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13.04 | Policiales En favor de la autonomía municipal

Más de 40 intendentes defienden el cobro de la tasa de Seguridad e Higiene

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia pública para resolver la demanda de la petrolera Axion contra el municipio de Quilmes por el cobro de la tasa de Seguridad e Higiene, una decisión que podría afectar las cuentas de todos los municipios.

La convocatoria fue fijada para el 29 de mayo. En paralelo, el máximo tribunal del país estableció un plazo de 30 días para la participación de los "amicus curiae"que efectúen presentaciones de carácter jurídico, técnico o científico en favor de las partes.

De la audiencia participarán los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Por su parte, el juez Carlos Rosenkrantz se excusó de intervenir en la causa, por haber representado a la petrolera en el pasado a través de su estudio jurídico.

En la presentación judicial, Axion reclama por el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene a dos estaciones de servicio de su propiedad, entre 1996 y 2002, cuando funcionaba bajo el sello de Esso. Según sostiene, con esta imposición la comuna "se apropió de recursos originados fuera de sus límites", y se superpuso con otros tributos provinciales, como el de Ingresos Brutos.

Los municipios, por su parte, aseguran que Seguridad e Higiene es una de las tasas que mayores recursos les tributan, y una de las que mejor cobrabilidad registra. Además, los jefes comunales aseguran que la legalidad del cobro de esa tasa ha sido convalidada desde hace muchos años "empezando por la Constitución provincial, siguiendo por la Ley Orgánica Municipal y llegando a toda la jurisprudencia de la Suprema Corte".

De hecho, el intendente Ezequiel Galli al respecto dijo "es una estocada al corazón de la autonomía municipal".

La demanda de Axion contra Quilmes fue rechazada por la Suprema Corte bonaerense, pero la multinacional recurrió al máximo tribunal del país, y obtuvo un primer triunfo con el dictamen del Procurador General (que es no vinculante), quien le dio la razón a la empresa.

Esto despertó las alarmas de los jefes comunales, y en los últimos días más de treinta de ellos -el intendente de nuestra ciudad es uno- de diversa pertenencia partidaria, firmaron un documento presentándose como amicus curiae en defensa de Quilmes, ya que razonan que un fallo negativo para el distrito que gobierna Martiniano Molina podría desencadenar una catarata de demandas similares, que terminarían por perjudicar gravemente las cuentas municipales.

Fuente: DIB