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15.04 | Columnistas Podría incluirse la decisión del juez García de restituir a los niños Ríos a su familia entre las causas que podrían definir su destitución

Esquirlas sociales, las instituciones y la muerte violenta de dos niños y su madre

Si se denuncia al suspendido juez Claudio García por el dictamen que restituyó a los niños Ríos a la familia, se sumará a las cinco causas por las que será enjuiciado políticamente. Hubo, además, en 2015, una denuncia archivada en el fuero penal porque era considerada irrelevante. Hay hoy dos niños y una mujer que fueron asesinados y el Estado deberá dar respuestas. Por Claudia Rafael

Claudia Rafael
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Con el jurado ya conformado -que deberá discutir si se destituye o no a Claudio García, suspendido juez de Familia- desde el Consejo de la Magistratura de la provincia, aseguraron a este diario que "si se presenta una denuncia por considerar que hubo una irregularidad en el dictamen" relacionado con las decisiones que García tomó en torno del destino de Jazmín y Ezequiel Ríos se la podrá sumar a las cinco causas en su contra ya existentes. Esas cinco causas abarcan no solamente las denuncias por "abuso sexual y violencia laboral" sino otras relacionadas con dictámenes. Todas aunadas en una por referirse al mismo magistrado.

Hace menos de un mes se completó el jurado que deberá sentarlo en el banquillo para juzgarlo políticamente y decidir si se lo destituye o no. Si bien había habido un sorteo el año pasado, el 14 de marzo quedó la integración definitiva: los diputados Carlos Gutiérrez, Ricardo Lissalde y María Elena Torresi, todos del Frente Renovador y Hugo Oroño, de Cambiemos. Más la senadora Nidia Moirano, también de Cambiemos. Y además, los peritos conjueces Carlos Valdez (La Plata), Adrián Murcho (San Isidro), Fulvio Santarelli (San Isidro), Héctor Mendoza Peña (La Plata) y Juan Pablo Cafiero (San Isidro).

Hasta ahí la información formal y dura. Los tecnicismos se deberán completar con la fecha para el inicio del juicio que aún no está definida.

Pero hay otra parte. Más profunda. Más honda. Más humana. Que atañe a las muertes violentas de Verónica Montenegro y sus niños, Jazmín y Ezequiel, de 11 y 7 años. Pero que también va mucho más allá. Porque son crímenes que salpican con sus esquirlas de tragedia a toda una sociedad. A sus compañeros de escuela, a sus amigos de la plaza, del barrio, a los vecinos y vecinas que escucharon una o mil veces los gritos ahogados o punzantes. Porque es una historia que no debía tener el final que tuvo pero que fue institucionalmente cocinada por quienes avalaron o naturalizaron una revinculación con una familia que no fue otra cosa que el huevo de la serpiente.

El juez de Familia, Daniel Morbiducci, en la entrevista con esta periodista publicada el miércoles pasado, dijo que -en febrero de 2017- "cuando yo me fui (del cargo) estábamos en plena medida de abrigo. Estaban con la familia ampliada y se estaba monitoreando la medida. No se habían cumplido los plazos legales para determinar si se decretaba el estado de adoptabilidad o se restituía a la familia biológica. Luego me fui y siguió el juez titular (Claudio García). Cuando me reincorporé ayer, en el medio de este horror que ocurrió, tomé conocimiento de que a fin del año pasado se había decidido devolverlos a la familia biológica".

Y eso fue así a pesar de los informes negativos tanto del equipo técnico del juzgado como del servicio local de niñez. A la mujer -según revelaron en riguroso off a esta periodista- "él le gatillaba en la cabeza como costumbre. A los niños, en pleno invierno los obligaba a meterse al agua a buscar lo que cazaba".

En enero de 2015, a Verónica Montenegro se le había determinado una custodia dinámica por el terror que ella plasmó que sentía tras haber concretado una denuncia contra Edgardo Ríos. Luego, los documentos oficiales en el fuero penal indican que lo revelado (por la víctima) "traído a conocimiento, carece de relevancia penal por lo que la denuncia no puede prosperar. Los hechos traídos no se encuentran tipificados en figura penal, se resuelve desestimar la denuncia".

Repeticiones

El gran riesgo de esta trágica historia está en que, por decisiones de este tenor desde diversas áreas institucionales, es que, por un lado, toda culpabilización se concentre en los mismos chivos expiatorios. Y, por otro, en que aquello que ocurrió una, dos, diez veces, vuelva a suceder.

¿Acaso no existían denuncias previas también cuando en octubre de 2002 Karina Mairani y su pequeño de casi dos años fueron asesinados por la pareja de ella y padre del bebé? En un caso que, dentro del área municipal, terminó con las sanciones a la empleada responsabilizada de cajonear las denuncias. Pero sin una revisión profunda de prácticas estructurales que, 16 años más tarde, se repitieron con ribetes similares. Con actores diferentes, víctimas distintas, responsables con diferentes nombres y apellidos. Pero un sistema que, a lo largo de 16 años incorporó nuevas áreas, pero sostuvo intactas ciertas miradas entre quienes como el juez García determinaron que había relaciones sanas dentro de una familia que posibilitaban que allí funcionara un mundo feliz.

García es García. Es un nombre. Es una persona determinada que tomó equis decisión en un momento y claramente no imaginó que ocurriría meses más tarde lo que sucedió esta semana. Pero eso que no imaginó se plasmó en sangre y en horror. Aunque si bien no son legalmente vinculantes, no se puede perder de vista que hubo -desde áreas diversas- informes rotundamente negativos que referían la peligrosidad de Edgardo Ríos. Pero además, hay quienes, avalaron políticamente el nombramiento del sucesor de María Inés Germino porque es harto sabido que no hay modo de llegar a una magistratura (como tampoco a una fiscalía o a una defensoría) si no se tiene un padrino o madrina.

El gran tema es cómo continúa toda esta historia. Porque la fiscal Viviana Beytía es quien hoy investiga un triple crimen y analiza las responsabilidades de un presunto encubridor ya que Ríos murió también producto del fuego.

Pero hay un entramado social complejo. Hubo dos criaturas que fueron institucionalizadas en un hogar municipal para grupos de hermanos en los momentos en que la justicia de Familia decidió que Verónica Montenegro necesitaba ayuda psicológica porque -según refirió Morbiducci en la misma entrevista- estaba en un estado de completa sumisión emocional. "Y el padre era un violento, que no se podía acercar ni a los niños ni a la mamá. Era violento para con todos ellos. Hasta tal punto existía esa violencia que los chicos tenían señales de problemas madurativos", agregó el magistrado actualmente en funciones.

¿Es acaso un hecho aislado? Indudablemente no lo es. Hay infinitas historias que tienen menor, igual o mayor gravedad que atraviesan la ciudad. Porque atañen a la condición humana misma en tiempos en los que los lazos de sociabilidad están rotos y en los que urge replantearse las respuestas que los organismos del Estado tienen a la mano.

Hay múltiples historias que serpentean por los pasillos institucionales. Que piden ayuda a los gritos. Que se observan en la piel y en la voz silenciada de los chicos y de las mujeres.

El gran problema es que, tal como define el psiquiatra Alfredo Grande, "cuando se pierde la familiaridad, aparece el huevo de todas las serpientes. Familia y familiaridad tienen que estar juntos. Y cuando la familiaridad ya no está en el marco de la familia, la familia no es la solución, sino el problema".

Y en el medio de todos esos vericuetos burocráticos y papeleos hay vidas que ya no están. Que se perdieron definitivamente. Como diría Serrat hay quienes sistemáticamente "juegan con cosas que no tienen repuesto".