21.02 | Información General En la provincia fueron casi 6000 pero más del 80 por ciento continúa en funciones

Hubo 34 policías sumariados en la ciudad desde el 2013

Se trata de casos por violencia de género, familiar, psicológica y física e incluso acoso y abuso sexual. En lo que va de 2021, hay al menos cuatro femicidios cometidos por policías o ex policías en el país.

Claudia Rafael

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Entre marzo de 2013 y septiembre del 2020 pandémico, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense abrió 34 sumarios contra policías con destino en Olavarría, relacionados con violencia de género, familiar o, incluso, acoso y abuso sexual. Esos 34 sumarios forman parte del total de 5954 acusados por esas causales dentro de todo el territorio provincial. Y de este número, 364 tenían ya sanciones previas. El gran detalle es que la casi totalidad (más del 80 por ciento) permanecen dentro de la fuerza y un millar recibió como castigo final la expulsión. Es decir, lisa y llanamente, a pesar de contar en su contra con denuncias gravísimas siguen siendo los "cuidadores del orden público".

Los datos duros emergen de un informe de Perycia, agencia de noticias judiciales, que publicó los números provinciales a raíz del feminicidio de Ursula Bahillo en manos del policía Matías Martínez. Pero no es el de Ursula un caso aislado. La Casa del Encuentro expuso por estos días que en los últimos 10 años, 48 mujeres fueron asesinadas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires por sus parejas o ex parejas policías.

Pirámide

Olavarría cuenta con un policía cada 196 habitantes de la ciudad, tomando como base -según detalló a este diario el jefe distrital Roberto Landoni- una población de 110.000 personas. Bajo su órbita hay 560 efectivos y un detalle saliente es que -dijo- el 53 por ciento son mujeres. Porcentual inimaginable apenas un manojo de años atrás. Aunque persiste la eterna pirámide que ubica a las menos en los puestos de mando reales. A nivel provincial, menos del 10 por ciento está al frente de alguna de las superintendencias. A ese total de 560 policías hay que agregar casi 180, que no revistan bajo el mando de Landoni y pertenecen a Policía Científica, Inteligencia, Narcotráfico, GAD (Grupo de Apoyo Departamental), Infantería y Patrulla Rural.

No es menor la cifra de sumariados. Porque si se tiene en cuenta el número redondo de 34 sumarios, eso representaría apenas el 4,59 por ciento del total de 740 efectivos. Sin embargo, no se puede soslayar que de esos 34 sumarios hay 11 que fueron iniciados por las mismas causales contra mujeres policías. Pero sería una falacia dar ese porcentaje como dato final sin desgranarlo. Ya que el 53 por ciento de los efectivos locales son mujeres, según el mismo Landoni. Sin embargo, sólo la tercera parte de las causas las pusieron en la mira.

Pintura social

Cuando el 8 de febrero Matías Ezequiel Martínez asesinó de múltiples puñaladas a Ursula Bahillo en Rojas, no sólo se puso en escena uno más del medio centenar de feminicidios del 2021. Quedó expuesta una pintura social cruenta que evidenció complicidades, connivencias, desidias, ninguneos y falencias y que, encima de todo, derivó después en violencia institucional contra quienes salieron a la calle a reclamar. Pero Martínez no fue el único policía feminicida ni el único integrante de la más populosa fuerza de seguridad del país que cometió violencias y/o abusos sexuales.

Úrsula Bahillo fue asesinada por su novio Matías Martínez, policía bonaerense.

El primer femicidio del año fue cometido el 1 de enero en La Rioja por un suboficial de policía que asesinó a su pareja, oficial de la misma fuerza, y luego se suicidó.

El último día de enero un ex policía de la Bonaerense degolló a su hermana en Tortuguitas y nueve días más tarde, Martínez -que ya había sido denunciado reiteradamente por Ursula Bahillo y antes aún por otras mujeres- apuñaló reiteradamente a la joven de Rojas. El 14 de febrero, en "el día de los enamorados", un suboficial de la Policía Federal en Córdoba incineró y asesinó a Miriam Beatriz Farías.

Variables de análisis

A la hora de analizar las historias de violencia familiar, psicológica o física dentro de la policía no se puede utilizar únicamente la variable de género. Hay otro prisma imprescindible que tiene que ver con el rol de la fuerza, con la formación y con las prácticas de violencias institucionales múltiples. Hay una cultura patriarcal que limita el ascenso de las mujeres a las jerarquías más altas, que las fuerza a una lucha permanente para ser valoradas -económica y simbólicamente- pero que no las priva de los costados más oscuros y crueles del brazo armado del Estado. En la actualidad, dentro de la Bonaerense hay un 43 por ciento de mujeres y dentro del ámbito de la Distrital Olavarría, un 53 por ciento. Pero también -aunque en un porcentaje muchísimo menor- hay mujeres sumariadas por el ejercicio de la violencia dentro de su entorno afectivo.

La violencia psicológica, física y sexual en manos de integrantes de la Policía tiene algunos factores extra que la diferencian de quienes ejercen esas mismas violencias desde la vida civil. El Estado les entrega un arma y una formación para el ejercicio de la violencia represiva que los torna una bomba de tiempo.

Pero hay además todo un condimento extra. Y es que, tal como se produjo en el caso de Matías Ezequiel Martínez, es su misma institución de pertenencia la que debe recibir las denuncias por parte de las víctimas. Detalle para nada menor. Si a la hora de tener que asumir la decisión de cortar un vínculo violento, el ámbito para una denuncia es el de pertenencia del victimario, se multiplican las dificultades, los miedos, las trabas y se acentúan a su vez los cercos de protección y de encubrimiento.

Años y dependencias

A la hora de analizar el número de sumarios por año, en la ciudad, entre 2013 y 2020, hay algunas particularidades. En 2013 hubo apenas dos; en 2014, uno; en 2015, ninguno. Tanto en 2016 como en 2017, fueron siete los sumarios abiertos y al año siguiente es cuando se produce el gran salto: hubo un total de doce sumarios. En 2019, desciende abruptamente a cuatro y, durante los primeros nueve meses del 2020 tan solo uno. Es factible que hacia el 2018, en que se acumulan doce sumarios, haya habido una incidencia de la avanzada del movimiento feminista que pueda haber imbuido del coraje necesario de tantas mujeres decididas a correrse del lugar de víctimas a las que sus victimarios policías las llevaron. Pero no hay explicaciones contundentes para el descenso posterior.

En Olavarría el grueso de los sumarios -9 en total- fueron abiertos contra integrantes de la UPPL (Unidad de Policía de Prevención Local). Le siguen en orden 6 sumarios contra policías de la Comisaría Primera; 5 contra miembros de Infantería; 4 a efectivos de la Jefatura Distrital; 3 a policías de la Segunda; 2 a efectivos del Comando de Patrulla Comunitaria y otro tanto a miembros de Coordinación Zonal de Prevención Rural. El resto (con uno por cada lugar) a integrantes de la DDI, Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales, Prevención Rural y Escuela de Policía subsede Olavarría.

Siempre tarde

A nivel provincia los números no son compatibles con los locales. Allí los años de mayor número de sumarios son el 2017 y el 2019. En ambos casos se supera el millar de sumarios. Y tanto 2016 como 2018 rondan los 900 cada uno.

Más allá de las especulaciones, que pueden conducir a pensar en cajoneos o en encubrimientos, la realidad ofrece pinturas dolorosas. Matías Ezequiel Martínez, 25 años, tenía abiertas tres causas en su contra por "amenazas calificadas", "amenazas" y "desobediencia". Diez días después del feminicidio de Ursula, Martínez fue condenado -por acuerdo de partes- a cuatro años de prisión por "lesiones leves calificadas y amenazas calificadas" contra otra mujer. Tras la sentencia, ella twitteó: "Sólo me queda decir que si la justicia hubiera actuado antes nada de esto estaría pasando, mi momento llegó y se hizo justicia tarde pero ya está, algo que para mí se termina".

A la sombra del Estado

La lógica de lo que ocurrió es la misma que históricamente se ha desplegado en otros infinitos feminicidios. Apenas dos historias locales con idéntico final: Graciela Tirador, asesinada en enero de 2013, había denunciado a Luis Pablo Barbato reiteradamente pero de nada sirvió; Karina Mairani y su hijito fueron víctimas de Marcelo Rojas diecinueve años atrás. Ella lo había denunciado repetidas veces ante el Municipio.

Sin embargo, cuando el victimario es un policía se adosan a la historia factores múltiples que agregan al Estado mayores responsabilidades aún. Y esas responsabilidades conllevan como elementos medulares que el culpable de las violencias y abusos es parte de su estructura. Esto implica: que actúa en su nombre, que quienes deberían sancionarlo, frenarlo o intervenir no lo hacen o lo hacen mal o bien, directamente, que construyen hacia su figura mallas protectoras que lo fortalecen en sus prácticas y en su lugar de poder ante sus víctimas.

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