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12.03 | Columnistas Infancia y derrotero hasta los depósitos carcelarios

La historia de Blas Hernández y las muertes evitables en la cárcel

Historias que suelen ser anónimas. Pero que deben obligar a un sinnúmero de interrogantes sobre responsabilidades institucionales y sociales. En este caso, la muerte de un joven de 24 años, papá de un niño pequeño, en el hospital municipal al que llegó derivado desde la Unidad Penal 38. 

Claudia Rafael
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"Las muertes en el encierro siguen siendo evitables en tanto la desatención de la salud es la base de su recurrencia, asociada con las infrahumanas condiciones de vida", se lee en el informe 2018 del Comité contra la Tortura. Pero su magnitud es tal que, por ejemplo, entre 2008 y 2016 las muertes producidas por problemas de salud representaron el 68 por ciento, los homicidios el 21 por ciento y los suicidios el 11 por ciento. Durante 2017, las muertes por problemas de salud se ubicaron en el 45 por ciento pero hay un 40 por ciento de muertes que figuran como "sin dato". En esa estadística, en los inicios de 2019, se ubica la muerte evitable de Blas Hernández, un pibe de 24 años, detenido en la Unidad 38, muerto en el Hospital Municipal durante el feriado del lunes de carnaval. La casi totalidad de esas muertes en cárceles bonaerenses tuvieron antes recorridos vitales similares a los de Blas, sólo que terminan siendo crónicas de vida anónimas con protagonistas que muy pocos recuerdan.

La corta vida de Blas Hernández tuvo muchos más ingredientes que las de las mayorías. Desde su niñez y hasta su muerte. Y significó un cóctel fatal que se lo llevó puesto. Para muchos, un pibe alegre, lindo, con potenciales para ejercer un liderazgo entre sus pares, entrador, que quería ser libre. Para otros, una pesadilla que asolaba sus días en territorios de violencias y consumos problemáticos que lo fueron cooptando y le fueron limando las posibilidades de "ser".

Chicos como Blas tuvieron y tienen una espada de Damocles que pende sobre sus cabezas. Que les van marcando los días. Desde sus entornos más cercanos y desde un estado que, demasiadas veces, se toma sus largos tiempos para actuar mientras las vidas de los pibes de las barriadas se les escurren peligrosamente.

Pibes que a los 12 ó los 13 años compraban en su barrio poxirram -con la misma facilidad con que se compra un manojo de caramelos- a un ferretero que sabía muy bien cuál era la finalidad. Luego las pastillas psiquiátricas que les facilitaban desde ciertos ámbitos. La hermandad de ese inicio en un consumo que les fue liberando sus propios alertas, que los fue envalentonando, con los primeros pasos en algunos delitos menores fue definitoria. Primero en los barrios de los alrededores, después a los mismos vecinos.

En una de tantas historias vivió su primera internación. En Pediatría, primero y luego, una derivación temporal al Hogar de Adolescentes del Municipio.

Sujetos de deseo

Los pibes de un barrio asolado por una historia difícil desde sus inicios. Hay quienes hoy recuerdan aquellos días en que quisieron dar un volantazo a ese destino impuesto y de círculo repetido hasta el hartazgo "haciendo de los pibes sujetos de deseo. Nos reunimos con ellos, fuimos charlando de lo que les pasaba y quisieron con muchas ansias que les dieran un curso de carpintería en el CIC. Pensaron en hacer ese curso para poder fabricar alacenas y bajo mesadas para toda la ola de departamentos que se estaban construyendo en la ciudad". El gran detalle es que la mayor parte de esos pibes (que iban casi todos desde los 12 a los 16) eran menores de edad. Tardó años en implementarse. Es que no faltaron las voces municipales que advertían sobre los riesgos de accidente, "de que alguno se cortara un dedo" y de las implicancias legales "por responsabilidad civil". En esos pocos años entre el deseo y la puesta en marcha "ya muchos estaban colgados del mapa", estaban jugados.

Ese grupo de pibes, entre los que se movía Blas, fue ingresando en una espiral compleja de consumos y violencias. Como suele ocurrir -en esos y en tantos otros barrios- esa puja cada vez más tirante para medir "quién es más machito, quién la tiene más larga. Y los enfrentamientos se hicieron cada vez más peligrosos". En abril de 2012 fue asesinado en uno de esos contextos de violencias Rodolfo Sánchez, un referente muy querido en el barrio y por los mismos pibes. Sánchez había sido de la partida en los viajes a Chapadmalal y otros complejos creados por el peronismo de los años 50 en los que esos chicos se maravillaron y vivieron su primera experiencia en el mar. Aquel crimen fue el punto de partida feroz para un viaje sin retorno a institutos de menores que poco tienen de humanizantes y que suelen ser depósitos crueles para la tragedia temprana.

Tal vez, sin embargo, el quiebre feroz para que muchas amistades se transformaran en enemistades definitivas fue la muerte de uno de los hijos de Sánchez, un par de meses más tarde, en un juego de ruleta rusa con una pistola tumbera.

Ya fue un sin retorno. ¿De qué sirven los esfuerzos individuales -desde dentro o desde afuera del Estado- cuando no están acompañados de políticas sostenidas para sacar a pibes entrampados en entornos nocivos que los van hundiendo? Los pibes se santiguaban y aferraban al santuario del Gauchito Gil del barrio al que veneraban con fotos, porros, alcohol, cintas rojas, cartas y puchos encendidos. Pero el Gauchito Gil no los salvó de la destrucción. Ni a Blas ni a muchos otros atravesados por vidas golpeadas. No necesariamente por la marginalidad. Pero sí por la ausencia de futuro que no les resultaba asible. El concepto de presente rabioso suele ser lo único capaz de incentivar.

"Que aprendan un oficio. Que pudiesen en algún momento hacer un emprendimiento como el que tenían en mente era algo zarpado. Pero creo que el consumo de porquerías los marcó mucho más y, encima, el municipio que tardó años en concretar los proyectos", recuerdan quienes tuvieron en algún tiempo activa participación en la barriada.

"No lo vi"

No hay un Estado que pueda decir: "no lo vi". A Blas Hernández el Estado lo vio con claridad cuando a los 14 años una directora de escuela llamó a la policía porque había roto un vidrio de un codazo y lo llevaron esposado desde adentro del aula. Lo vio también cuando los responsables de políticas institucionales fracasaron con planes siempre postergados. Y lo vio incluso cuando entornos cercanos tóxicos y perjudiciales lo dejaron entrampado. El Estado lo vio una y mil veces como a tantos otros chicos y jóvenes de los márgenes de la ciudad cuando enviaba a la policía a cercarles el paso y dejarlos encerrados en el cuadrilátero de su propio barrio. Con la convicción de que "el centro no les pertenece".

La muerte de Blas fue anunciada. En lo simbólico e histórico y en lo concreto de esos, sus últimos días. Lo tuvieron esposado de pies y manos en el Hospital hasta que una presentación judicial de la Comisión por la Memoria determinó que el juez ordenara que le quitaran los amarres. A pesar de estar en un coma farmacológico, con pulmones, hígado, riñones, páncreas destruidos. Al hospital -cuentan en un rigurosísimo off de record- llegó destrozado. Como sistemáticamente ocurre con los detenidos que se trasladan al centro de salud desde la cárcel.

Es decir, que hay toda una parte de la historia -que es lo que impidió la cremación del cuerpo de Blas porque hay una causa penal en curso- que deberá investigarse. Y que está emparentada con la historia del grueso de los detenidos bonaerenses que padecen problemas de salud.

Se lee en el informe 2018 del Comité contra la Tortura: "El acceso a la atención médica y a los lugares de atención está dificultado o impedido por la mediación penitenciaria, la falta de políticas de atención primaria y la falta de recorridas médicas por los pabellones". Sigue además: "Los sectores destinados a internación se caracterizan por la ausencia de políticas de cuidado, malas condiciones materiales y falta de aparatología básica, por lo que no cumplen con ningún parámetro para ser definidos como espacios sanitarios. La falta de datos públicos y de información epidemiológica rigurosa y mínimamente organizada constituye el escenario en el que se produce y gestiona la política sanitaria en el encierro, que carece de planificación y desarrollo de políticas sostenidas en el tiempo".

Se expresa también: "En Sierra tenés que renegar para ir a sanidad. Si no te veían moribundo no te sacaban".

¿Por qué Blas Hernández llegó al hospital en condiciones pésimas de salud? ¿Cuánto se demoró la decisión del traslado? ¿Por qué permaneció esposado hasta que intervino la Comisión por la Memoria? ¿Fue convenientemente revisado al momento de ingresar detenido a la Unidad 38? ¿Es una política de Estado el abandono sanitario de personas encarceladas?

Una historia -en cada uno de sus costados- que, en sí misma, constituye una radiografía de un sistema perverso.

Pero lo que no se puede perder de vista es que durante 2017 "el Comité contra la tortura presentó 2.178 acciones judiciales individuales para requerir atención médica de personas detenidas, entre ellas 960 informes urgentes y 853 habeas corpus". De la totalidad de las acciones presentadas por el Comité contra la Tortura "el 46 por ciento" incluyeron "el problema de la salud".