06.08 | Información General Comunicado institucional

Adepa asegura que "combatir al periodismo no ayuda a mejorar la Justicia"

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) difundió en su sitio web un comunicado luego de las declaraciones del senador Oscar Parrilli.

Ante manifestaciones del senador Oscar Parrilli durante el debate de la reforma judicial, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advierte sobre el riesgo que implica para la libertad de expresión, el derecho a la información y el debate democrático que se promuevan normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen inhibiendo el libre y pleno ejercicio periodístico en nuestro país. 

Durante su intervención virtual en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, el senador del Frente de Todos apuntó a condicionar el trabajo de medios y periodistas. Parrilli pidió que se incluya a los "poderes mediáticos" como "grupo de presión" pasible de ser denunciado por los jueces de todos los fueros con jurisdicción federal, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, frente a un presunto "intento de influencia en sus decisiones". 

Si bien el artículo en cuestión menciona como factores de influencia a los "poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole", Parrilli consideró necesario incluir explícitamente a los medios de comunicación. Ello deja en claro que el objetivo es promover mecanismos de intimidación, autocensura o silenciamiento del periodismo a la hora de informar, investigar, opinar o criticar la labor judicial. 

Uno de los papeles constitucionales de la prensa en la democracia es, justamente, ejercer -por delegación ciudadana y a través de sus distintas voces, representativas de diversos sectores de la sociedad- su función de auditoría frente a los poderes del Estado, incluyendo obviamente el judicial. Establecer inhibiciones revestidas de giros grandilocuentes, pero que en definitiva buscan acallar esas voces, lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía.