24.01 | Policiales 

El primer fallo por "reuniones sociales": por el mínimo y con muchas "actuaciones en trámite"

El viernes un olavarriense fue notificado que deberá pagar casi medio millón de pesos por organizar una fiesta clandestina. Desde el Juzgado de Faltas avanzan en muchas otras actas labradas.

La Justicia de Faltas de Olavarría sancionó con una fuerte multa al organizador de una reunión no permitida: deberá pagar casi 500 mil pesos si el fallo queda firme.EL POPULAR accedió al contenido de la sentencia dictada por el juez Luciano Blanco. Es la primera que se emitió en función de lo establecido por la ordenanza 4.569/20, aprobada en octubre a propuesta del intendente Ezequiel Galli y que llevó un amplio debate legislativo.

Sentencia

La normativa vigente fija la multa "entre 1 y 100 salarios mínimos, duplicándose en caso de reincidencia". Y se estableció una escala en función de la cantidad de asistentes.

La resolución contra el imputado por la reunión de calle Muñoz al 3.300 es la imposición de la "multa de 25 salarios mínimos de agente municipal, equivalente a la suma de 443.493,50 pesos" a lo que se agregaron "44.349,50 pesos en concepto de costos". Con esto suma 487.843 pesos.

Se añadió en el fallo que el pago se debe efectivizar a los "tres días de notificación" de la multa. Según trascendió la sentencia fue notificada el viernes.

A su vez, se pudo saber que esta multa se fijó "por el mínimo" en función de la cantidad de asistentes, ya que para los casos de más de 50 personas se habilita la multa de entre 25 y hasta 100 salarios mínimos de agente municipal.

Primer fallo

Si bien casi semanalmente se dan a conocer actas de infracción labradas por la realización de eventos o reuniones no permitidas, la sentencia fechada el viernes es la primera que dictó el juez Luciano Blanco.

En este sentido, se dejó saber que "hay muchas actuaciones en trámite" y se espera poder llegar a "sacar las sentencias".

No obstante, surge también de la información a la que EL POPULAR ha podido acceder con la labor de los agentes que labran las infracciones que muchas de las actas no cuentan con imputados ni personas identificadas como responsables o partícipes de este tipo de infracciones. En ese sentido, se considera "muy difícil poder avanzar" a fijar sanciones en el marco de lo previsto por la ordenanza vigente y las garantías procesales establecidas.