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17.03 | Columnistas En 2009 anunciaban la baja. Diez años sin mejorar la vida de la niñez

Scioli, Cambiemos y los espasmos de la edad de imputabilidad a los adolescentes

Diez años atrás Daniel Scioli anunciaba en Olavarría que buscaría la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años. Una década después, Cambiemos sostiene una de las patas de su campaña en la seguridad y manda al Congreso una ley para aumentar la punibilidad en adolescentes. En diez años no se hizo nada por la primera infancia vulnerada. Pero se busca encerrar la consecuencia del abandono. Una foto cruel del estado.

Silvana Melo
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Es curioso cómo, espasmódicamente, la seguridad se convierte en médula de campaña. Cada dos o cuatro años, las dirigencias buscan una excusa para armar (con armas) sus discursos y elevar la promesa carcelaria como un anzuelo caza votantes. Alimentado, como en un círculo eterno, por las demandas ciudadanas que sufren las causas palpables de la falta de políticas públicas serias durante décadas. Porque los hombres a los que la sociedad teme y para los que pide cárcel por tiempos indeterminados fueron niños dos décadas atrás. Y hubo veinte años en el medio para evitar la construcción de un delincuente. Sin embargo, existe dentro del estado una maquinaria eficaz que va transformando a un niño con todos sus derechos vulnerados en un peligro adulto.

Mientras tanto, existe una planificación de campaña que busca hablar de lo urgente para disimular la tragedia estructural de la caída en la pobreza de centenares de miles de personas a partir de una política diseñada para privilegiados. Que hace previsible que el blanco central sea la infancia y la adolescencia, semillas del bien y del mal para los que deciden para quiénes debe pensarse el futuro.

En una sociedad en la que se ha legitimado, a través de la historia reciente, desde los crímenes de la dictadura hasta las políticas más devastadoras de los sectores populares, las dirigencias -espejos donde mirarse- son caballos del mismo carrusel.

12, 14...

Helios Eseverri fue pionero en su extenso mandato de dos décadas y media en pedir la edad de imputabilidad a los 12 años. Dos años después de la muerte del caudillo, Daniel Scioli -un simil K resignado a la digestión de sapos sólo por desesperación de poder- lanzó desde Olavarría una nueva propuesta punitiva para los chicos: esta vez desde los 14. Era 2009 y ya el juez Zaffaroni lo había propuesto unos meses antes. Pero el crimen de un camionero por parte de un chico de esa edad en Valentín Alsina puso el tema nuevamente en carpeta. En tiempos en que se utilizaba un caso para volver sobre la penalización de los chicos, eje preferido por las manos duras políticas. Aunque haya señores de rúbrica firme y de camisas con lazo que hayan enajenado gran parte de los recursos con los que se hubieran podido llevar adelante esas políticas públicas que evitarían el triste final de decenas de miles de niños y niñas ignorados desde la primera infancia. Desterrados a la periferia. Fuera de los ojos protectores de un estado selectivo. Lo dirija quien lo dirija políticamente, eso está muy claro.

Una victoria de Scioli en 2015, precedido de ese discurso, no prometía mejores augurios para las infancias.

Desde los diez años cumplidos del anuncio de Scioli en Olavarría a esta nueva campaña del macrismo para una imputabilidad más temprana, no se hizo nada por los chicos. Los que tenían cinco en 2009 tienen quince ahora. Y están apuntados por todos los dedos oficiales, las armas policiales, la mercadería de los dealers, las hambres que les imponen las políticas de estado clarísimas que deciden marginarlos. Hambre de nutrientes, hambre de información, de formación, de pertenencia, de familia, de escuela igualitaria, de vida previsible, de agua pura, de luz que prenda, de gas que se pueda pagar. Nada que sacie estas hambres se hizo en estos diez años. Y los resultados son siempre los mismos: chicos a penalizar. Lo más simple es atacar la consecuencia, la cima de un iceberg que nadie vio. Y que sólo aparece en la tele y en los despachos judiciales cuando esa punta sangra. Y hace sangrar.

Un juez olavarriense decía en el 2009, cuando Scioli se adaptaba a la marea de la mano dura, que bajar la edad de imputabilidad "sin construir institutos adecuados" era inútil. Es decir que a la política exclusivamente punitiva para los niños y adolescentes le sumaba la lógica del encierro. Cuando está claro que cualquier instituto es una cárcel, con cultura tumbera, tortura y guardiacárceles ad hoc. No hay instituciones adecuadas en la Argentina. Sólo son ámbitos para la destrucción, el deterioro y resentimiento.

Seguridad en el centro

La estrategia de Cambiemos es diferente de aquellas que impulsaron otras penalizaciones tempranas: esta vez es una decisión política que va más allá de un caso que explote en los medios. Se trata de una mirada ideológica, filosófica. Que fluye en el ámbito de Cambiemos tanto como incomoda al peronismo. Que se divide, discute y vuelve a las contradicciones movimientistas cada vez que se pone en debate la baja en la edad de imputabilidad.

Por eso es muy probable que esta vez el ansia punitiva se vea saciada porque el gobierno de Mauricio Macri, con un símbolo tan fuerte como Patricia Bullrich, camina firme y tranquilamente en ese sentido. La oposición a una medida semejante es sectorial, sin rebote mediático y con resistencias en la ciudadanía. Un banquete para el oficialismo.

Con una habilidad que reemplaza a duras penas la ineficiencia económica -o la incapacidad de disfrazar los golpes planeados con algodones para que duelan menos- Cambiemos impone la discusión de la seguridad sin hechos que la contextualicen. De manera que la Doctrina Chocobar, la penalización temprana a los chicos, la visita al policía que mata pero nunca a la víctima del policía, la legitimación de una sociedad armada, construyen un ánimo cotidiano tentado a linchar a un pibe y justificar políticas que cercenen la capacidad adquisitiva de esa sociedad. Que al fin y al cabo está compuesta en su gran mayoría por trabajadores que no tienen una vida soñada. Ni mucho menos.

Daniel Scioli dijo en Olavarría, en el 2009, tras el crimen de Valentín Alsina: "si bien ninguna ley por sí sola resuelve un problema, ante asesinos o delincuentes que están dispuestos a todo, el estado de derecho también tiene que estar dispuesto a todo". La definición de ese "todo" faltó. Y nadie tampoco tuvo ganas de pedirla. Hoy el estado de derecho dice claramente a qué está dispuesto. Tal vez ése es el todo que Scioli no definió en 2009. Pero que estaba implícito.

Volver, volver

Daniel Scioli acaba de lanzar su pre candidatura presidencial.

En un país que no permite perder y volver, indemne. El hombre que tuvo el 49 % hoy es un dirigente desgastado por sus propias contradicciones y por aquello que dejó de ser para construir poder a la sombra del kirchnerismo. Un hombre que era más afín a los espacios del macrismo que a un peronismo que siempre lo tuvo en el living, como de visita.

Tiene en su haber ocho años en una provincia inviable -como la define Andrés Malamud- pero a la que él sumó ineficiencia y sumisión ante un gobierno central de su mismo signo que lo castigaba como a un opositor.

Diez años después de aquel anuncio en Olavarría, Scioli no pudo bajar la edad de imputabilidad, no hizo nada para que la primera infancia de esos días en la provincia más injusta, la más desigual, la que amontona a quince millones de personas, no se convirtiera en la juventud apuntada hoy por los chocobares y el estado dispuesto a todo.

En estos diez años Scioli se pronunció contra la legalización del aborto pero tuvo amores de farándula que publicitaron una exigencia semejante hacia una mujer. Que llegó después de que se deshizo el contrato político con Karina Rabolini al no lograr el objetivo de la Presidencia.

Diez años después vuelve.

Como regresa Roberto Lavagna, a catorce años de su última vez. En un país que es otro. Pero con cosas que no cambian: los niños invisibles para el Estado. Y las babas que le caen al diablo a la hora de castigar.