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11.01 | Columnistas Revocan un fallo condenatorio contra una mujer quechua

Perspectiva de género, multicultural e intercultural en otro fallo de Casación

El Tribunal de Casación Penal bonaerense volvió a remarcar la obligatoriedad de tener en cuenta la perspectiva de género, multicultural e intercultural al revocar el fallo de un tribunal que había condenado a una inmigrante boliviana a la pena de prisión perpetua considerándola coautora del crimen de su esposo. Por Daniel Puertas

Daniel Puertas
dpuertas@elpopular.com.ar

Pero la Sala VI de Casación entendió que no se encontraba ajustada a derecho la valoración probatoria y había insuficiencia en la fundamentación utilizada para tener por comprobados lo extremos en cuestión.

El crimen había sido cometido en noviembre de 2010 en La Capilla, partido de Florencio Varela, en una vivienda ubicada en un horno de ladrillos. La víctima fue Limber Santos Villca, pareja de la mujer condenada, con quien tenía dos hijos.

Según la acusación fiscal fue estrangulado con una toalla por la mujer, identificada como R.M.B. y un primo de la víctima, Tito Villca, quien murió en la cárcel. El tribunal de Quilmes que condenó a R.M.B. tuvo en cuenta entre otras cosas las declaraciones de los niños en Cámara Gessell, pero la sala de Casación entendió que en esos testimonios hubo problemas con el idioma y notorias contradicciones.

Los jueces Ricardo Maidana y Mario Kohan recordaron que "nos enfrentamos a una causa en donde las condiciones personales de la imputada la ubican dentro de los denominados 'grupos vulnerables,' siendo que ésta pertenece a una comunidad indígena, es quechua parlante (...), víctima de violencia de género dentro del ámbito conyugal, analfabeta (fs. 60), y es inmigrante -con escasos recursos económicos- del Estado Plurinacional de Bolivia, lugar en donde habitaba en una comunidad cuyas diferencias estructurales, organizacionales y culturales son imposibles de obviar a los efectos de la presente" y "todo ello merece un tratamiento diferenciado y supone incorporar perspectivas específicas, tal como lo dispone la Constitución Nacional y la normativa de derechos humanos incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno".

La imputada "fue trasladada de una cultura diversa, con idiosincrasia, valores y forma de vida distintos a los occidentales predominantes en nuestra nación. Y, justamente, es en el entendimiento de la diversidad que el derecho debe actuar buscando la integración y compatibilización de sus normas al crisol y multiplicidad de culturas que habitan en la República Argentina".

Además, "nuestra Constitución otorga jerarquía máxima a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Icerd), que define en su artículo primero que 'la expresión 'discriminación racial' denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública' (ONU, 1969. Ratificada por la República Argentina por Ley 17.722, jerarquizada constitucionalmente en el art. 75 inc. 22 CN)".

Por eso "discriminar es también no contextualizar las circunstancias particulares de una determinada persona cuya concepción y formación sociocultural es totalmente diversa a la imperante en el ámbito que nos ocupa, como ya lo manifestara anteriormente. La falta de abordaje acerca de las circunstancias particulares de R.M.B. en el contexto de la administración de justicia en materia penal, han generado una clara discriminación hacia su persona que no hace más que sembrar de dudas la objetividad de la sentencia acerca de su culpabilidad frente al hecho en cuestión".

Después de citar abundante jurisprudencia sobre casos que afectaron a miembros de pueblos originarios, los magistrados señalaron que "R.M.B. pertenece a una comunidad indígena, cuya vida se formó en una cultura distinta en la que, a modo de ejemplo, las controversias se esclarecen mediante la figura del Corregidor y no a través de un sistema de justicia igual o similar al argentino, circunstancia que posibilita afirmar su gran desconocimiento de la cultura imperante en este territorio y, en consecuencia, la coloca en una situación de desventaja y vulnerabilidad cuya obligación de remediar corresponde únicamente al estado argentino mediante las distintas instituciones públicas tales como la administración de justicia".

Agregaron que "la normativa y jurisprudencia internacionales califican como pauta discriminatoria grave la imposibilidad de una persona de expresarse en su lengua originaria, especialmente en circunstancias en las que ésta se encuentra de alguna u otra forma involucrada en un proceso de justicia".

Dijeron también que "surge de las constancias de la causa, la imputada tuvo serias dificultades para comunicarse en su lengua originaria -quechua- durante gran parte de la instrucción penal preparatoria en la que estuvo privada de su libertad, es decir, en el contexto de un proceso penal ajeno a la cultura en la que ella desarrolló la mayor parte de su vida, afectando inevitablemente los derechos antes citados de acceso igualitario a la justicia, no discriminación, igualdad ante la ley, a ser oída y de defensa, entre otros".

Agregaron que "la ausencia de un análisis contextualizado afectó especialmente a la imputada en su condición de integrante mujer de una comunidad quechua, migrante, con poca instrucción, carente de recursos e impide establecer que en la sentencia haya habido un abordaje integral de las cuestiones correspondientes".

Y "la República Argentina, además del cúmulo de tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y supralegal, es signataria y ha ratificado una serie de instrumentos internacionales referentes a los derechos de los pueblos originarios, instrumentos cuya finalidad principal es revertir la situación de vulnerabilidad y discriminación a la que dichas comunidades han sido sometidas por décadas, para lograr finalmente su igualdad en los distintos ámbitos públicos y privados de la sociedad. Cualquier violación de dicha normativa puede generar responsabilidad internacional del estado argentino".

Pero también "R.M.B. pertenece, técnicamente hablando, a una minoría vulnerada por su condición de mujer, inmigrante del Estado Plurinacional de Bolivia e integrante de un pueblo indígena. Por lo que resulta imperioso analizar la causa en este contexto, mencionando también la normativa referida a su condición de género y a la situación de violencia a la que fuera sometida por su pareja, Limber Santos Villca, y la familia de éste".

En el fallo se subraya que "ignorar las manifestaciones sobre violencia de género y pretender invertir la carga de la prueba sobre ésta, resulta contrario a la normativa constitucional y de derechos humanos, cuando no irracional, toda vez que la violencia de género implica 'cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado' (Convención de Belém do Pará, 1994), así como 'las amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad', constituyendo no solamente una violación de los derechos humanos, sino también una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres", que "trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases".

Para los magistrados, en el fallo condenatorio "se evidencia una contextualización sociocultural y de género insuficientes en referencia a la acusada, que inevitablemente conduce a la formación de ciertos prejuicios sobre ella y cuyo resultado es una ausencia de credibilidad sobre su manejo del idioma castellano y acerca de la violencia de género de la que fuera víctima y, en consecuencia, sobre su versión de lo ocurrido la noche del hecho en cuestión. Es decir, tal presunción de mendacidad acerca de sus circunstancias personales influye en la construcción de su culpabilidad como coautora de la muerte de quien fuera su pareja".

Después de analizar otras insuficiencias de las pruebas reunidas, se hizo lugar al recurso y se absolvió a la imputada, ordenándose su inmediata libertad.