24.01 | Información General Entró en vigencia

En el Hospital Municipal solo hay un profesional que garantice la Ley IVE

Hoy se pone en marcha la guía de implementación bonaerense de la ley IVE. Todavía hay mucho camino por modificar pero ahora, amparado en la legislación que permite concretar un aborto con la sola voluntad hasta la semana 14. Experiencias, historias, recorridos. Y las resistencias que hacen que solo un profesional garantice la práctica en el hospital.


Claudia Rafael - [email protected]

Cuando hoy empiece a regir en la provincia la guía de implementación provincial de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) habrá todavía muchos velos por descorrer, resistencias que vencer y a la vez, aspectos traumáticos y temores que, paulatinamente, empezarán a atenuarse. Cada vez que se pudo avanzar en materia de derechos civiles, se desarmaron persecuciones y culpas sociales. Y el sistema de salud tendrá una cuota enorme de responsabilidad en derribar las murallas que la historia misma ha puesto a las mujeres y personas con capacidad de gestar a la hora de decidir no continuar con un embarazo no deseado.

Hay realidades incontrastables. Casi la totalidad de las interrupciones voluntarias del embarazo que se practicaron en el partido de Olavarría en los últimos meses fue ambulatoria. De 73 casos entre julio y noviembre pasados, el 98, 6 por ciento se gestionó en los centros de atención primaria y apenas un 1,4 por ciento fue en el segundo nivel, es decir, con internación hospitalaria. Sin embargo, el área de maternidad del Hospital Municipal, con más de una docena de profesionales, cuenta sólo con un médico que garantiza las interrupciones. El resto se plantea como objetores de conciencia. Desde el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva, Silvia Rodríguez plantea que en el segundo nivel "no tenemos un equipo conformado que pueda atender estas situaciones todos los días de la semana. Sólo hay un médico que está de guardia los viernes y es ese día el único en que se puede dar respuesta".

Y amplía diciendo que "en la dirección del hospital hay un registro donde se anotaron los objetores de conciencia. Si llega una usuaria y no estás anotado como objetor, tenés la obligación de resolverlo. Y la dirección del hospital tiene la obligación de solucionarlo aunque tenga la mayoría de su personal como objetor. No se puede dilatar ni evadir la atención. Sin embargo, tenemos todavía un solo profesional. Una jefa del servicio no puede ser objetora de conciencia. Y las veces en que llegó un caso se lo derivó a ese mismo profesional".

Existen resistencias que sólo podrán ser doblegadas con el correr del tiempo. Sabrina Balaña, la directora provincial de Equidad de Género del Ministerio de  Salud, habla de una heterogeneidad de realidades. "Hay profesionales de la salud que no venían trabajando en el tema tal vez por falta de información o por temor a meterse en algún lío legal. Y a medida que vas aclarando cuál es el marco normativo que nos rige, hay muchas situaciones que se empiezan a destrabar y dicen que en este marco sí. Hay otras personas que son efectivamente objetores de conciencia y no brindan la atención. Esas personas tienen que manifestarlo a la institución desde el primer día y no lo pueden plantear frente a una consulta puntual sino antes. La institución garantizar la interrupción con un equipo que pueda resolver estas situaciones y el profesional objetor de conciencia, derivar a la paciente rápida y efectivamente. Y después están los obstructores. Esa categoría donde no sólo son objetores sino que obstruyen la práctica en servicio, no permiten que profesionales que dependen de ellos trabajen el tema aunque quieran. En ese sentido va a ser rápidamente relevado de sus funciones o alertado de que está cometiendo un delito. Hay que desarmar esa lógica de funcionamiento porque está claramente penado por la ley".

Pero además de incumplir con la ley, esa actitud tiene dos secuelas directas: afecta la vida de pacientes, pone en riesgo la salud y, desde otra perspectiva, hace que "el resto de los profesionales nos veamos doblemente sobrecargados ya que no sólo nos encargamos de brindar ese derecho a la comunidad en la que estamos inmersas en nuestro territorio de trabajo sino también a muchas otras personas porque sus médicas o médicos de cabecera se los niegan", analiza la médica generalista Victoria Nogal, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. "Creo que el Estado o, en nuestro caso, las autoridades de nuestro sistema de salud tienen que dejar de permitir que servicios enteros sean objetores de conciencia. Tiene que haber control sobre los contratos de trabajo para que no pueda seguir ocurriendo que la totalidad o la mayoría de un servicio ni sus jefes o jefas de servicio lo sean. Es importante que haya alguna diferencia entre quienes lo son y quienes no lo somos. Por las horas destinadas a capacitación y por estar brindando un derecho que otras personas niegan".

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