111497

11.04 | Información General El juez de Familia con El Popular

"Con informes negativos, no hubiera ordenado la restitución de los niños"

Los niños asesinados junto a su mamá fueron restituidos por el ex juez García pero Daniel Morbiducci había decidido una medida de abrigo. Una tragedia evitable. La entrevista completa.

Claudia Rafael

[email protected]

Este lunes asumió el juez Daniel Morbiducci en el fuero de Familia. En un contexto de tragedia evitable, como fue la que atravesó a Verónica Montenegro y sus niños Jazmín y Ezequiel. Tres piezas en el rompecabezas humano que ahora quedó definitivamente inconcluso. La cuarta víctima es asumido como victimario: Edgardo Ríos, pareja de Verónica y papá de los dos nenes. Su antecesor, Claudio García, separado del cargo por acusaciones de abuso sexual y violencia laboral, fue quien determinó -a pesar de la medida de abrigo que había ordenado Morbiducci cuando ocupaba interinamente el cargo, tras la muerte de la jueza María Inés Germino- que la familia podía funcionar como tal y que los chicos debían volver al hogar. Si bien Morbiducci prefiere no opinar sobre lo que fueron las decisiones de García, este diario pudo chequear que los informes tanto del equipo técnico judicial como del servicio local y de la asesoría de menores eran negativos. Y aunque no son vinculantes, el juez decidió en contrario. En los informes se leía que Ríos no tenía conciencia de su patología violenta y que Verónica Montenegro estaba en completo estado de sumisión.

En entrevista con EL POPULAR, y a un día de haber asumido, Morbiducci respondió hasta donde consideró que le era posible hacerlo por el contexto global de la historia y la investigación en curso.

-Una mujer y dos niños asesinados. ¿Cómo se llegó a esta instancia?

-No estuve en los últimos meses. Por lo tanto, lo que yo puedo analizar tiene que ver con lo ocurrió mientras yo estuve al frente del Juzgado de Familia: a partir de 2015 hasta febrero de 2017 en que asumió el doctor Claudio García. Recién este lunes me volví a hacer cargo. Lo que yo sé es que hubo dos denuncias durante mi gestión. Una de 2015 y una de 2016. La de 2015, generó una serie de medidas, se le dio intervención al servicio y generamos unas medidas de restricción. Al poco tiempo volvieron a vivir juntos, pero poco después se produjo otra denuncia. Suele ocurrir que las medidas no se cumplen, se violan. Y ya la segunda denuncia involucraba también a los chicos. Y la mujer se encontraba en un estado emocional complicado y los chicos en un claro estado de vulnerabilidad. Ahí dimos intervención al servicio local. Ordené una evaluación psicológica de la señora que derivó en una internación en Salud Mental. Y tomamos una medida de abrigo con respecto a los chicos. En la búsqueda de un lugar dentro de la familia ampliada, se encontró a unos tíos que estaban dispuestos a hacerse cargo de los chicos y se modificó el lugar de la medida. En lugar de ser en el hogar Peñihuen fue en la casa de estos tíos. Esta es una medida que administra el servicio local y se hace un seguimiento, con un plan estratégico de restitución de derechos que los padres tienen que cumplir durante un plazo. Que en principio es de seis meses y si no se cumple, porque eso es monitoreado durante todo el período, se puede decretar el estado de adoptabilidad.

-¿En qué instancia de este proceso usted cesó en el cargo?

-Cuando yo me fui estábamos en plena familia de abrigo. Estaban con la familia ampliada y se estaba monitoreando la medida. No se habían cumplido los plazos legales para determinar si se decretaba el estado de adoptabilidad o se restituía a la familia biológica. Luego me fui y siguió el juez titular. Cuando me reincorporé ayer, en el medio de este horror que ocurrió, tomé conocimiento de que a fin del año pasado se había decidido devolverlos a la familia biológica.

-A pesar de que los informes del servicio local y del mismo equipo técnico del juzgado recomendaban lo contrario...

-Son cuestiones técnicas sobre las que no quisiera ahondar en estos momentos. Sí hubo informes porque siempre se hacen inclusive desde el ministerio público, a través del asesor de menores.

-Creo que el tema es mucho más complejo. O se depositan todas las responsabilidades exclusivamente en García o se hace un análisis más macro y hay otro tipo de responsabilidades también...

-El tema de niñez, dentro de todo el fuero de familia, es especialmente preocupante. Los chicos son nuestro futuro y Olavarría está atravesada por problemáticas de niñez, en donde hay violencia, abuso... El Estado debe estar mucho más alerta para detectar. Y muchas veces se termina naturalizando. Las denuncias vienen en gran medida desde las escuelas, cuando se animan a denunciar. Antes de asumir ahora en Olavarría, estuve en Cañuelas donde tuvimos dos casos muy terribles de abuso. Uno con seis chicos involucrados, con pornografía infantil, donde la denuncia llegó desde el colegio porque la madre era partícipe. Y después, otro caso en el que estaban involucrados tres chicos con dos padres que tenían patologías muy terribles. Ellos habían tenido un primer hijo al que, a los tres años, se lo habían sacado; estaba completamente desnutrido. Y eran gente de dinero, para no pensar en estereotipos. Esta criatura tiene hoy 15 años. Y, sin embargo, los servicios locales, en ese período de doce años jamás detectaron que esta gente había tenido otros tres hijos con quienes repetían la historia.

-Si uno se retrotrae un poco en el tiempo, para obviar la gestión García, ¿Qué señales de alerta detectó para decidir una medida de abrigo?

-Legalicé una de las medidas más importantes que es el abrigo. Y si los padres no cumplen con determinadas pautas, como tratamiento psicológico y muchas otras cosas, se puede llegar al estado de adoptabilidad. Es una medida conjunta entre el servicio local, que debe hacer el plan estratégico y supervisar si se cumple. Y nosotros, como juzgado, podemos ordenar las medidas necesarias para ver si todo se cumple.

-¿Por qué llegó a esta medida de abrigo con esta familia en particular?

-Porque había una madre que en ese momento no podía cumplir el rol materno y debía hacer un tratamiento para recuperar ese rol. Y el padre era un violento, que no se podía acercar ni a los niños ni a la mamá. Era violento para con todos ellos. Hasta tal punto existía esa violencia que los chicos tenían señales de problemas madurativos. Estaban claramente viviendo en un hogar disfuncional que incidía en su salud psíquica. Más allá de lo que ellos después pudieron poner en palabras. Y la señora estaba en ese estado de desequilibrio producto de la sumisión a la violencia que se vivía en ese hogar. En ese momento no tenía a quién darle a esos chicos y por eso se adoptó la medida de abrigo en el hogar Peñihuen. Cuando se pudo detectar que podía haber personas de la familia ampliada, previo trabajo con ellos, que se podían hacer cargo de los chicos se cambió la medida de abrigo. Las dos criaturas fueron a vivir con los tíos. Es un tiempo legal de seis meses en los que se debe decidir si vuelven o no con sus padres. Yo llegué a la mitad de la medida, a los primeros tres meses. Hasta ese momento no había ninguna razón, al contrario, como para que esa medida fuera levantada. Porque no estaba acreditado que el señor se estuviera sometiendo a ningún tratamiento como se había ordenado y la señora tampoco. Por lo tanto, seguía la medida de abrigo. Cuando se venció el plazo, el doctor García los restituyó.

-Los chicos ¿tuvieron posibilidad de acceder a un abogado del niño?

-No. Cuando son muy chicos y es muy clara la situación, con padres tan disfuncionales, que no hacían reclamo para volver a relacionarse con ellos, no se les pone un abogado del niño. Ella los podía ver pero él en ningún momento pidió hacerlo. Es decir, no había conflicto de intereses. Al menos, mientras yo estuve. También el asesor de menores había consentido la medida de abrigo.

-¿Por qué si una mujer no ratifica una denuncia, el caso se archiva?

-En el fuero de Familia no es así. Eso es así para el fuero penal. Nosotros, en Familia, actuamos de oficio y así nos obliga la ley, aún en contra de la voluntad de la persona. Supongo que usted se refiere a las declaraciones de la fiscal Beytía pero eso atañe al fuero penal. Creo que la doctora Beytía se refería a una denuncia por lesiones que, aparentemente eran leves, no pudo seguir con la investigación porque la señora no ratificó la denuncia.

-Si hubiera continuado su gestión, con el panorama que tenía esta familia, ¿hubiera ordenado la restitución?

-Con un informe negativo, no. A lo sumo, si tengo informes contradictorios, trato de despejar la duda. Pero con informes negativos no lo hubiera determinado. Sinceramente, no. De hecho, no lo hago. A veces difieren los informes entre servicio local y el equipo técnico y puedo ordenar pericias psicológicas, psiquiátricas, para estar seguro y tener la mayor certeza posible. Pero con informes negativos, de ninguna manera ordenaría una restitución. Es tremendo lo que ocurrió. Y el problema es amplio y complejo. Falta mucho y no puede ocurrir que mueran personas para que algo cambie. Nunca estamos exentos porque el violento es incontrolable a veces. Pero hay que tomar los mayores recaudos posibles.