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26.05 | Policiales 

Pese al aumento de sanciones, los casos de gatillo fácil no ceden

El caso de los cuatro jóvenes muertos en un accidente tras ser perseguidos a los tiros por policías volvió a poner en escena un tema que, pese al paso de los años y las administraciones, parece no tener solución: la violencia institucional y el gatillo fácil. 

Pese a los controles y sanciones, que aumentaron en los últimos años, los datos oficiales muestran que los casos de violencia institucional se mantienen a lo largo de los años, casi sin alteraciones. En la mayoría de los ellos aparecen implicados oficiales de la Policía bonaerense, seguidos por miembros del Servicio Penitenciario provincial y, en menor medida, personal de otras fuerzas.

Con más de 90 mil efectivos, la Bonaerense es el principal cuerpo armado del país. Su omnipresencia también se siente en las denuncias de violencia institucional: según las estadísticas de la Procuración General, en el primer semestre de 2018 (el último registro disponible) hubo 2.556 denuncias por violencia institucional: en el 57% de los casos aparecen como implicados oficiales de la fuerza provincial (1.456 casos). Se trata de ocho denuncias diarias, una cada tres horas, por delitos que van desde lesiones leves hasta homicidios.

Otros datos marcan esta realidad: de las 23 muertes denunciadas como casos de violencia institucional, 12 se les imputan a miembros de la fuerza; de los 737 hechos denunciados en la vía pública, en 609 intervino al menos un integrante de la Policía provincial.

En total, por las 2.556 denunciadas realizadas en el primer semestre del año pasado fueron denunciadas 1.060 personas, aunque apenas 44 fueron formalmente imputadas por algún delito. De ese universo, 29 son bonaerenses.

Sanciones

Las sanciones aplicadas se multiplicaron considerablemente en los últimos años, pero parecen no hacer mella en la evolución de los casos de violencia institucional.

Según datos del Registro de Expulsados del ministerio de Seguridad creado a fines del año pasado, durante el gobierno de María Eugenia Vidal se produjeron 163 exoneraciones y cesantías de policías de todos los rangos por causas caratuladas como de "violencia policial". Si bien algunos de ellos están relacionados a casos ocurridos años atrás (los más paradigmáticos son los de los represores Miguel Etchecolatz y Carlos "Oso" García), en los tres años anteriores (2013-2015) se produjeron apenas 24 bajas. Pese al contraste, las denuncias por casos de gatillo fácil continúan estables.

Según los datos oficiales, desde 2015 a la actualidad se realizaron en total (sin discriminar por tipos de casos) 31.490 denuncias contra policías, y se apartó a 12.500 oficiales, de los cuales 1.900 terminaron exonerados y otros 2.444 suspendidos, mientras que 857 fueron detenidos.

Casos paradigmáticos

El lunes pasado, Carlos Aníbal Suárez (22); Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13) y Camila López (13), murieron al chocar el auto en el que se desplazaban contra un camión, en San Miguel del Monte, mientras eran perseguidos por uno o más patrulleros, a los tiros. Si bien en todo momento los policías que intervinieron buscaron direccionar la investigación como un simple accidente, con las horas el testimonio de vecinos, familiares y amigos reveló una serie de encubrimientos cuyo trasfondo podría llevar incluso a una trama narco entre los miembros de la fuerza implicados.

Pero en los últimos años se dieron varios casos paradigmáticos:

- El 29 de marzo de este año efectivos de la Policía Federal y de la bonaerense se tirotearon en una estación de servicio, episodio que terminó con la muerte del comisario Hernán Martín, de la fuerza provincial. Más allá de que el hecho fue entre agentes, la trama se inició a raíz de la supuesta extorsión a la que Martín y otros policías habían sometido a una mujer, implicada en una denuncia por narcotráfico.
- En diciembre del año pasado un policía mató a un cuidacoches al propinarle dos balazos de goma en el pecho, cuando éste intentó atacarlo luego de que intentaran intervenir en una pelea contra otro "trapito". El oficial implicado fue desafectado de la fuerza y detenido.
- En marzo de 2017 siete presos alojados en una comisaría de Pergamino murieron durante un incendio que se desató en uno de los calabozos. Por el caso se imputó a seis policías, entre ellos al comisario a cargo de la seccional, porque la policía entendió que hubo demoraron en solicitar el auxilio de los bomberos e impidieron la salida de los detenidos. El año pasado un hecho similar, en Esteban Echeverría, terminó con 10 internos fallecidos.

Fuente: DIB