08.02 | Columnistas 

En casi cuarenta años, la democracia continúa sin poder resolver la cuestión policial

En el seno del oficialismo la opinión unánime es que hay sectores que apoyan la protesta para obtener un rédito político, aunque más no sea por la pérdida de imagen de los gobiernos nacional y provincial.

Daniel Puertas

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La nueva protesta policial prevista para el jueves 11 de febrero vuelve a instalar en el centro del debate a la cuestión policial, una deuda pendiente de la democracia que nunca termina de saldarse. Las imágenes de septiembre, con policías armados rodeando los centros del poder político están frescas en la memoria y la pregonada decisión oficial de no permitir que se reediten deja abierta la posibilidad de desbordes que seguramente serían lamentados por todos.

Según trascendidos periodísticos, desde el Ministerio de Seguridad conducido por Sergio Berni se hizo saber que "no hablamos ni negociamos con insurrectos. Esperamos que desde los sectores políticos que apoyaron la revuelta de septiembre pasado no repitan su accionar".

En el seno del oficialismo la opinión unánime es que hay sectores que apoyan la protesta para obtener un rédito político, aunque más no sea por la pérdida de imagen de los gobiernos nacional y provincial.

El argumento más utilizado para justificar esa apreciación en que "la pérdida del poder de compra del salario de los policías, igual que en todos los trabajadores se dio más que nada durante el macrismo. Pero a ellos no les hicieron ninguna revuelta".

Lo cierto es que las embestidas policiales contra el poder político se iniciaron en la última etapa democrática cuando gobernaba la provincia de Buenos Aires Antonio Cafiero y su ministro de Gobierno era Luis Brunati.

Brunati intentó combatir la corrupción policial y generó la rebelión de la que luego sería llamada la "Maldita Policía".

Entre 1983 y 1987 el gobierno radical estableció un pacto tácito de no agresión con la fuerza que venía de ser comandada por el genocida Ramón Camps. A pesar de que por entonces ya se consideraba a Camps un personaje siniestro, no eran pocos los policías que decían en voz alta que había sido el mejor jefe de la historia de la institución.

Fue en esa época que se acuñó la definición de "coimas blancas" para los sobornos de la quiniela clandestina y la prostitución. Que la trata de personas fuera considerada por el poder política como una coima que no valía la pena condenar tal vez sea difícil de comprender para jóvenes que se criaron en años de un feminismo que se fortalece día a día.

Lo cierto es que el radicalismo cometió dos errores graves en el tratamiento de la cuestión policial: permitir las "coimas blancas" y creer que desarmaba la policía de Camps separando a los sospechados de haber formado parte de las patotas represivas al trasladarlos a distintas ciudades del interior, sacándolos del conurbano.

Con esto último lo único que consiguió es sembrar la semilla de las "policías bravas" en todo el territorio bonaerense.

Tras los cuatro años de gobierno de Alejandro Armendáriz la Bonaerense ya había adquirido buena parte del perfil que luego obligaría a intentar desarmarla. Luis Brunati, un peronista progre cargado de buenas intenciones fue el primero en tratar de encarrilar a la Bonaerense y darle un contenido más humano al Servicio Penitenciario.

Después de unos cuantos autoacuartelamientos, marchas e interpelaciones Antonio Cafiero se vio obligado a pedirle la renuncia a Brunati y la Bonaerense pudo seguir atendiendo sus negocios con tranquilidad.

Eduardo Duhalde, el sucesor de Cafiero creyó que dándoles armas,equipos y manos libres a la fuerza de seguridad resolvía para siempre el problema.

Episodios como la masacre de Wilde y unos cuantos casos de gatillo fácil lo desilusionaron rápidamente. Después involucraron a varios policías, entre ellos a un protegido del jefe Pedro Klodcyk, el comisario Juan José Ribelli, en el atentado contra la AMIA.

Tal vez la acusación era falsa, pero los múltiples casos de corrupción protagonizados por Ribelli, vastamente difundidos en escuchas telefónicas en esos días convertían a esos policías en los sospechosos ideales.

El crimen del fotógrafo de la revista "Noticias" José Luis Cabezas, perpetrado por policías terminó con el sueño de Duhalde de contar con "la mejor policía del mundo" y lo llevó a intentar una reforma profunda con León Arslanian.

Arslanian renunció después de haber descabezado la Bonaerense y haber emprendido profundos cambios cuando el candidato a gobernador peronista Carlos Ruckauf anunció que de ganar los comicios la Policía volvería a ser la de antes.

En los tiempos de Klodczyk la Bonaerense había pasado de las coimas blancas al narcotráfico, la piratería del asfalto y otros negocios lucrativos. Las reformas de Arslanian lograron que de una empresa centralizada dedicada a explotar el delito en su propio beneficio se pasara prácticamente a un sistema de emprendedores individuales.

Cuando Ruckauf huyó de la Gobernación ante el rugido de la crisis política y dejó allí a Felipe Solá se abrió la puerta a otro intento de reforma tratando de recuperar el terreno que había abandonado Ruckauf.

Por entonces Olavarría iba adquiriendo el dudoso prestigio de ser sede de una "policía brava". Durante años la policía local era acusada sistemáticamente por dos delitos: violencia contra jóvenes y robo de autopartes de vehículos secuestrados.

Por la violencia el caso más resonante fueron las torturas inflingidas en 2012 a Diego González, un hombre cuyo pecado había sido dormirse, ebrio, en la cancha de golf de Estudiantes. Por ese caso fueron condenados cuatro policías dos años después.

En tanto, el poder político parecía haber llegado al pacto tácito al que se ha llegado en innumerables países del mundo con la policía: "ustedes combatan a los ladrones, bajen el clima de inseguridad y nosotros no nos metemos en sus negocios".

Justo es decir que hubo más de un intento de mejorar la fuerza de seguridad. De hecho, hasta se aprobaron leyes que merecieron mejor suerte que la que les deparó el destino: las que crearon la policía judicial y las policías locales.

La primera jamás se puso en marcha, a pesar de que hubiera sido un avance gigantesco en materia de investigación penal.

Las policías locales se pusieron en marcha a los tumbos y finalmente fueron definitivamente eliminadas por el actual responsable de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Tanto la Policía Judicial como las policías locales le hubieran quitado a la Bonaerense poder en la calle, centro de múltiples negocios. Por esas cosas, que tiene la vida, el poder político no permitió que esos nuevos cuerpos de seguridad comenzaran a caminar.

Luis Brunati, el primer político desalojado del poder por presión de la Bonaerense contó que antes de asumir como ministro fue invitado a una cena por altos jefes policiales. Allí le ofrecieron como regalo un perro pastor alemán entrenado, una escopeta Itaka y un sobre.

Los primeros eran para la seguridad del ministro y el sobre contenía dinero para que pudiera "hacer política".

Brunati rechazó tan gentil ofrecimiento y allí se inició su mala relación con la fuerza.

A poco de asumir María Eugenia Vidal desde la casa de gobierno de La Plata se dejó trascender quw habían llegado bolsos con dinero y quienes los llevaban querían saber a quién se los debían entregar.

Quienes contaban ese chisme aseguraban que nadie estaba dispuesto a recibirlos. Pero hasta dónde se sabe, jamás se denunció a nadie por eso que tiene toda la pinta de ser un delito.

Y tampoco nadie habló de una posible continuación de la historia.

Nadie sabe si hay intereses oscuros detrás de cada fracaso en los intentos de encarrilar la Policía, pero sí es seguro que cada uno de esos fracasos lastiman un poco más a la democracia.