total para la corrupción". Esta extendida presencia de la corrupción impide que el Estado cumpla adecuadamente sus funciones, empobrece a la sociedad -especialmente a los sectores más vulnerables- y desalienta inversiones.

Una tarea básica para la vida republicana es mejorar la calidad institucional a través de una mayor transparencia en el Estado y por la imposición de controles independientes y profesionales y un mejor funcionamiento de la Justicia.

Las falencias del sector público facilitan la corrupción. El país tuvo una mala nota en un ranking internacional sobre el tema. Se necesita mejorar el funcionamiento del Estado y de la Justicia.

Clarín, 23 de noviembre de 2009

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