24.04 | Información General Declaración sobre la situación en cárceles bonaerenses

"Las instituciones de encierro al borde de una catástrofe, impedidas de garantizar el aislamiento para prevenir el contagio"

Cientos de particulares, organismos, académicos y universidades públicas difundieron un pedido urgente basado en que "el escenario se acelera rápidamente, producto del avance del Covid-19". Hacen un llamamiento "a los poderes de la Provincia de Buenos Aires".

El jueves 23 de abril organismos de Derechos Humanos, Universidades Públicas Nacionales con programas educativos en cárceles, colectivos militantes con trabajo en contextos de encierro, grupos de familiares y liberados/as, entre otros emitieron una declaración conjunta titulada "Situación límite en las cárceles bonaerenses".

Allí aseguran que "llamamos a los poderes de la Provincia de Buenos Aires a actuar de forma urgente para descomprimir las cárceles y evitar un desastre humanitario".

El texto completo

Los organismos de Derechos Humanos, Universidades Públicas Nacionales con programas educativos en cárceles, colectivos militantes con trabajo en contextos de encierro, grupos de familiares y liberados/as, Centros de Estudiantes Universitarios que funcionan en Unidades Penales, referentes en la temática y adhesiones, queremos manifestar nuestra extrema preocupación por la situación de tensión y violencia que empeora día a día en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires.

Nuestra intención es hacer un llamado a las máximas autoridades de los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires, en función de la gravedad y la urgencia que esta situación amerita.

La crisis habitacional y sanitaria, sumada al deficiente acceso a la justicia que caracterizan las cárceles producto de la acumulación de políticas restrictivas y punitivistas, se profundizan con la pandemia. Hoy las instituciones de encierro provinciales están al borde de una catástrofe, impedidas de garantizar las condiciones de aislamiento social necesarias para prevenir el contagio. Es necesario tomar decisiones que descompriman rápidamente la superpoblación para así reducir el hacinamiento y preservar la vida de las personas privadas de su libertad.

Además, las personas que sean liberadas deben ser acompañadas rápidamente por organismos
oficiales en el acceso a las políticas de contención desplegadas por el Estado frente a la emergencia sanitaria y la situación económica.
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A su vez, observamos cómo desde distintos ámbitos ejecutivos y judiciales se han elaborado
propuestas, sumado voluntades, implementado políticas y dictado resoluciones con impactos
positivos, pero que en este grave contexto resultan todavía insuficientes.

El escenario se acelera rápidamente, producto del avance del Covid-19 en las cárceles, con
casos confirmados de al menos una persona privada de la libertad y de múltiples agentes penitenciarios, sumados a decenas de casos sospechosos.

La población privada de la libertad, además, plantea temores entendibles sobre la capacidad del sistema penitenciario de contener y prevenir un brote de la enfermedad cuando las condiciones de atención de la salud no están dadas para el sostén de las necesidades básicas de la población, todo lo cual se profundiza explosivamente con las injusticias estructurales que se viven desde hace tiempo en las cárceles.

Los sucesivos reclamos, que han desencadenado en situaciones violentas que deben ser aclaradas,
son expresión de la gravedad y la urgencia de la situación. Las personas detenidas ponen en riesgo su integridad física y su vida en huelgas de hambre y protestas, sin otro fin que el de visibilizar la crítica situación en la que viven, aún cuando se sigan vías de diálogo como la presentación de escritos y recursos judiciales, que son vistos como insuficientes e ineficaces en la consecución de resultados concretos y efectivos. A esto se le suma el difícil acceso a información oficial, que sea clara y precisa dentro de las cárceles. Estas situaciones, además, también ponen en riesgo al personal penitenciario que trabaja en las Unidades Penales.

Las posiciones particulares de cada uno de los espacios que firmamos esta declaración conjunta
sobre la situación penitenciaria y judicial ya fueron difundidas oportunamente por distintos medios. Desde distintos trabajos, con diversas responsabilidades institucionales y con matices naturales, hemos expresado nuestras recomendaciones, propuestas, diagnósticos y colaboraciones concretas para abordar esta situación crítica. Con esta declaración conjunta queremos hacer énfasis en la urgencia y la gravedad de la situación, que empeora día a día y que amenaza con llegar a un punto de no retorno.

La vida de las personas detenidas no puede esperar. Es tiempo de que los poderes de la Provincia,
como garantes frente las personas privadas de la libertad, actúen con urgencia, tomando las medidas necesarias para revertir los índices de sobrepoblación existente en las cárceles bonaerenses, que colocan al colectivo de personas privadas de libertad en una clara situación de riesgo frente al COVID-19, como también a sistemáticas vulneraciones de sus derechos.