13.03 

La expresidenta de facto Áñez, detenida en La Paz

La mujer fue aprehendida esta madrugada en su domicilio. Junto a ella, que no estaba esposada, estaban el actual ministro del Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, y varios policías.

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez permanece en unas celdas que tiene la Fuerza Anticrimen en La Paz, a la espera que este sábado mismo brinde su primera declaración judicial tras ser detenida esta madrugada en relación a su participación en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

Áñez fue aprehendida en su domicilio en la localidad de Trinidad y trasladada en avión a La Paz, ciudad donde un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares.

La televisión boliviana la mostró llegando al aeropuerto de El Alto de la ciudad, sin estar esposada y junto al actual ministro del Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, además de varios policías.

La expresidenta de facto denunció en las redes sociales "un acto de abuso y persecución política". El Gobierno "me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió", añadió Áñez.

La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra Áñez y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), precisó la agencia de noticias AFP.

La orden de aprehensión abarca también a cuatro exjefes del alto mando de las Fuerzas Armadas, con los que sumaban 14 las personas cuya captura procura la fiscalía en el proceso por el golpe.

El viernes, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) llamó a defender a los exjefes militares y policiales que participaron de las movidas contra Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo publicó el viernes un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron cerca de 30 personas, en el que concluye que el Gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en "asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil". (Télam)