04.02 | Policiales 

Elevan a juicio oral a nueve rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa

A un año del asesinato del joven, los acusados serán juzgados bajo la caratula de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", que prevé prisión perpetua.

El juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, elevó a juicio oral la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020. Además, dispuso que sean sometidos a proceso los ocho rugbiers que siguen detenidos y un noveno que había sido beneficiado con la falta de méritos por la fiscal de la causa.

Los imputados en la causa son Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Alejo Milanesi, éste último en libertad.

La resolución del juez tiene que ver con el pedido de la fiscal del caso Verónica Zamboni respecto de los ocho detenidos en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero de La Plata, imputados como coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas". La misma prevé prisión perpetua.

Además, el juez rechazó el pedido de la fiscal para que Milanesi sea sobreseído e hizo lugar al pedido de los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola, para que su eventual responsabilidad penal se defina en un debate oral. 

Milanesi está imputado como "partícipe necesario", ya que el magistrado consideró que el caudal probatorio es menor que el de los otros ocho acusados, pero que no es suficiente para determinar que no participó del hecho.

En cuanto al décimo acusado, Juan Pedro Guarino, quien también estaba imputado como "partícipe necesario" del homicidio, fue sobreseído definitivamente por Mancinelli a partir de la solicitud realizada en ese sentido por Zamboni, con la que coincidió la querella.

El juez también rechazó el pedido del abogado para que cesara la prisión preventiva de los jóvenes que siguen detenidos.

La defensa, que días atrás había desistido de la posibilidad de un juicio con jurado popular, tendrá un plazo de cinco días para apelar la disposición.