11.09 | Policiales 

Denuncia penal contra policías que protestaron en Olavarría

Los denunciantes son Carmelo Vinci y Carlos Genson, ex detenidos desaparecidos y militantes y dirigentes de larga trayectoria en defensa de los derechos humanos.

Daniel Puertas

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Dos dirigentes de derechos humanos presentaron una denuncia penal contra los policías que se manifestaron en Olavarría en los últimos días y pidieron al Ministerio Público Fiscal que investiguen si se violaron los artículos 226 y 226 bis del Código Penal que establecen las penas por los atentados al orden constitucional y la vida democrática.

Si bien la presentación solicita investigar a los policías que se manifestaron en Olavarría se mencionan las movilizaciones de efectivos que armados y vistiendo uniformes rodearon la residencia presidencial en Olivos y la casa del Gobernador en La Plata, los dos episodios que generaron temor y sospechas sobre las verdaderas intenciones de algunos de los manifestantes.

Los denunciantes son Carmelo Vinci y Carlos Genson, ex detenidos desaparecidos y militantes y dirigentes de larga trayectoria en defensa de los derechos humanos.

Además se señala en la denuncia que "resulta a nuestro criterio palmaria la violación del art. 11 y 12 de la ley 13.982", la norma que regula el funcionamiento de la Policía Bonaerense. El primero de los artículos establece entre otras cosas que los efectivos policiales deberán "portar el ama reglamentaria y los demás elementos provistos por la institución durante la prestación del servicio, excepto cuando por razones especiales sea relevado de ese deber".

Tras describir cómo se manifestaron los policías en protesta por las calles de la ciudad y mencionar los acontecimientos en Olivos y La Plata se señala que la denuncia pretende "que el órgano competente investiguen los hechos que han tomado estado de noticia. Esto resulta relevante y decisivo, comprendemos que no deben encontrar cobijo tales actos en un Estado que se precie de constitucional y legal".

Luego se recuerda que el artículo 226 del Código Penal sanciona con cinco a quince años de prisión a quienes "se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer algunos de los poderes públicos del Gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades o constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales".

Como prueba se ofrecen los links de los medios de comunicación locales donde se informó sobre las alternativas de la movilización de los uniformados en Olavarría.

Además se sugiere que se cite a las personas que puedan identificar a lo manifestantes en los múltiples videos que se han difundido, "se analice la comisión de los posibles delitos mediante mensajería telefónica de WhatsApp u otras semejantes" y "se cite a declaración testimonial a aquellos voceros de las manifestaciones, al menos los que se manifestaron en Olavarría".

Ahora la Fiscalía General de Azul deberá decidir quién será el agente fiscal que se encargará de instruir la causa que podría introducir un elemento novedoso en toda esta historia que conmocionó al país en los últimos días.

Los policías en rebelión, o al menos quienes se adjudican el rol de sus representantes, dejaron en claro que no pensaban desactivarla protesta hasta que el Ejecutivo bonaerense no firmara un escrito comprometiéndose a no sancionar a ninguno de los policías que se movilizaron.

Pero nadie sabe qué pude ocurrir si algún juez decide intervenir para determinar si los rebeldes incurrieron en la violación de alguna de las leyes mencionadas en la denuncia de Vinci y Genson.

En general los manifestantes se ocupaban en dejar en claro que quienes se movilizaban no estaban dejando de cumplir sus funciones y que no estaban extorsionando a nadie.

Pero las imágenes de uniformados que portaban armas y rodeaban la residencia presidencial y la casa del Gobernador bonaerense no sugerían nada similar al pacifismo que se traslucía en las declaraciones a la prensa de la mayoría de los manifestantes.

Y todavía no se puede descartar que miembros de la Justicia decidan intervenir sin que el Ejecutivo pueda hacer nada para impedirlo, al menos si deciden respetar la división de poderes.

El Ministerio de Seguridad puede decidir no abrir ningún sumario a los policías que se movilizaron, pero Sergio Berni no puede hacer nada para evitar que algún fiscal o algún juez actúen con una posición diferente.