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09.02 | Policiales Desarmadero en el Depósito Municipal

Investigan como presuntos implicados a agentes de la fuerza de seguridad

En las últimas horas se llevaron adelante varios allanamientos en el marco de una causa por la falta de autopartes en vehículos del predio. Investigan la participación de agentes policiales. 

Siempre se dijo, de tanto repetirse ya formaba parte del imaginario colectivo. El funcionamiento de una suerte de desarmadero con los vehículos alojados en el depósito municipal desde hace ya un tiempo es una como un secreto de voces, sin embargo lo que ahora cambió es que la justicia habría conseguido los elementos necesarios para sacar esa situación de un plano imaginario y asentarlo en actuaciones concretas, que ahora forman parte de una causa que es llevada adelante desde la ayudantía fiscal de delitos cometidos por autores ignorados.

Es más, ahora todo podría pasar directamente a manos de la titular de una fiscalía de instrucción ya que los procedimientos desarrollados ayer habrían avanzado de manera concreta contra distintas personas.

De acuerdo con lo confiado por distintas fuentes consultadas por El Popular, fueron en total cuatro los allanamientos que se iniciaron con el comienzo de la mañana del jueves pero que se prolongaron hasta el cierre de de la tarde. Todos fueron encabezados desde la sub DDI local y contaron con la dirección de la propia doctora Mirta Deroni, a cargo de la ayudantía que encabezó la investigación.

Algunos de esos procedimientos se focalizaron en propiedades linderas al predio judicial ubicado en el barrio Belén. Vale destacar que a ese sitio no sólo se remiten los vehículos secuestrados por procedimientos viales realizados desde Control Urbano, sino que también se suelen alojar de manera provisoria vehículos implicados en siniestros viales o distintas investigaciones, es por ello que también el sector cuenta con custodia policial. Se trata, más precisamente, de tres agentes policiales de la comisaría Primera que van rotando uno por tercio, como suele denominarse en la jerga.

Lo concreto es que los allanamientos tuvieron como objetivo, según trascendió, el domicilio de una persona que en los últimos años se habría visto vinculada de manera directa con el accionar de ese predio. Asimismo, además de otra serie de domicilios particulares, también se allanó un taller mecánico del barrio Luján, con el dato no menor que se trataría de un proveedor municipal. En otras palabras, allí se remitirían desde distintas áreas del Ejecutivo local diversos móviles para reparar.

El saldo de los procedimientos fue sumamente positivo, al punto que fue necesario el arribo de dos acoplados para poder llevar adelante el traslado de más de mil autopartes de autos y motos que fueron incautados en los distintos domicilios. A la par, también se llevó adelante el secuestro 7 ciclomotores y numerosos teléfonos celulares.

Por otra parte, los agentes de seguridad también lograron el hallazgo de plantas de marihuana, por lo que se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737, quedando a todo a disposición del doctor Christian Urlézaga, de la fiscalía especializada en estupefacientes. Asimismo, también de manera paralela, se comenzó otra causa a partir del secuestro de varias armas de fuego y proyectiles. Todo lo incautado se encuentra en la sede de la sub DDI Olavarría y de la comisaría Segunda.

Otro de los datos relevantes es que también estarían siendo investigados como presuntos implicados en esta suerte de red delictiva integrantes de las fuerzas de seguridad local. Vale destacar que todo se manejó con sumo hermetismo, recién al cierre de la edición de diario El Popular se logró que voces oficiales se proclamen al respecto, por lo hicieron de manera puntual, sin arrojar mayores precisiones que pudieran truncar el avance de las pesquisas.

Asimismo, el diálogo con otras fuentes permitió conocer que serían varias las denuncias que dieron inicio a esta investigación, algunas de ellas con bastante tiempo de data. Inclusive el propio municipio habría encabezado varias de ellas a partir del reclamo concreto de vecinos que les manifestaban que habían sufrido el robo de partes en sus motos o autos. La acción desde el Ejecutivo local no sólo se limitaba a la denuncia en lo penal, sino que también tenía su correlato en actuaciones administrativas.