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24.11 

Bolivia: El gobierno de facto promulga ley para convocar a elecciones sin Evo Morales

Tras varias jornada de intensas negociaciones, la presidenta interina del gobierno de facto, Jeanine Áñez, promulgó hoy la ley, acordada por el Movimiento al Socialismo (MAS) y las fuerzas minoritarias que la apoyan, para convocar a nuevas elecciones, en las que los exiliados Evo Morales y Álvaro García Linera no podrán participar.  

La nueva ley suspende a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y da 20 días a la Asamblea Legislativa para designar nuevos y crear un reglamento para que que cada departamento del país hago lo mismo.

Los nuevos vocales electorales deben asumir al día siguiente de ser designados por los legisladores y en un período de no más de dos días deben convocar a elecciones generales en un plazo máximo de 120 días y presentar un calendario electoral.

Esto significa que las elecciones podrían ser convocadas hasta mediados de abril próximo. En caso de necesitarse un balotaje presidencial, este debería ser convocado a no más de 45 días de la primera vuelta.

Al leerse el texto de la nueva electoral en un acto en el Palacio Quemado, se explicó que todas las organizaciones políticas con alcance nacional podrán participar -entre ellas el MAS-, pero ni Morales ni García Linera podrán presentarse como candidatos porque ya cumplieron dos mandatos consecutivos en el Poder Ejecutivo.

"Bendito sea Dios por este día", celebró la presidenta de facto, la senador Jeanine Áñez, cuando se terminó la lectura de los artículos de la ley.

"Esta ley es producto del repudio a la forma en que el gobierno anterior intentó manipular las elecciones del 20 de octubre", agregó la mandataria de facto, reiterando su denuncia de fraude electoral, una acusación ratificada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y rechazada por Morales, quien pese a que ofreció repetir los comicios, terminó renunciando y denunciando un golpe de Estado.

Ayer, mientras la Asamblea Legislativa terminaba de aprobar la convocatoria, Áñez encabezaba en el Palacio Quemado una reunión con organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Iglesia Católica para llegar a un "acuerdo de pacificación", en momentos en que el partido del derrocado Evo Morales continuaba denunciando el arresto de sus dirigentes en las calles.

Anoche, tarde, los diputados aliados de Áñez y los del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales habían acordado el texto en general y en detalle.

"La Ley de esta ley tiene un régimen excepcional y transitorio. Es estrictamente para la coyuntura de este momento, que tiene como obligación apaciguar el país y que podamos convivir entre bolivianos en vez de matarnos entre nosotros", explicó el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Ciro Zabala al defender el acuerdo.

Poco después, el presidente de la Cámara, el masista Sergio Choque, anunció: "No habiendo mayores consideraciones, queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales", según informó la agencia de noticias boliviana ABI.

Tanto el MAS, con Morales a la cabeza, como las fuerzas que apoyan a Áñez sostienen que esta ley podría ser el inicio de una salida institucional para la crisis que desató la renuncia del presidente, hoy exiliado en México, y su denuncia de un golpe de Estado.

Tras esta denuncia y su salida del país, el gobierno de facto desplegó a los militares en la calle y, en conjunto con la policía, reprimió protestas masivas y bloqueos de rutas, calles y plantas de hidrocarburos, liderados por campesinos e indígenas, muchos de ellos simpatizantes de Morales.

Desde la renuncia de Morales, fallecieron 24 personas, la mayoría por heridas de bala, y desde los días previos, más de 30.