31.08 | Información General El doctor Gastón Barreto, referente en Olavarría, destacó una reforma en la reglamentación de la ley 27.350, promulgada en 2017

Cannabis medicinal: la esfera política se involucra y ya se proyectan avances concretos para la salud

El investigador destacó las potencialidades de Olavarría para brindar respuestas concretas. En nuestra ciudad, se comienzan a advertir iniciativas relacionadas con la temática en el HCD. La presión social fue decisiva para lograr los avances de los últimos años.

Cuando la ciencia tuvo dificultades para encontrar respuesta a las dolencias causadas por diversas patologías, como cáncer, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple, fibromialgia o dolor crónico, entre otras, desde el saber popular se introdujo la posibilidad de utilizar derivados del cannabis como una terapia alternativa.

Con esa mirada, se generó un movimiento global con repercusión en la Argentina. Ante la certeza de que en el mercado negro se comercializaban distintos compuestos de los cuales no se tenía una trazabilidad ni se conocían con certeza los compuestos consumidos con ese propósito, el impulso de esa iniciativa influyó para promulgar una ley, la 27.350, sobre el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

Pero esa norma satisfizo en parte las necesidades que generaron el movimiento debido a su reglamentación parcial donde, por ejemplo, no se contempló la situación de los padres cultivadores de cannabis para el tratamiento de sus hijos.

Gastón Barreto, doctor en Química de la Facultad de Ingeniería de la Unicén e investigador del Conicet, evaluó los avances registrados en los últimos años y adelantó que la discusión ya empezó a darse en el seno del Honorable Concejo Deliberante (HCD) en las últimas semanas.

El científico, referente de la temática a nivel local, resaltó que en la actualidad "operativamente no ha cambiado demasiado, se avanzó mucho en este último año en la temática y en los actores que discuten. En su momento, cuando empezamos con esto había mucha puja por el lado de lo social", recordó.

El ímpetu generado en distintas esferas sería decisivo. Así, "después de esa presión social y de la ley empezó a haber un movimiento del lado de otros sectores, donde se sumó el científico académico, entre 2018 y mediados de 2019. Y en 2019 empezó a abrirse el interés a actores con capacidad de decisión, las cabezas de las organizaciones y de las universidades".

Luego del recambio de gobierno en diciembre de 2019, "en el último plazo, se sumaron los actores que pueden legislar y tomar alguna decisión". Así, la repercusión en el plano nacional se traslada al ámbito local. "El 15 de julio tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud, el 16 de julio se comunicó el bloque de Juntos por el Cambio en el HCD y el 17 de julio se comunicó Renovación Peronista para hacer una reunión informativa y empezar a charlar para ver qué sucede".

Ese involucramiento por parte de la esfera política pareciera haberse acelerado en los últimos tiempos. "Es algo que no sucedía hace 2 o 3 años. Estamos en un escenario donde empiezan a aparecer las mesas de discusión y donde hay que participar. Acá va a pasar algo de eso también porque ya la semana pasada el HCD declaró de interés legislativo, en forma muy puntual, mi participación en el consejo consultivo honorario, que lo propuso Juntos por el Cambio".

Asimismo, el investigador del Conicet destacó que "ahora hay un proyecto del bloque de Renovación Peronista de la conformación de una mesa interdisciplinaria de discusión sobre el tema en Olavarría, que entró en estado parlamentario esta semana. Está bueno sentarse a discutir todas las partes para ver qué opción hay".

"Voluntad política"

En ese sentido, Barreto consideró que "Olavarría tiene una gran posibilidad de proyección. Teniendo nosotros (la Facultad de Ingeniería) un laboratorio para analizar; teniendo un laboratorio de producción pública de medicamentos, que de hecho muy pocas ciudades lo tienen; y con el contacto directo con Anlap, más que ya se visualizan algunos privados del área de salud con fganas de invertir, solo falta la voluntad política de pensar en un proyecto a nivel local, que me parece totalmente factible", aseguró.

Al trazar una perspectiva de los avances en 2020, planteó que "en diciembre del año pasado a nivel nacional el Conicet tomó el tema fuerte y generó una red de investigadores en cannabis. Una red que se estuvo reuniendo bastante desde diciembre hasta marzo y después con la cuarentena quedó en stand by".

De todas formas, la comunicación no se interrumpió y de ese modo "los investigadores quedamos conectados por canales informales, por WhatsApp, que ya veníamos pero se formalizó la red en seno del Conicet, que con la administración anterior era más reticente pero ahora con mucha voluntad política".

En el mes de febrero "toma también el tema el Ministerio de Salud y ante esta realidad de tanta demanda desde todos los sectores empieza a realizar un circuito de reuniones de consulta. Entonces llamó a organizaciones sociales, a profesionales de la salud, al sistema científico académico, a legisladores que trabajaron en las reglamentaciones para tener insumos en pos de generar la nueva reglamentación".

"Cultivos comunitarios"

El referente de la Facultad de Ingeniería local expuso que entre los avances "tuvimos una reunión a principios de marzo con Carla Vizzotti y el compromiso en la voz de ella era que para abril había que tener lista la nueva reglamentación para poder avanzar. No iban por la opción de una nueva ley sino de ampliar el acceso. Pero después de todas esas consultas nos agarró la cuarentena y nos presentó la nueva propuesta de reglamentación recién el 15 de julio en una reunión virtual".

En el contraste con las determinaciones tomadas durante el gobierno de Mauricio Macri, hoy en día "la reglamentación en algunos puntos es mucho más amplia; entendemos los consejeros que estamos en el consejo consultivo que realmente amplía el abordaje de lo que se pretende con esta ley".

Sobre cuestiones relacionadas con su actividad específica, Barreto delineó que "también hay cosas muy importantes como la articulación de universidades con proyectos de extensión, como venimos trabajando; propiciar la firma de convenios; articular con la Anlap, con la Agencia Nacional de Producción Pública de Medicamentos".

En ese contexto, adelantó que "de hecho, me llamó el jueves de Anlap la persona que está encargada de la articulación con universidades nacionales porque están interesados en armar convenios con universidades para distintos temas pero tienen algún interés en ya avanzar en esto".

Desde ese punto de vista, las proyecciones en el mediano plazo son promisorias en razón de las iniciativas tomadas por las actuales autoridades "porque ya conocen esta reglamentación aunque no está el decreto y le dan un protagonismo importante a la producción pública en el acceso, en algo que no termine siendo solamente para unos pocos y muy caro, y pensar en un esquema donde haya una alternativa de pensar cultivos comunitarios o cultivos donde se asocien públicos y privados", valoró Gastón Barreto.

Posibles avances en la ley 27.350

El investigador del Conicet Gastón Barreto, referente de la Facultad de Ingeniería especializado en la temática del cannabis, analizó la nueva reglamentación propuesta por el gobierno nacional para la ley 27.350, que regula el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

En ese sentido, marcó que a diferencia de la anterior reglamentación, donde se apuntaba sólo a las patologías relacionadas con la epilepsia, la nueva propuesta "no sesga a una patología; es más flexible en ese sentido y habla de aquellos casos en los cuales un profesional de la salud prescriba derivados de cannabis; tan amplio como eso".

Por otra parte, marcaría un salto de calidad respecto de los avances en cuanto a investigación en la materia. "Después, muy importante para nosotros del lado del sistema científico académico, es que diferencia y dice la investigación clínica debe estar en el marco del programa de cannabis porque existe y para eso está: para coordinar y propiciar estudios clínicos".

Pero aún más "ahora toda la investigación básica social, epidemiológica, etc., que no involucre el uso en humanos es investigación científica y tiene ya los cuadros normativos y los organismos que tienen sus regulaciones para avanzar. Ya no necesitamos presentar nada en el Ministerio de Salud", valoró.

Sin embargo, en cuanto a la demanda social, "el punto más importante es la reglamentación del artículo 8° de la ley, que tiene que ver con el registro de pacientes o de personas consumiendo derivados cannábicos con fines terapéuticos y/o paliativos; así de amplio está descripto", detalló Barreto.

En ese caso "están aquellos que tengan una prescripción médica, aquellos que cultiven para sí o para terceros y después habla de grupos de pacientes; en el borrador inicial decía red de cultivo, que también era muy amplio y en la versión nueva habla de grupos de pacientes que articulen con las asociaciones civiles y puedan generar un cultivo, no dice comunitario, pero entra la posibilidad de un cultivo mayor", anticipó el científico.

Asimismo, consideró un avance que "en el cultivo para sí no se habla de control, no es un cultivo controlado. Sí hay un registro y en su momento se establecerá normativamente algún límite, supongo porque no está escrito. Pero sí en ese cultivo donde se asocia más de un paciente, sí se habla de que el Estado controle calidad".

La evolución en los últimos años

La presión social para obtener una respuesta de las autoridades en cuanto a la necesidad de delimitar los fines y alcances del uso del cannabis influyó para que se dictara la ley 27.350 a comienzos de marzo de 2017. Sin embargo, luego el camino pareció empantanarse y la reglamentación parcial de la ley no satisfizo la demanda social.

El profesor de la Facultad de Ingeniería Gastón Barreto analizó que "salió la ley en 2017. Después se hizo esta reglamentación pobrecita en 2017. A fines de ese año el Ministerio de Seguridad sacó la normativa para poder habilitar cultivos experimentales con un circuito dificilísimo y en marzo de 2018 el Inase (Instituto Nacional de Semillas) sacó una disposición para importación de semillas".

Con esa perspectiva, "lo único que sucedió de cannabis con eso fue la Ley Morales en la provincia de Jujuy pero sin muchas certezas en cuanto al uso científico y medicinal tal como lo prescribe la ley".

Así las cosas, en la práctica los efectos no variaron respecto de antes de promulgada la ley, dado que en relación con los tratamientos alternativos de diversas patologías "la importación de productos cannábicos a través de Anmat ya sucedía antes de la ley. Pero después no destrabó nada porque terminó entorpeciendo la investigación".

Incluso se habría visto limitada la iniciativa de investigar, ya que "la reglamentación anterior terminó generando un circuito que requería que de todas maneras presentemos nuestro proyecto al Ministerio de Salud. Lo hizo más engorroso porque le sacó autonomía a los entes de investigación", definió Barreto.

En realidad "el marco regulatorio tal como avanzó sólo propició la producción en Jujuy, elk estudio en el Garrahan con la epilepsia y un estudio clínico en el Hospital El Cruce que no sé si arrancó todavía. En vistas de lo que fue la ley, que era una necesidad y una puja social, no allanó el camino a nadie desde la necesidad de salud".

En la actualidad, "desde el lado de la realidad operativa legal a la fecha no ha cambiado nada. Al seguir vigente la reglamentación y seguir vigentes esos circuitos no ha cambiado". En ese contexto los avances se estarían dando "en el escenario político, en cómo se lleva adelante la discusión y en los espacios que se abrieron en distintos estamentos nacionales".