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10 de Abril de 2008
Trata de personas

La sanción de la ley que convierte en delito federal la trata de personas, delito no tipificado hasta ahora en el Código Penal, es un paso adelante en la erradicación de una práctica que cada año lleva a miles de personas a una esclavitud, naturalizada socialmente desde el principio de la historia pero no por ello menos condenable.

De todos modos, además de una ley hacen falta otras herramientas para actuar contra el tráfico de seres humanos. El Gobierno pondrá ahora un “Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas”, creado por decreto varios meses atrás y que aguardaba la sanción de la ley para ser instrumentado.

Por otra parte, varias dirigentes feministas plantearon críticas al proyecto que, a la luz de la experiencia, son atinadas. La norma establece que el delito no se configurará si la presunta víctima ha prestado su consentimiento, ya que para que el hecho sea punible se requiere que la víctima haya sido arrastrada por “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o pagos”.

En el caso de las mujeres obligadas a prostituirse o a trabajar en condiciones infrahumanas en los talleres textiles clandestinos habrá, inevitablemente, mucho temor a denunciar a sus victimarios por miedo a las represalias. Esto es particularmente preocupante en el caso de la prostitución, donde existe una trama de complicidades que abarcan casi siempre a los tres poderes.

En Olavarría esta situación se ha dado muy claramente en varios casos que fueron expuestos públicamente por EL POPULAR, en los cuales se configuraban además de la trata de personas, entonces no contemplada por el Código Penal, otros delitos vinculados con el proxenetismo o la facilitación del ingreso al país de personas para ejercer la prostitución. En ninguno de esos episodios, a pesar de existir denuncias concretas, las investigaciones judiciales jamás avanzaron y terminaron en el limbo de algún cajón oculto o tal vez directamente archivadas.

Con esos antecedentes ¿qué mujer atraída con engaños a un prostíbulo puede atreverse a decir la verdad ante fiscales a los que acompañan tal vez los mismos policías que pasan por el local a cobrar sus sobornos?

Esta es una cuestión que deberá ser atendida debidamente por las autoridades para terminar con este delito de extrema vileza. En ese sentido, la decisión del gobierno municipal de Olavarría de vedar el funcionamiento a partir de mediados de este año de locales sospechosos de obligar a mujeres a ejercer la prostitución es una medida saludable, digna de ser imitada por otros distritos.

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