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28.03 | Columnistas Una pelea que afecta la salud de las instituciones

La batalla política por la Justicia

Eduardo Farah, uno de los camaristas que decidió la liberación de Cristóbal López, dijo que el presidente Mauricio Macri debiera "medirse" en sus dichos después que el primer mandatario criticara ese fallo. Por Daniel Puertas

Daniel Puertas
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El ministro de Justicia, Germán Garavano, le retrucó que el Presidente tiene derecho a cuestionar esa resolución y avaló las críticas.

Aunque el grueso de la población está preocupada y ocupada en temas más urgentes que tienen que ver con su vida cotidiana, en el escenario mediático la liberación del empresario es debatida con un ardor que casi nunca compensa la falta de información y conocimientos jurídicos mínimos.

Pero en esa discusión afloran de tanto en tanto detalles reveladores de la virulencia de la batalla política que se viene librando desde hace largo tiempo por el control de la Justicia con poco respeto por el siempre pregonado respeto a la independencia de los poderes.

Más de treinta años de democracia no han logrado resolver la cuestión judicial, las sucesivas administraciones políticas han fracasado -cuando lo intentaron- en sus esfuerzos por fortalecer el tercer poder del Estado y mejorar la administración de justicia.

Es preciso, por supuesto, hacer una salvedad: centenares de jueces, fiscales y defensores trabajan diariamente con vocación y eficacia sin que su encomiable labor sea objeto de la atención mediática. Al mismo tiempo, la legislación ha incorporado avances importantes que tampoco son advertidos por la mayoría de la población, como, por citar un ejemplo de mucha actualidad, la perspectiva de género.

Algo más de veinte años atrás, en un seminario sobre periodismo y Justicia realizado en la Ciudad de Buenos Aires, un juez nacional, con desaliento evidente, me contaba su drama cotidiano para tratar de hacerle entender a su hijo pequeño que él no era un delincuente. Sus compañeritos le decían que todos los jueces eran malos, terribles.

Eran los años menemistas de la Corte con mayoría automática, jueces de la servilleta y el prestigio de la Justicia rondaba por los subsuelos. Y ese juez joven y cargado de conciencia no tenía herramientas para explicarle a su hijo que "todos no somos como los jueces de Comodoro Py", como me dijo con amargura imposible de disimular.

Más de veinte años después todo está como era entonces. Los jueces federales de Comodoro Py siguen en el centro de la escena y la mayoría no tiene reparos en obedecer ciegamente al poder de turno de forma tan notoria como desvergonzada.

Y el poder político tampoco duda en extremar acciones para alinear a la gente de la Justicia en sus filas, sea blandiendo un palo o agitando una zanahoria. Mientras tanto, las instituciones siguen sufriendo heridas que nadie sabe cuánto tiempo demorarán en sanar, si es que esto es posible.

La polémica pública en torno de la liberación del llamado "zar del juego" sirve también para medir el grado de desconocimiento que tienen periodistas varios y opinólogos recurrentes de conceptos elementales del Derecho.

La prisión preventiva es una medida cautelar que debe aplicarse sólo en última instancia y cuando existe riesgo concreto de que el imputado pueda intentar la fuga, la destrucción de pruebas o represente un peligro para la víctima.

La fianza o la prisión domiciliaria son otras medidas cautelares que pueden usarse con el mismo objetivo y son menos gravosas para el procesado.

Hay organismos que rechazan la prisión preventiva porque contradice abiertamente la presunción de inocencia y se convierte en una pena anticipada. Nada compensa al imputado por el tiempo pasado en prisión. Entre otras cosas, el daño moral sufrido no tiene reparación posible.

De hecho, los críticos del fallo de la Cámara Federal que liberó a Cristóbal López dejan bien en claro en sus declaraciones que pretenden que esa prisión preventiva sea una sanción directa, que el imputado purgue una pena antes de que haya un pronunciamiento sobre su culpabilidad o inocencia.

El argumento más utilizado es que las causas por corrupción en la Argentina demoran años en concluir. Aunque esto es cierto, no menos cierto es que no se puede violar alegremente el espíritu de las normas porque eso, más tarde o más temprano, tiene consecuencias colectivas dañosas para el sistema.

Según el sondeo de la Corporación Latinobarómetro, en 2017 sólo el 25 por ciento de los argentinos confiaba en el Poder Judicial. Claro que en el Congreso sólo confiaba un 26 por ciento y apenas un 18 por ciento en los partidos políticos. Un poco mejor estaba el Gobierno con un 32 por ciento.

Un detalle que la clase dirigente debería tener en cuenta que las instituciones más confiables para los argentino según ese estudio eran la Iglesia, con el 55 por ciento, las Fuerzas Armadas con un sorprendente 50 por ciento y la Policía con un 38 por ciento.

Es decir, las instituciones democráticas están muy por debajo en el ranking de confianza. Sería interesante que reflexionaran sobre eso antes de seguir jugando con cosas que no tienen remedio, como lo hacen ahora con la Justicia.