27.09 | Columnistas Sabina Frederic: entre su libro antropológico sobre la Gendarmería y la gestión de las fuerzas de seguridad

"No creo que estén las condiciones para que hoy la policía se sindicalice"

Antropóloga social y ministra de Seguridad, Sabina Frederic acaba de publicar un libro sobre "La Gendarmería desde adentro". En un diálogo profundo con El Popular habla de la protesta policial, del debate sobre sindicalización y formas intermedias, que no incluyen el derecho a huelga, y del "dolor de estómago" que le produjo tanto ver rodeada la quinta de Olivos como los habituales banderazos de los anticuarentena.


Por Claudia Rafael - [email protected]

Cuando firmó el contrato con la editorial a inicios de 2019, ser ministra de Seguridad no formaba parte de su presente. La flamante aparición de "La Gendarmería desde adentro: De centinelas de la patria al trabajo en barrios, cuáles son sus verdaderas funciones en el siglo XXI" motivó esta entrevista que se ramificó a la toma de tierras, la protesta policial y las formas violentas de ciertos delitos. Sabina Frederic textual.

-"Poner a gendarmería al servicio de la gestión de poblaciones y territorios relegados de la soberanía del Estado tuvo un costo humano", escribe en el libro. En un tiempo como éste en el que se habla de más gendarmes y más fuerzas federales en la calle ¿cómo ubica el concepto del costo humano?

-Lo que cuento en el libro es un largo proceso de casi 20 años. Y el costo humano del que hablo es el de la población gestionada por fuerzas federales, particularmente por gendarmería, pero también un costo del personal. Y en general en Gendarmería, el sujeto que está visto como victimario, normalmente, como el que hace uso de la fuerza, es un sujeto invisibilizado. En general no hay una profundidad en el análisis de qué les pasa a ellas y a ellos. Hoy la realidad tiene aristas impredecibles. Las fuerzas federales, como las de las provincias, tuvieron que gestionar toda la población para evitar la circulación. No sólo la ubicada en la frontera, la que la transita o las poblaciones que habitan en barrios segregados, vulnerados. Hay que ver qué queda de eso en el futuro y ver qué pasa con el interior. Porque siempre el primer pedido son gendarmes.

-¿Por qué?

-Por decisión de Néstor Kirchner la fuerza crece en diez años hasta triplicarse. Pero a la vez fue una fuerza pensada y conducida políticamente que construyó su legitimidad. Tiene a la mayor parte de sus integrantes que provienen del interior del país y de pueblos chicos. Tiene un régimen militar que no sólo implica el ejercicio de la autoridad sobre la base del uso de la fuerza sino que hay una relación de mando más de cuidado hacia el subalterno. Y por el hecho de ser gente de pueblos chicos, en los barrios vulnerados del Gran Buenos Aires hay una conexión fundada en una procedencia común con algunos de los habitantes de la villa.

-Durante aquellos días del desembarco de Gendarmería a villas del gran Buenos Aires, testimonios de habitantes aplaudían esa llegada por poner fin a formas de violencia ligadas a los grupos narcos pero después empiezan a surgir las denuncias por violencia institucional. ¿Cómo se da esa transformación?

-Creo que Gendarmería fue una institución redescubierta por la población por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. La Gendarmería no tiene, por lo menos en el CELS, casos de gatillo fácil. Hay por supuesto muchísimas situaciones de hostigamiento a jóvenes y aplican lo que ellos llaman correctivos disciplinadores con pedagogías basadas en el castigo corporal pero lo conciben como una pedagogía antigua. No es justificable ni la violencia ni la humillación ni el hostigamiento pero tiene encarnadura en la ciudadanía también. Hasta donde la justicia dio cuenta de la situación que termina con la muerte de Santiago Maldonado tampoco ahí hubo gatillo fácil. Sí hubo otras circunstancias que los hacen responsables. Todavía hoy en los casos que tenemos de uso de la fuerza por parte de fuerzas federales la Gendarmería es la que tiene menos.

-¿Por qué cree que no se da el salto de situaciones de violencia a esa cuota extrema que representa el gatillo fácil?

-No tengo una explicación para eso. Me parece que Gendarmería ha tenido un entrenamiento de sus efectivos que en algún sentido intenta la conexión con el otro. Que entiende la intervención policial relacionándose con el otro. Tuvimos casos de violencia en plena pandemia en la 1.11.14 que se filmaron. Y se ven gendarmes haciendo hacer saltos de rana. Con esa pedagogía del castigo y del sufrimiento que aparece.

-¿Es un fracaso del Estado y de la democracia tener que terminar apelando al uso de Gendarmería para gestionar en territorios absolutamente olvidados de conceptos como estado de bienestar o de estado de derecho?

-En el proceso que yo describo hay una suerte de impotencia del Estado porque la historia de su reestructuración en la primera década del siglo XXI no se puede contar sólo con la crisis del 2001. El estado de bienestar fue perdiendo en capacidad de protección y cuidado. Y hoy, en este contexto tan hostil y dramático que nos impone la emergencia sanitaria, sumado a lo que nos dejó el desaguisado de la gestión económica del macrismo, muestra que las políticas de asistencia y subsidios dan cuenta de que hay otro camino que se está tratando de recorrer con todas las dificultades que tiene y poniendo al Estado en primer plano. Y ojalá que podamos sostener esta política en donde las fuerzas de seguridad controlan, contienen, cuidan y reprimen en última instancia, pero cuando la justicia interviene.

-En el inicio de las tomas de tierras planteó que era un problema de origen social y no de seguridad. En relación a la toma de Guernica estos fueron días de tener la espada de Damocles porque si había desalojo hubiera sido una masacre...

-Hay un reclamo legítimo, no digo de todos los que ocupan, pero sí de muchos. Hay un reconocimiento del deficit habitacional aunque por supuesto que como Estado no podemos habilitar las ocupaciones de tierras porque van en contra del derecho a la propiedad privada. Hay derechos en tensión: a la vivienda y a la propiedad privada. Es un caso testigo porque ahí se ve cómo la intervención de la justicia, el criterio que aplica y cómo pone a jugar a la política institucional también muestra que las cosas no son blanco o negro. Y hay que dejar que juegue el diálogo, la negociación y que el Estado encuentre el camino de salida a personas a las que les reconoce que tienen una demanda legítima. Parecido a lo que ocurrió con la protesta policial. Donde hay un reconocimiento a una demanda legítima aunque el método utilizado no sea legal.

-Pero ahí uno se encuentra que quienes ostentan la fuerza, fácilmente logran lo que reclaman. No conozco conflicto sectorial que tan velozmente haya conseguido su objetivo a fuerza de salir con las armas y los patrulleros a la calle.

-Uno de los ejes de la gestión en Seguridad surge de reconocer la importancia enorme que tiene para la conducción política de las fuerzas la protección de las condiciones de trabajo, garantizar insumos y equipamiento, estar atentos a las condiciones salariales. Es una deuda de la democracia no haber puesto el ojo mucho más en esa dimensión. Una fuerza de la policía que tenía un retroceso salarial del 30 por ciento por debajo de la inflación en los últimos cuatro años, unos 13.000 ó 14.000 policías que habían entrado en los últimos años del gobierno de Scioli que tuvieron cantidad de promesas de ascensos, mejoras y perfeccionamiento que nunca fueron satisfechas. Pero es una protesta, sobre todo cuando usan patrulleros y están armados, que es ilegal y debe ser sancionada porque están en servicio. Es injustificable lo que hicieron pero creo que la atención a esa dimensión tiene que cuadruplicarse. Justamente porque no tienen canales de demanda más allá de la propia cadena de mando. Y eso limita su capacidad de petición en un tiempo en el que tenemos en la fuerzas de seguridad un porcentaje del 40 al 50 por ciento de gente muy joven. Que creció en una sociedad que otorga derechos dentro de un gobierno como el actual que intenta ampliarlos y garantizarlos. Hasta que no haya derecho a la sindicalización o mecanismos alternativos hay que ser más cuidadosos en la gestión de las condiciones de trabajo.

La nota completa en la edición impresa del diario El Popular de este domingo