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14.07 | Policiales Causa penal por coimas

Sobreseyeron en segunda instancia al ex juez Saladino

Tras la apelación de los fiscales Bruna y Pizzo, la Cámara en lo Penal de Mar del Plata confirmó el sobreseimiento del ex juez Antonio Saladino. Los camaristas remarcan que la muerte de Marcos Alonso no tuvo que ver con las acusaciones por coimas que se le imputaron a Saladino.

Claudia Rafael

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En las últimas horas de ayer, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata sobreseyó, en voto unánime, al ex juez de Garantías local Antonio Saladino, en la causa por coimas que se llevó en su contra. Se lo había acusado de haber recibido 10.000 pesos de manos del abogado asesinado Marcos Alonso en el inicio de enero de 2010. Apenas unos días antes del crimen mafioso que conmovió a la ciudad y que traspasó escandalosamente sus fronteras. La confirmación del sobreseimiento en segunda instancia lleva las firmas de los doctores Esteban Viñas (presidente), Marcelo Riquert y Javier Mendoza. Este último, conocido en su tiempo como ex fiscal y luego, entre 2009 y 2011, jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Este sobreseimiento tendrá seguramente cola. Saladino y su representante legal, el abogado César Sivo, irán probablemente por más después de más de ocho años de zarandeo judicial y con una cruz de condena sobre la espalda.

Son 17 páginas a las que esta cronista tuvo acceso anoche en exclusiva y que confirman que -a juicio de la Cámara- está probado que la muerte violenta de Alonso tuvo algún tipo de vinculación con las acusaciones vertidas contra Saladino. Acusaciones que hablaban de un supuesto acuerdo entre el penalista y el juez para liberar a Walter Gallastegui, acusado de un ataque a balazos a Fabricio Armendano en un pool del microcentro a mitad de noviembre de 2014.

Los camaristas advierten en su sentencia que los allegados de Alonso "quisieron ocultar, falseando u omitiendo datos relevantes" que tenían que ver con actividades ilícitas del abogado que ligan a la "comercialización de estupefacientes". Textualmente se lee que "la acusación se sustentó en una hipótesis instaurada por los familiares del abogado".

A lo largo de las páginas se puede observar cómo Viñas, Mendoza y Riquert analizan que "el resultado del jury y su conexidad no pueden conducir a la confusión o asimilación de los distintos objetos de juzgamiento". Es decir, advierten que "es necesario evitar que el fallo político reemplace al pronunciamiento judicial o lo condicione de manera inadecuada". Porque no toda "inconducta" en las funciones tiene "ineludible significación penal".

En castellano puro: una cosa es lo que en un juzgamiento político se pueda considerar una inconducta y otra muy diferente es una acción delictiva. Es ahí en que los camaristas hablan de los errores de valoración de los fiscales David Bruna y Roberto Pizzo que confunden -dice el fallo- "gravedad institucional" con "interés institucional". De algún modo, los retan como a niños que han valorado un delito con los elementos de una inconducta ética.

Riquert es muy duro en sus palabras -luego acompañadas con el voto de sus pares- cuando indica que es un "imperativo" el "evitar que ese clamor natural hacia la restauración del orden institucional quebrantado no se convierta de manera mecánica e irreflexiva en la búsqueda judicial de una respuesta adicional punitiva".

No se ahorran críticas hacia Saladino. Porque plantean que está totalmente acreditado que asumió "una conducta ostensiblemente inadecuada a su función" y que "ha sido bien apartado de la judicatura". Pero vuelven sobre Bruna y Pizzo para expresar que "quizás otra investigación mejor orientada hubiera obtenido diverso resultado en esta sede con base en un tipo penal menos grave". Sin miramientos juzgan: la evaluación del Ministerio Público Fiscal "luce al menos desajustada o contradictoria".

Más allá de estas advertencias, tanto acerca de la inconducta ética de Saladino como de las contradicciones investigativas de los fiscales, ponen el acento en la búsqueda de desviar los ojos de las verdaderas razones por las que Marcos Alonso fue asesinado.

"El círculo íntimo de Alonso, desde su inicio buscó correr el foco de atención", se lee. Y sobre la viuda del penalista -principal testigo en el tema de la supuesta entrega del dinero- analizan que hubo un corrimiento de fechas para esa presunta coima "de hasta cuatro días".

Entonces los camaristas vuelcan dos hipótesis. La primera, plantea que Alonso podría haber ocultado parte de sus "actividades paralelas" a la familia. La segunda, que los familiares testigos las habrían conocido y habrían intentado denodadamente ocultar el verdadero entramado de relaciones y "negocios ilícitos del letrado". Los camaristas creen que la primera de ambas opciones tiene mayor verosimilitud. Y es en ese punto en que recuerdan que, cuando Marcos Alonso se comunicó con su suegro para pedirle que le llevara una cantidad de dinero de modo inmediato era para abonar parte de un crédito hipotecario, cuando en verdad -dicen los camaristas- era para "saldar deuda de narcotráfico".

Fue el 25 de enero de 2010, entre las 13.22 y las 15.30, en que Marcos Alonso fue asesinado. Y su cuerpo fue encontrado con señales mafiosas en la madrugada del día siguiente.

Poco después, ya la espada de Damocles comenzó a pender sobre la cabeza del ex juez de Garantías de Olavarría. Hace seis años fue destituido por un jurado de enjuiciamiento. Y ahora, ya en segunda instancia, la Cámara de Apelaciones confirmó su sobreseimiento penal. No hay dudas de que este fallo traerá cola. Que seguramente, será tan larga como los millones que implicarán.