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08.10 | Columnistas AGRONEGOCIOS. El fallo contra la fumigación en una escuelita de Entre Ríos

El sembrado de soja local multiplicado diez veces en 20 años y el sostén del glifosato

De la campaña del 96-97 en el Partido con el 6,8 % de hectáreas sembradas con soja al 63 % actual. El modelo productivo actual que necesita del sostén de los agroquímicos. Entre Ríos como la provincia más afectada. La escuela fumigada y el primer fallo judicial contra un productor, un empresario y el piloto fumigador. Un paquete del que pocos hablan. Por Silvana Melo

Silvana Melo
smelo@elpopular.com.ar

Esta semana, en un fallo histórico, un tribunal entrerriano condenó a un productor, un empresario y un piloto de un avión fumigador por las consecuencias de la lluvia venenosa sobre una escuela rural. Sin embargo, pocos días después otra escuelita de Entre Ríos se vio afectada por una fumigación terrestre y 18 chicos de una escuela de Corrientes tuvieron que ser evacuados y trasladados a una guardia hospitalaria. Mientras en Olavarría el 63% de la superficie cultivable está alfombrada de soja -por lo que el uso de miles de litros de glifosato es inevitable-, el tema es poco menos que tabú. Y las consecuencias de los agroquímicos en la salud están tan ocultas como el daño ambiental de las canteras de piedra caliza (ya advertido en 2010 por un informe del Defensor del Pueblo de la Nación) o de lo que queman los hornos de las cementeras.

Fue en diciembre de 2014 cuando los chicos de la escuela rural Nº 44 de Santa Anita (Entre Ríos) vieron llegar, tan cerca como nunca, un avión. Y se quedaron extasiados. Cuando comenzó la lluvia de veneno la maestra, Mariela Leiva, los encerró a todos en la escuela y filmó con su celular. Dentro del aula los chicos estaban descompuestos, con erupciones en la piel, dolores estomacales, mareados y con vómitos. A ella le quedaron secuelas permanentes. El martes, por primera vez, un Tribunal expidió un fallo condenatorio por "lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa".

Es interesante destacar que la denuncia se enmarcó en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24.051) porque existe muy escasa normativa actualizada sobre distancias de fumigaciones. Es la misma ley por la que se condenó a los responsables de las fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, únicas dos condenas judiciales hasta ahora por el daño ambiental que genera un modo de producción profundizado desde hace dos décadas. Esta letra legal asocia los delitos ambientales con las penas del Código Penal. Además, el trabajo horizontal de diversas asociaciones (Paren de Fumigar en Escuelas o Médicos de Pueblos Fumigados) comienza a generar conciencia acerca de una realidad ya incontrastable.

En Entre Ríos todavía no se ha logrado una ley de agroquímicos consensuada: prometen que saldrá antes de fin de año. Mientras tanto, se rige por la Ley 6599 de 1981 que "limita las aplicaciones aéreas dentro del radio de 3.000 metros a partir del perímetro de los centros poblados". La experiencia de la escuela 44 deja clarísimo que la ley es vetusta y letra muerta.

El Concejo Deliberante de Olavarría sancionó en 2014 por unanimidad la Ordenanza 223/11 sobre Buenas Prácticas Ambientales en el Uso de Agroquímicos. La norma dispone la prohibición de fumigaciones terrestres a menos de 100 metros de la planta urbana, y aéreas, a menos de 500. En cuanto a las escuelas, "las aplicaciones se deberán realizar fuera del horario de clases, debiendo comunicar al establecimiento el día y horario que se apliquen las mismas", según el artículo 12.

En la provincia de Buenos Aires, sigue en vigencia la Ley 10699 y su Decreto Reglamentario 499/91, que dispone que "las empresas aplicadoras aéreas deberán operar a una distancia no menor a 2.000 metros de los centros poblados". La nueva ley de Agroquímicos, escrita por Alfonso Coll Areco (senador provincial que entró en la misma boleta de Héctor Vitale y Carolina Szelagowski) quedó empantanada luego de su aprobación en la Cámara Alta bonaerense: por Diputados no logra pasar.

Con los vientos de las nuevas realidades, cuando la frontera agropecuaria ha corrido a la cría de ganado y a cualquier escuela rural o dispositivo que se interponga a la siembra de la reina de las leguminosas, hay que atemperar las leyes. Y como la soja viene de la mano de la transgénesis a la que Argentina puso alfombra roja en 1996 y, por lo tanto, del glifosato como herbicida estrella, la respuesta a los intereses de un modelo de producción que agota la tierra y afecta a la salud es clara. Por un lado, acortar las distancias de las fumigaciones y por otro, bajar la categoría del glifosato en cuanto a su peligrosidad. Por eso la Ley Coll Areco quedó en stand by: a partir del cambio de categoría, permitía la lluvia de glifosato a diez metros de lugares habitados.

Datos

Mientras tanto, algunos medios nacionales se enteraban esta semana de que la mega compañía Monsanto ha influido en los organismos internacionales y en las agencias ambientales de todo el mundo para que no se filtrara la toxicidad del glifosato. Infobae, justamente, admitió dos años después que en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de las Naciones Unidas (ONU), determinó que el glifosato es potencialmente cancerígeno, opuestamente a todos los dictámenes políticamente correctos. Nadie lo tomó en serio o bien lo descalificó. Y dedujo, el diario, que Monsanto había influido para lograr estas desestimaciones.

A la vez, la revista científica estadounidense Environmental Pollution, a principios de este agosto, publicó que la Argentina lidera el ranking mundial en el uso de glifosato; dentro del país, la provincia más afectada es Entre Ríos. Los datos surgen de mediciones del Conicet.

En este contexto, en el mismo agosto, el ministro de Ambiente Sergio Bergman tuvo su tribuna en Aapresid (ONG que agrupa a los productores de siembra directa) para anunciar que el país va a unificar una distancia de fumigación de cien metros para lugares habitados y 200 -como máximo- para "aéreas consideradas muy restrictivas".

Producción y soja en Olavarría

El antropólogo social y magister en Gestión Ambiental, Marcelo Sarlingo, dijo en diciembre de 2016 y reitera ahora, diez meses después, que en Olavarría nadie tiene intenciones de hablar de costos ambientales. Lo que aterra, sigue sosteniendo, es que "se hable de los efectos de los métodos de explotación actual en el patrimonio ambiental". El cuestionamiento de los modos de producción es un cuestionamiento sistémico. "Este terror los lleva a generar modos de ocultamiento con la complicidad del mismo Estado", dijo el año pasado. Y agregó: "hay quien teme investigar por miedo a lo que se puede hallar en materia de salud colectiva o de contaminación ambiental. Porque después no sabrían qué hacer con los hallazgos. Pero además, hay quienes tienen intereses directos en cementeras y canteras. En algún momento estas personas desempeñan roles clave en el aparato del Estado. Desde allí operan a favor de las empresas. Pero ya desde antes piensan que lo ambiental es sólo un gasto burocrático más y ponen entre paréntesis la transformación de los hornos cementeros en gigantescas incineradoras de residuos industriales peligrosos".

La producción agrícola en Olavarría ha sufrido enormes cambios en los últimos 30 años. En las campañas 96-97, se sembraron 44 mil hectáreas de trigo y 8 mil de soja. La leguminosa era apenas del 6,8% de la superficie sembrada. En 1996 Carlos Menem y Felipe Solá le abrieron las puertas a la soja transgénica. En las campañas 1997-98, se sembraron 36 mil hectáreas de trigo y 17 mil de soja. Que subió al 16,5% de la superficie sembrada.

El informe del INTA 2008 sostuvo que en la campaña 2007 - 08 la soja representó el 40,5% de la superficie cultivada y el trigo, un 30,2.

Hace apenas meses, la Dirección Agropecuaria de la Municipalidad de Olavarría, presentó la campaña de cosecha gruesa 2016-17: Olavarría tiene 766 mil hectáreas y se sembraron 83.960. Entre soja de primera y segunda se ocuparon 53.223 hectáreas: un 63,4 % del total del área agrícola.

En veinte años el espacio cultivable dedicado a la soja creció del 6,8% al 63,4.

La cantidad de litros de agrotóxicos -glifosato y combinaciones que empeoran la toxicidad- que implican campañas de ese volumen es incalculable. Y la imposibilidad de contar con datos comprobables implica una peligrosa incertidumbre acerca de las consecuencias en la salud pública. "Hay gente que responde que todo va diez puntos y que con el glifosato no pasa nada", sostuvo uno de los tantos consultados por este diario. Y los controles -es casi una obviedad suponerlo- no existen.

El actual ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, es el mismo que en 2009 descalificó los estudios del científico del Conicet Andrés Carrasco sobre las consecuencias del herbicida en los fetos y el mismo que en 2011 dijo que tomar glifosato era como beber agua con sal. Por las dudas, en la Provincia el ministro de Agroindustria es Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto. Hay cosas que nunca cambian.