05.10 | Policiales Está imputado por "exacciones ilegales agravadas"

Comenzó el juicio contra un policía acusado de cobrar coimas en bares

El proceso oral y público se realiza en el Juzgado Correccional. Se trata de dos hechos que sucedieron en el 2017. Se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 14 a la espera de que se presenten testigos.

En la jornada del lunes dio inicio el proceso oral y público en el Juzgado Correccional de Olavarría contra un agente policial de nuestra ciudad quien es juzgado por cobrar coimas en boliches locales en el año 2017.

La audiencia fue encabezada por la jueza Cecilia Desiata, y como restan que se presenten testigos de ambas partes, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 14.

El policía investigado es Lisandro Zanazzi, quien fue imputado por "exacciones ilegales agravadas" en dos hechos que sucedieron en el año 2017 en los boliches Brandi y Norris de nuestra ciudad. Cuando se inició la causa Zanazzi se desempeñaba en la División de Delitos Complejos y Crimen Organizado de Olavarría.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 que coordina la doctora María Paula Serrano, fiscal que además encabeza la parte acusatoria en el juicio que se retomará en 10 días. Mientras tanto, el policía enjuiciado cuenta con el asesoramiento legal de la defensora oficial Soledad Kelly.

La causa contra Zanazzi tomó estado público dos años atrás, cuando se conoció que se habían llevado adelante allanamientos y otras medidas solicitadas por la Fiscalía Nº 4 durante la etapa de instrucción de la investigación.

Los delitos por los que fue acusado el efectivo policial se encuentran encuadradas en el capítulo IX del Código Penal de la Nación. Mientras que el artículo 266 impone que "será reprimido con prisión de uno a 4 años e inhabilitación especial de uno a 5 años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden"; en el artículo siguiente se refiere que "si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta 4 años y la inhabilitación hasta 6 años".