126713

01.02 | Información General 

Advierten transferencia de costos a los Municipios por la implementación de PPP

En los nuevos convenios de Participación Público Privado (PPP) para la construcción y administración de corredores viales impusieron una cláusula que para los municipios significa hacerse cargo de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en caso de accidentes, cuando ocurren sobre el asfalto en sus jurisdicciones.

Según denunciaron en la Defensoría del Pueblo de la provincia, los nuevos concesionarios que se hicieron cargo de los proyectos de obra pública a partir de octubre del año pasado, dieron de baja los acuerdos que tenían con empresas de ambulancias y otras emergencias. Y desde entonces, esos costos corren por cuenta de los intendentes.

El organismo que dirige Guido Lorenzino, adelantó que presentará un recurso judicial para frenar esa disposición. "Los municipios enfrentan estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y garantizarle los negocios a las empresas", explicó Lorenzino.

Esta medida alcanza a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205), dijeron en la Defensoría. "La compañía que tiene a su cargo el corredor B nos informó que desde noviembre rescindió el contrato con la empresa de emergencias que operaba sobre la vía", aclararon.

Los proyectos PPP son la apuesta fuerte del Gobierno para recuperar los niveles de inversión en obra pública después del estallido de las devaluaciones de la moneda en 2018. La crisis cambiaria y financiera obligó a las autoridades nacionales a revisar la estructura de esta mecánica de contratación. Es que después del derrumbe de la moneda y con las tasas por las nubes, dejó de ser atractiva la propuesta para los inversores. Incluso, el acercamiento con el FMI también puso entre paréntesis a los PPP, porque entiende que es una forma de endeudamiento que abulta el déficit fiscal.

Aún así, la secretaría de Transporte de Nación , adjudicó los seis corredores para ampliar y mejorar 3.300 kilómetros de caminos en la zona central del país por una inversión de 6.000 millones de dólares. En el tercer trimestre de 2018, las firmas operadoras comenzaron a hacerse cargo de la administración.

Pero la modificación de la cláusula sobre obligaciones en casos de emergencia provocó la reacción de algunos jefes comunales que están cruzados por autopistas.

Un caso

El intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, debe sumar casi dos millones de pesos por mes para asistir -con ambulancias y gruas- a los usuarios de las autovías 3 y 205, que atraviesan su distrito. El alcalde de Junín (ruta 7) también está haciendo gestiones ante Vialidad Nacional, para encontrar una solución.

Ante este escenario, la Defensoría envió notas a todos los municipios afectados y puso foco sobre el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones. "Por ejemplo, la desobstrucción de la traza luego de un accidente queda ahora en manos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que debe distraer recursos humanos destinados a otras tareas, como el control en las zonas de veraneo", pusieron como ejemplo en la Defensoría.

"Pareciera que la única política del gobierno es ir en contra de los usuarios, por lo que analizamos presentarnos ante la Justicia para que se revea esta situación que golpea a los municipios y afecta a los ciudadanos", advirtió Lorenzino.